Consulta indígena: desafíos pendientes
Desde la entrada en vigencia del Convenio Nº169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, la consulta indígena no ha tenido una implementación fácil en Chile. Si bien la nueva normativa constituye un avance notable, no da por concluida la discusión. Existen, al menos, cinco desafíos pendientes. En primer lugar, determinar qué se entiende por 'susceptibilidad de afectación directa' es relevante, dado que de este término se gatilla el procedimiento de consulta. Considerando que la definición debiese mantenerse en términos jurídicos, otorgando certeza sobre cuándo y qué medidas deben consultarse, la actual falta de acuerdo al respecto mantendrá la discusión abierta.
Desde la entrada en vigencia del Convenio, se han judicializado una serie de proyectos de inversión por razones ligadas a la consulta indígena. Dado la falta de acuerdo respecto de cómo consultar estos proyectos, se optó por conservarla dentro la institucionalidad ambiental. Si bien esta fórmula tiene varias ventajas y mantiene la tendencia a la ventanilla única, temas como las instancias previas de participación o la participación en los beneficios serán discusiones necesarias de abordar.
La actual dispersión de órganos encargados de efectuar consultas puede generar descoordinaciones. El tercer desafío está en, más allá de la consulta de los proyectos de inversión, crear una institución única dentro del Poder Ejecutivo encargada de la ejecución de consultas indígenas, como se hizo en Colombia. Proyectos de ley, como el Ministerio de Asuntos Indígenas, debiesen definir el rol que cumplirán los nuevos órganos al respecto.
Un cuarto desafío está en cómo los pueblos indígenas pueden crear sus instituciones representativas para ser consultados, como dispone el Convenio. El Estado, en vez de imponerles una institucionalidad ya definida, debiese permitir que sean los mismos pueblos quienes determinen su estructura y funciones, reflejando su diversidad cultural.
Por último, respecto de cómo regular la consulta, en vista de las dificultades observadas y tal como ha reiterado el Tribunal Constitucional, una ley acotada a la regulación de la consulta y la participación indígena, como se hizo en Perú, permitiría otorgar certeza jurídica, establecer directrices claras y darle contenido a los conceptos fundamentales.