El Congreso informó ayer que el 19 de noviembre se retomará la discusión de la Ley de Fármacos en la comisión mixta, que debía debatirse ya en su último trámite el lunes, lo que no fue posible porque la Cámara de Diputados decidió suspender sus funciones durante el período de elecciones. La decisión había sido criticada ayer por el Presidente Sebastián Piñera.
La secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, acusó ayer que la paralización de 16 días que cumplen funcionarios municipales de distintas comunas del país es "ilegal"; tendría a su juicio supuestas intencionalidades políticas, y debería orientarse hacia los alcaldes, no hacia el Ejecutivo.
La movilización ha generado problemas sanitarios en ciudades como Concepción y Valparaíso, donde la basura se acumula en las calles luego que los funcionarios del servicio de recolección terminaran esta semana con los "turnos éticos" que habían establecido, como una manera de aumentar la presión para conseguir un reajuste salarial. En la ciudad Patrimonio de la Humanidad ya hay incluso problemas en jardines infantiles con dependencia estatal, ya que los desechos de los niños se están acumulando y los padres temen que sus hijos contraigan enfermedades. Cecilia Pérez aseguró que este es un "movimiento gremial" que pretende "pasar por arriba de los derechos de los vecinos", y apuntó directamente hacia el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Santiago Rebolledo. "Este paro es ilegal y los empleadores son los alcaldes. Muchos, han estado dispuestos a cumplir su mandato legal, pero hay algunos como el señor (Santiago) Rebolledo que en forma permanente e irresponsable ha tratado de que sean trincheras políticas e ideológicas las que primen", afirmó.
Los representantes de la ACHM se reunieron ayer con sus pares del Servicio Electoral (Servel), a objeto de acordar medidas que garanticen que no habrá problemas con los comicios del 17 si el paro sigue.
Por 25 votos a favor, la sala del Senado aprobó ayer la propuesta del Ejecutivo que designaba a Genaro Arriagada Herrera y María Esperanza Silva Soura como integrantes del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por ocho años. El ex ministro fue renovado en el cargo por otros cuatro años; mientras que la actriz asume por primera vez, en reemplazo de Jaime Gazmuri Mujica.
Una encuesta de la Secretaría General de Gobierno, respondida voluntariamente en su totalidad por 30.620 personas, arrojó que en Chile el 52% de ellos se ha sentido discriminado arbitrariamente y el 31% reconoce que ha discriminado a otra.
El informe revela que de los que han discriminado, el 46% lo ha hecho por la apariencia personal del otro; el 28% por su ideología u opinión política; el 25% por su nacionalidad; el 22% por su orientación sexual; y el 21% por su raza o etnia.
La apariencia es un elemento al que apela más de la mitad de los discriminadores menores de 25 años; relación que cae progresivamente hasta llegar al 24% entre quienes tienen más de 56 años. Entre los que se han sentido discriminados, el 35% se ha sentido menoscabado por su apariencia; el 32% por su situación socioeconómica; el 22% por su ideología u opinión política; y el 20% por su edad.
Entre los discriminados, el 53% de los menores de 18 años aduce que ha sido afectado por su apariencia.
La razón por la que se han sentido más afectados los mayores de 26 años es por su condición socioeconómica.
Tanto quienes dicen sentirse discriminados como quienes reconocen haber discriminado, concuerdan en que el ignorar, excluir u omitir es la principal forma para menoscabar a alguien. Le siguen muy de lejos la burla reiterada, el insulto verbal y el gestual.
El 46% de quienes han sufrido este problema coinciden en que lo han sentido en el lugar de trabajo o durante la búsqueda de trabajo; el 36% en los establecimientos educacionales; y el 27% en calles, plazas o parques.
"Luchar y ganarle a la discriminación arbitraria es tarea y responsabilidad de toda nuestra sociedad, del aporte y compromiso diario que cada uno realice en sus entorno familiar, laboral y estudiantil. Todos debemos trabajar por un objetivo mayor: generar esa transformación cultural que hará de Chile un país mejor", dijo el subsecretario de Gobierno, Mauricio Lob.
DISCAPACIDAD
El informe revela también que sólo el 8 y 5% ha discriminado o se ha sentido como tal por una cuestión de discapacidad. "En nuestro país la discriminación por discapacidad no necesariamente es una discriminación conciente, no es que una persona de verdad quiere marginar a una persona con discapacidad. Muchas veces a las personas con discapacidad se las discrimina más que nada por temas de falta de información", dijo la directora del Servicio Nacional para la Discapacidad (Senadis), Ximena Rivas, a radio Cooperativa.
"No se atreven a contratarla no porque quieran discriminarla, sino porque creen que es muy complicado, por ejemplo, que una persona ciega maneje un computador. Es falta de información, muchas veces", agregó.
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, reconoció que" estos cambios culturales son procesos que toman tiempo, son paulatinos y se construyen día a día, pero es indispensable que incluyan la participación de la ciudadanía". La ministra añadió que esperan que estos resultados lleven a las familias a conversar el tema.
Alto respaldo a la Ley Zamudio
El 89% de las personas encuestadas se manifestó de acuerdo y muy de acuerdo con que la Ley Antidiscriminación "ayuda a que Chile sea un país más tolerante y respetuoso". Al 5% le es indiferente la norma vigente desde el año pasado, y que fue aprobada tras el asesinato por motivaciones homofóbicas del joven Daniel Zamudio. El Gobierno valoró el alto nivel de conocimiento de esta normativa y llamó a utilizar e invocar la ley cuando alguien se siente discriminado. El Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) dijo que espera que la encuesta sirva para mejorar las políticas públicas.
La comisión de Salud del Senado aprobó ayer una serie de modificaciones a la Ley de Isapres, que pretende mejorar el sistema de salud previsional privado del país.
Una de las más valoradas por los senadores y el propio ministerio es aquella que crea el Plan Garantizado de Salud (PGS), que tendrá un subsidio fiscal por carga. El acuerdo establece que el Estado aportará un 50% para las cargas menores de 24 años.
El precio del PGS será del orden de los $ 24.500 por beneficiario. El ministro Jaime Mañalich dijo que la medida tendría un costo de $ 35.000 millones.
El PGS obligatorio incluirá medicina preventiva, las patologías del Plan Auge, la cobertura de gastos catastróficos, las atenciones de emergencia y la planilla de prestaciones que entrega el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
El precio del plan será una exigencia para todas las isapres, por lo que no podrán subir arbitrariamente sus valores ni establecer diferencias entre los afiliados. El cambio de las tarifas se haría efectivo cerca de un año después de la entrada en vigencia de la ley, según informó la comisión.
Además, se creará un fondo de compensación para que las instituciones acojan a afiliados de mayor costo. También les niega a estas entidades la potestad de rechazar a una persona que presenta una enfermedad crónica.
Con esto, el proyecto entra a su última fase de tramitación.