Mauricio Mondaca
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable al comunero Celestino Córdova como autor del crimen de Werner Luchsinger y Vivian MacKay ocurrido el 4 de enero de 2013, pero desacreditó que se trate de un delito de connotación terrorista, como lo calificó el Ministerio Público. Por el delito de incendio con resultado de muerte podría ser condenado a una pena que parte en los 15 años de cárcel.
El veredicto acreditó la participación del comunero en el ataque perpetrado al fundo Granja Lumahue, donde el matrimonio falleció carbonizado.
Según el tribunal, compuesto por los jueces Luis Sarmiento, Óscar Viñuela y Juan Santana, la prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía junto con las pericias fotográficas y planimétricas, además de la prueba documental, evidencia material y otros medios de prueba que permitieron establecer los acontecimientos descritos por el ente persecutor y la participación del único acusado en los hechos.
El tribunal absolvió a Córdova del ataque registrado en diciembre de 2012 en la casa del agricultor Pío Seco López, dueño del fundo Santa Isabel, en Lautaro. El panel argumentó que no se logró acreditar su participación en el segundo hecho.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, pidió una pena de presidio perpetuo, castigo que también fue requerido por los querellantes, encabezados por el abogado Luis Hermosilla. La sentencia se conocerá el próximo 28 de febrero.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, valoró ayer la condena e insistió en calificar el hecho como un "acto terrorista". "Se ha dado un primer paso para hacer justicia en un crimen extraordinariamente dramático y atroz", dijo Chadwick en conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda.
Chadwick señaló que existe una "discrepancia jurídica" con los jueces y consideró que la muerte de los dos ancianos es un acto terrorista y debe ser juzgada como tal.
"A juicio del Ministerio del Interior y la Fiscalía, sí estamos en presencia de un acto terrorista", dijo el ministro, quien destacó, sin embargo, que "se va avanzando en la jurisprudencia y la comprensión de nuestros tribunales".
El jefe de gabinete valoró el hecho de que uno de los tres jueces del tribunal considerara que el homicidio de los agricultores era un hecho terrorista.
Durante el juicio, el Ministerio Público intentó acreditar la participación de Córdova en el delito de ataque incendiario terrorista por el ataque perpetrado el 23 de diciembre de 2012 en la casa del agricultor Pío Seco López, en Lautaro, y en el atentado al fundo Granja Lumahue, que cobró la vida de matrimonio Luchsinger-Mac-kay.
Para ello, ofreció como prueba testimonial a los hijos de las víctimas, además del relato de los funcionarios policiales que participaron de la detención del comunero horas después del ataque. También exhibió informes periciales que confirman que la lesión que presentaba el machi al momento de su captura era producto del disparo que recibió del arma de Luchsinger.
En el proceso -que estuvo marcado por el silencio del acusado- también se pudo oír el llamado de auxilio que Vivian MacKay realizó a Carabineros minutos antes de morir e imágenes de la pareja completamente carbonizada.
Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger, dijo que "se estableció un veredicto condenatorio, pero en nuestro concepto lamentablemente el tribunal no acreditó al calidad de terrorista, así que vamos a revisar el fallo cuando tengamos acceso a él. Me parece que la condena es importante, porque se hace justicia ante el hecho más horroroso ocurrido en la región y en el país en los últimos años".
El profesional agregó que, a su juicio, "la condena significa que la ley antiterrorista ha quedado derogada, porque nadie la aplica. Es una ley que ha sufrido profundas críticas desde el mundo externo al mundo jurídico. La pregunta que hay que hacerse es si esto no es terrorismo, qué es terrorismo".
Daniel Melinao, werkén de la comunidad Wente Winkul Mapu, rechazó el veredicto. "Una vez más el Estado chileno ha hecho sentir nuevamente su represión contra el pueblo mapuche. Hoy queda claramente demostrado que sin pruebas han condenado a un peñi".
La vocera de Celestino Córdova Tránsito, Kelv Tranamil, acusó un juicio "absolutamente político" por presiones del Estado y de los privados de la Región de La Araucanía. "No esperábamos más que un juicio político. Aquí hay una condena política", acusó.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, destacó el veredicto del Tribunal de Temuco como "una señal clara" de que "cuando hay un trabajo comprometido y riguroso de parte de las instituciones, es posible hacer justicia con quienes han sido víctimas de delitos tan violentos". El presidente de la SNA dijo esperar que luego de este procedimiento, sea el inicio del restablecimiento del estado de derecho en La Araucanía.