Según la información entregada ayer por la intendenta (s) de Los Ríos Patricia Morano, el hogar de acogida quemado en Reumén y donde fallecieron diez personas, era totalmente particular, sin vínculos con el Servicio de Salud de Valdivia y sin formar parte de la red de atención de pacientes con problemas de salud mental. Por esta razón, no era fiscalizado, ni se tenía registro de él hasta el día del siniestro.
Lo anterior, sin embargo, no significa que funcionara en forma clandestina, sino que no era sujeto de control estatal, a pesar que pasó 27 años como recinto de acogida para mayores y pacientes siquiátricos.
"A primera vista, con los antecedentes de que disponemos desde el punto de vista del Servicio de Salud y de la institucionalidad pública, no podemos decir que hay una ilegalidad. Quizá haya eventualmente algún vacío legal, pero en ningún caso podemos constatar de primera línea una ilegalidad", señaló Morano.
La intendenta subrogante añadió que "cuando un hogar funciona de manera privada, los organismos públicos no tienen competencia para fiscalizarlo".
Morano explicó también ayer que el hogar quemado no forma parte de "los hogares protegidos, que son una red que tiene el área del Servicio de Salud, que se encuentran establecidos, que cuentan con la autorización del Servicio de Salud y que reciben pacientes con discapacidad mental". En esa línea, agregó que "sirven para acoger a pacientes que no pueden ser mantenidos en sus hogares de procedencia".
En cuanto a los pasos futuros para resolver esta difícil situación, Patricia Morano indicó que "lo que nosotros vamos a hacer es entregar todos los antecedentes consolidados a la Fiscalía, la cual tendrá que investigar el resto de los antecedentes, y, sobre todo, el tema del siniestro. Ellos eventualmente podrían tener alguna otra información".
Esta situación confirmada anoche, ya había sido adelantada por el intendente Egon Montecinos en entrevistas radiales concedidas durante la mañana de ayer. Y al mediodía, el seremi de Gobierno Marco Leal, explicó Leal que el recinto "no era un hogar de larga estadía ni tampoco un hogar protegido, sujeto a la fiscalización".