En prisión preventiva quedó Juan Osorio Solís de Ovando, el séptimo imputado en la causa que investiga desde 2013 la Fiscalía de Valdivia por el retiro fraudulento de cheques desde el Juzgado Civil. Esos dineros debían pagarse a los dueños de un terreno expropiado, pero fueron robados desde el tribunal.

En este caso, el detenido cobró 309 millones de pesos.

Solís fue trasladado a Valdivia desde Santiago donde se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva por otra causa.

El fiscal Juan Pablo Lebedina informó que se le indaga por los delitos de uso malicioso de instrumento público falso en concurso medial con el delito de estafa.

Según consta en la investigación, el hombre se presentó al tribunal civil de Valdivia en diciembre de 2012, exhibiendo un certificado de dominio vigente falso, con el que simuló ser el propietario legal de un terreno de 11 mil metros cuadrados que le fue expropiado al Ejército.

Otros imputados son Rodrigo Muñoz, quien cobró 60 millones; Marco Prosa , 168 millones y Carlos Sandoval, que cobró un cheque por $6 millones.

La Fiscalía amplió la formalización por el delito reiterado de malversación de caudales públicos a la ex jefa regional de Gestión de Recursos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Carolina Margaret Beltrán Riquelme, a quien investiga la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel.

En la audiencia de ayer en el Juzgado de Garantía, la fiscal María Consuelo Oliva precisó que la ampliación de la formalización se debe a que durante la investigación se estableció que Beltrán 'se apropió de un total de 37 millones 497 mil 072 pesos , provenientes del cobro de 69 cheques, es decir, 23 más que los informados originalmente'.

Según la investigación, la exfuncionaria pública se aprovechó de que era una de las tres personas autorizadas para girar cheques de Junaeb en la región y de autorizar el pago a proveedores, además de las remuneraciones y beneficios del personal. En algunos documentos, falsificó la firma de otra funcionaria autorizada para este trámite.

La imputada continúa detenida en el Complejo Penitenciario de Llancahue.

El juez Jorge Rivas dictó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno contra Pedro Torres Cárdenas, el corredor de propiedades y asesor financiero, a quien el Ministerio Público investiga desde diciembre de 2013, por los delitos de estafa y usura contra cuatro personas, a las que se sumarían otras dos, según antecedentes presentados ayer por el fiscal Juan Pablo Lebedina, en la audiencia de reformalización en su contra .

El tribunal también resolvió ampliar el plazo de la investigación contra Torres en otros 90 días, para reunir antecedentes en torno a las dos nuevas denuncias por hechos similares, en los cuales el imputado habría incurrido.

Al corredor de propiedades y asesor financiero lo defienden cuatro abogados particulares, en tanto que al lado del fiscal, adhieren a la querella en su contra dos profesionales.

Torres comenzó ayer el arresto domiciliario a partir de las 22 horas y hasta las 6 horas del día siguiente, que le impuso el juez Rivas, quien fundamentó la medida, definiendo al imputado como 'un peligro para la sociedad, que se aprovecha de su experticia en el sistema de transacciones comerciales, entre entidades bancarias y notariales'.

Durante la audiencia, en la que estuvieron presentes algunas de las víctimas y también famliares del acusado, el fiscal señaló que en uno de los casos denunciados, 'Torres asesoró el 2006 a una mujer que tenía una casa con orden judicial de embargo, convenciéndola de que él adquiriese la propiedad previamente, para evitar que saliera a remate, vendiéndola posteriormente en 287 millones de pesos, rindiendo una cuenta de su gestión que no correspondía con los gastos efectivamente realizados, apropiándose de 147 millones de pesos'.

'En otros casos -agregó- el imputado efectuó préstamos usureros a personas que pasaban por una crítica situación económica, con un porcentaje que superaba el ciento por ciento de interés, logrando que una de las víctimas le transfiera su casa habitación y cabañas, avaluadas en 200 millones de pesos'.