En el último mensaje presidencial, Michelle Bachelet realizó varios anuncios relacionados con la industria silvoagropecuaria y reiteró una idea que apoyó también durante su período anterior sobre las potencialidades de Chile en la producción agroalimentaria. Entre esas iniciativas, uno de los mayores desafíos es el de modificar el Código de Aguas, para declararla como un bien de uso público y mejorar la gestión con una mirada sustentable y de largo plazo. Sobre todo considerando las necesidades crecientes de riego.

Para una región como Los Ríos, con abundantes recursos hídricos y con una marcada dependencia de la actividad forestal, lechera y agraria en general, tales anuncios tienen especial importancia, pues apuntan al corazón del pilar económico local y su adecuada implementación en la zona pueden ayudar a un desarrollo realmente sustentable, armónico con la comunidad y especialmente inclusivo con los pequeños campesinos, sector que enfrenta hoy desigualdad de acceso a beneficios y tecnología.

Específicamente a ellos (1769 familias) favorecerá la revisión y condonación de deudas con Indap anunciada por la Presidenta; como también el aumento de atribuciones del Sag. Además muchos productores forestales y quienes trabajan con bosque nativo se verán apoyados por la prorrogación del Decreto 701 sobre fomento forestal.

En la misma dirección de los anuncios presidenciales apuntará la política regional Silvoagropecuaria, que se encuentra en sus últimos trámites de revisión y que debiera facilitar la priorización de inversiones, especialmente para la educación y tecnificación.

Por supuesto que la concreción de esas propuestas debe hacerse en el marco de una cooperación constante público-privada, para que logren real efectividad. Pero además ellas deben avanzar considerando otras decisiones políticas como la Reforma Tributaria, por ejemplo, que incluiría varios elementos perjudiciales para los pequeños empresarios agrícolas, como han señalado los dirigentes del gremio.

Hay inquietud en esta materia y no sería lógico que mientras se avanza positivamente en algunos aspectos que favorecen a la industria; se retrocediera en otros.

Nuestra dotación de abogados/as, altamente capacitados bajo estrictos estándares de calidad, harán efectivo el derecho de toda persona acusada de haber cometido un delito y que carece de los medios necesarios para proveerse de un letrado o jurisconsulto particular, a que sus intereses sean debidamente resguardados durante el desarrollo del proceso penal hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia de término.

Estos profesionales serán la necesaria contraparte técnica del persecutor (Fiscal) que ejerce la acción penal, pues la autonomía constitucionalmente consagrada en favor del Ministerio Público, amerita la existencia de controles externos de índole procesal, como lo son el defensor y el juez.

En un sistema procesal en que la decisión se va construyendo a partir del debate que plantean las partes en torno a la prueba, cuyos límites son los parámetros de la lógica formal, es importante que esta dialéctica argumentativa sea de elevado nivel, a fin de nutrir a la decisión judicial experta de los antecedentes y lecturas de ellos bajo estricta depuración, lo que necesariamente redundará en una mejor resolución del caso.

Sólo así la judicatura podrá tener en cuenta todos los intereses y puntos de vista particulares expuestos con información de calidad, y formarse así una visión completa del problema a resolver, lo que le permitirá emitir un verdadero juicio.

Todo aquello no sería posible sin la asistencia técnica de un abogado debidamente capacitado que acompañe al imputado o acusado, a quién el proceso penal a través de la acción del Estado, amenaza con quitarle su libertad.

Así las cosas, una sociedad que camina por la senda democrática, nunca podrá obviar la existencia de defensores/as prestos a asistir a quienes se les imputa un delito y que gozan de la categoría de presuntos inocentes en tanto no se demuestre lo contrario, mediante sentencia definitiva inamovible.

Celebramos el domingo de la ascensión del Señor, y la liturgia nos trae los últimos versículos del evangelio de Mateo (Mt 28, 16-20), en los cuales Jesús da el envío misionero a sus discípulos. La invitación es a mirar a Jesús, a contemplarlo con los ojos de la fe, no mirando al cielo como los discípulos, que aún no logran entender que a Dios se le encuentra en las realidades del mundo y que es donde debemos hacerlo presente hoy.

Es por eso que el mandato misionero que aparece al final del evangelio es, precisamente, para que el mensaje de Jesús, su Buena Noticia sea llevada a toda la humanidad. Jesús resucitado ha recibido todo poder en el cielo, como en la tierra, pero este poder que Jesús tiene es una autoridad distinta de los poderes de este mundo. Es una potestad que le viene del Espíritu, es una fuerza que le viene de Dios y que ya en su propio ministerio había llamado la atención de sus contemporáneos, tanto al hablar como al realizar los milagros. Esta misma autoridad es la que traspasa a sus discípulos y los quiere hacer partícipes de su autoridad y de su misión.

Primeramente los envía a todos los pueblos para hacerlos discípulos suyos. La misión de los discípulos de Jesús -es decir, de la Iglesia-, es hacer discípulos del Señor. Él es el Señor y maestro y no otro. Equivocamos el camino cuando nos presentamos nosotros mismos o a la institución como referente. La Iglesia es enviada a hacer discípulos, pero para el Señor. Segundo, son enviados para bautizar en el nombre de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La promesa final del evangelio es que Él va a estar con nosotros para siempre hasta el final del mundo. Esta presencia nos llena de esperanza y alegría, porque Jesús es el Dios con nosotros.