Cada vez con mayor frecuencia vemos en Chile que las viviendas de las personas más vulnerables o en mayor riesgo social se construyen lejos de las zonas céntricas de las ciudades y de los lugares de trabajo de sus habitantes. Entendemos que una de las principales razones para que esto ocurra es el valor de la tierra. Con o sin razón, por especulación o por motivos de desarrollo urbano o comercial, el valor del suelo cercano a las zonas céntricas o comerciales de nuestras ciudades se hace cada vez más inalcanzable y, por ende, no califica con un criterio económico para la construcción de viviendas sociales.

El principal costo de esta realidad lo paga precisamente esa población más vulnerable, que por esta razón debe destinar un mayor porcentaje de su tiempo e ingresos en trasladarse desde y hacia sus lugares de trabajo, para el desarrollo pleno de sus vidas. Todo lo anterior, sin incorporar la variable de la calidad del transporte público existente que, si bien ha mejorado, aún sigue estando al debe con sus usuarios. Nuestras ciudades también pagan un alto costo, al necesitar expandir sus límites urbanos para factibilizar la construcción de este segmento de viviendas, asumiendo así mayores costos de iluminación pública, mantenimiento de áreas verdes y recolección de basura domiciliaria.

Soluciones técnicamente efectivas existen y está en manos de los profesionales del área tomar las decisiones e implementarlas.

Mientras, se pueden plantear algunas eventuales soluciones viables, como sería el potenciamiento de la vida de barrios -ciudades a escala humana-, que implica generar una mayor oferta comercial y de servicios en los mismos barrios, para evitar que las personas deban obligadamente trasladarse para adquirir estos insumos. Probablemente, la compra, por parte del Fisco, de terrenos mejor ubicados, para destinarlos a la construcción de viviendas para la población más vulnerable, sea también un aporte para integrar de mejor manera a las comunidades urbanas.

Este debe ser un tema que nos ocupe, ya que va en directa relación con una de nuestras mayores preocupaciones como gremio, cual es mejorar la calidad de vida de las personas, mediante soluciones concretas, que redunden en mayores niveles de desarrollo para el país.

Hace dos semanas fueron dados a conocer los resultados de la Evaluación Docente 2013, proceso que se aplica en todo el país a los profesores que trabajan en los colegios municipales, con al menos dos horas de contrato y mínimo un año de antigüedad en el sistema público de educación.

En el país y en la región la medición arrojó números positivos. A nivel local fueron 560 los profesores calificados y en general las cifras son superiores a las del año anterior: un 83% obtuvo niveles competentes (70,9%) y destacados (12,1%); mientras que el 16,4% se ubicó en el nivel básico y 0,5 en el insatisfactorio. En 2012 los mejores eran el 77,3% del total.

Estas cifras constituyen buenas noticias, pues muestran un crecimiento sostenido en la proporción de docentes bien posicionados y también en el número de quienes cumplieron con la prueba, al punto de desmentir aquella afirmación sobre la negativa del gremio al control de su desempeño.

Por otra parte los datos son los únicos que se acercan a la realidad que se vive al interior de las salas de clases, espacio donde finalmente se define la calidad de la educación y la pertinencia de los aprendizajes que logran nuestros niños y jóvenes más vulnerables.

Así vista, se trata de una radiografía cercana, que señala el camino para los verdaderos cambios que se necesita llevar adelante. Por lo mismo, resulta esperanzador el anuncio gubernamental de desarrollar una Política Nacional Docente, en la cual se aborde desde el ingreso a estudiar Pedagogía, hasta las facilidades de especialización constante, la evaluación permanente y las condiciones laborales en las cuales se ejerza la docencia.

Lamentablemente esta idea tan fundamental no forma parte de los primeros proyectos de Reforma Educativa ingresados al Congreso, los cuales no mencionan la calidad, ni los cambios en la educación municipal. Es de esperar, entonces, que una iniciativa centrada en los profesores y mirando hacia las aulas, que son el corazón del proceso; sea presentado pronto y que no corra la misma suerte de un cuerpo legal anterior sobre la materia, que ha esperado turno durante dos años en el Congreso.