Cuarenta y cinco minutos de suspenso se vivieron ayer en el área céntrica de Valdivia, específicamente en calle Independencia entre Chacabuco y Libertad, con la presencia de una caja sospechosa instalada en plena vía pública.

Una llamada desde un teléfono público, alrededor de las 16 horas, alertó a la Central de Comunicaciones de Carabineros sobre la presencia de una supuesta bomba, lo que motivó la presencia en el lugar del Grupo de Operaciones Especiales, Gope.

Luego de acordonar el área y realizar las pericias correspondientes, según explicó el subprefecto de los servicios, comandante Eduardo Ramos, se logró determinar que solo se trataba de una caja de cartón vacía.

'Es el protocolo habitual en todos los casos en que se detecta un aparato o bulto sospecho. Se aisla a las personas, porque mientras los especialistas no determinen bien de qué se trata, todo el mundo corre peligro ante una eventual explosión', sostuvo.

AUTORIDADES

Uno de los puntos que llamó la atención en este caso fue que ocurriera a escasos metros de la Municipalidad de Valdivia, razón por lo cual las autoridades comunales fueron las primeras en repudiar el hecho.

'La persona que realizó el llamado debe ser alguien que definitivamente no está bien (…) Tal vez lo hizo con la intención de jugar una broma, no lo sabemos, aunque esperamos que hechos como este no vuelvan a suceder en nuestra comuna', dijo el alcalde Omar Sabat, coincidiendo con lo manifestado por la concejala Cecilia Agüero, para quien 'me parece muy mal que pasen estas cosas porque los ciudadanos queremos estar tranquilos y felices compartiendo con nuestra gente y esto viene a alterar la tranquilidad'.

'Cualquier aviso o intención de generar pánico en las personas, más aún con lo que pasó en la estación del Metro de Santiago, creo que es repudiable, además tomando en cuenta que la municipalidad está al alcance de todas las personas y si alguien quiere crear pánico alrededor de ella es condenable', señaló por su parte Leandro Kunstmann, mientras que Rodrigo Cósimo calificó el hecho como 'repudiable y preocupante', aunque advirtió que 'no se puede establecer un vínculo con lo que lamentablemente ocurrió en Santiago'.

PIDEN MANO DURA

En una postura mucho más dura, el abogado y concejal Marcos Ilabaca lamentó 'que haya gente que se aproveche de la situación que está viviendo el país y haga llamados irresponsables y delictuales, creando un nivel de pánico en una comuna tranquila. Este tipo de situaciones deben ser perseguidas y sancionadas, porque es gente inescrupulosa que juega con el tema de la seguridad pública', puntualizando que 'el Gobierno tiene mucho que decir, para que estos hechos no se produzcan en nuestra zona'.

De la misma manera, Jorge Moya pidió que 'sea el Gobierno el que tome la batuta en esta situación, a través de la Intendencia, porque este es un hecho que traspasa el margen de los simples delitos. Debería haber una coordinación respecto a la seguridad por parte de las policías y quizá por parte de nosotros mismos, si podemos participar en ello'.

Por último, Francisco Eguiluz recordó que 'el tema de seguridad social es algo que naturalmente está en nuestra agenda de trabajo y estamos monitoreando constantemente. Hasta el momento no se han visualizado problemas graves, pero lo ocurrido ayer nos preocupa, sin duda alguna, como también los hechos de violencia que podrían ocurrir por el excesivo consumo de alcohol'.

Una manifestación pacífica en el acceso del complejo penitenciario de Llancahue realizaron ayer miembros de la Anfup (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios) en Valdivia, en apoyo a sus colegas de Rancagua, aprovechando al mismo tiempo de hacer públicas las inquietudes que afectan su labor en las cárceles.

El presidente en Valdivia de la organización gremial, Marcelino Jara, precisó que 'esta manifestación no justifica lo ocurrido dentro del recinto penitenciario en Rancagua (golpiza a internos), pero a nuestro juicio es el resultado de una problemática que se arrastra por años, sin solución'.

En un comunicado público dado a conocer lugeo de la protesta, el grupo afirmó que hay un déficit de cinco mil gendarmes en todo el país, del que no están excentos los recintos de la región, sosteniendo que 'trabajamos en un clima hostil, donde las amenazas de muerte, insultos y agravios son una constante y las organizaciones de Derechos Humanos no actúan con la misma disposición contra estas acciones que atentan contra la integridad física de los gendarmes'.

La Anfup reiteró que el hacinamiento sigue siendo también parte de la problemática en las cárceles, no obstante los anuncios del Ministerio de Justicia sobre la construcción en el país de cuatro nuevos penales.

'Sin embargo, no se toma en cuenta que falta personal y tales anuncios no dejan de ser parte de un discurso político', agregan en el documento.

'Somos el servicio público con mayor índice de suicidios en el país y el Gobierno hace oídos sordos a requerimientos como la falta de sicólogos', concluyeron los manifestantes.