Juan Carlos Hernández G.
Luego de poco más de un año y un mes de esperar una solución a un problema de salud derivado de una atención médica en el Hospital Juan Morey de La Unión, María Angélica Coronado decidió -el pasado 10 de marzo- presentar una demanda por negligencia médica contra el Estado de Chile.
La afectada denunció que fue al centro asistencial a tratarse por un orzuelo en el ojo izquierdo y terminó con una grave infección en su pierna derecha, por la "mala aplicación de un medicamento".
En esta instancia recibió el apoyo del diputado del distrito 54 Gonzalo Fuenzalida, quien ratificó que la demanda fue acogida por el tribunal y que están a la espera de que se cite a las partes para la primera audiencia.
María Angélica Coronado, comerciante y madre de tres hijos, señaló ayer que durante más de un año su vida "ha sido un desastre. Necesito que quien tenga la responsabilidad asuma y se haga el tratamiento, aparte de todo el daño material, moral y psicológico que me han causado. Que me hagan exámenes en Valdivia y poder mejorarme. Aparte de andar con dos bastones, no me puedo sentar. Duermo boca abajo hace más de un año. No puedo trabajar de manera normal. Mi hija tuvo que suspender estudios en la universidad, mi hijo repitió en el liceo y el más chico está en el colegio, los tres con atención psicológica".
La paciente recordó que el 8 de febrero del año pasado acudió al Hospital Juan Morey de La Unión, donde la atendió el médico de turno. "Tenía un orzuelo en el ojo izquierdo, por lo que me recetó una inyección de metamizol y clorfenamina, para el dolor, pero la paramédico me puso mal la inyección, casi en la cadera. Luego, mi pierna comenzó a enrojecer, a descuerarse el glúteo y comenzó la infección en mi pierna derecha", aseguró.
Según su versión, el 12 de febrero volvió al hospital ("me sacaron el líquido que tenía en una bolsa...", dijo) y posteriormente el día 14, pero "no me dieron medicamentos y el doctor me mandó para la casa. "Haga lo que Ud. quiera, me da exactamente lo mismo", le habría señalado.
Después de eso, fue operada el 18 de febrero. Relata que estuvo "tres días hospitalizada y me dieron el alta diciendo que estaba sana. Me dieron pastillas para el estómago, paracetamol y amoxicilina, pero la infección quedó igual. Después ya no me atendieron".
Con posterioridad -según su versión- un informe del Servicio Médico Legal de Valdivia ratificó que la inyección fue mal aplicada. "Cuando me han atendido en Valdivia me dicen que aún quedan secuelas por la sobreinfección en la pierna derecha. Me afectó entre la cadera y la rodilla", aseguró.
Respecto al caso, el diputado Gonzalo Fuenzalida enfatizó que el objetivo de la acción judicial es "que se haga justicia y que el daño que se le causó a María Angélica Coronado sea reparado, tanto en lo económico como en el perjuicio a su salud", y añadió que "lo que se pretende con la reparación económica no es lucrar, sino que ella pueda ser atendida de la manera que corresponde, para que pueda volver a caminar".
"En este caso por lo menos se debe tratar de reparar en el ámbito de la salud el daño que se generó. Es ilógico que si demando al Estado por una causa justa no pueda asistir a un servicio de salud público. Hoy la legislación tiene que proteger a una ciudadana que en este caso acude a un centro de salud por un orzuelo y termina casi inválida, y también a otros ciudadanos que sufren o puedan sufrir situaciones similares", finalizó el diputado.