Aunque la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección que presentaron los minimercadistas para revertir la Ordenanza Municipal, que restringe el horario de venta de alcoholes en la capital regional; la polémica en torno a este tema se encuentra lejos de terminar.
Los comerciantes sienten que su derecho a trabajar en un horario competitivo ha sido vulnerado y anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema para que la decisión del Concejo valdiviano quede sin efecto. Por otra parte, desde el municipio se mantienen las razones que motivaron la determinación: bajar el expendio de bebidas en los sectores poblacionales, respondiendo a una solicitud de los vecinos.
Cada actor tiene fundamentos para plantear su posición, pero no han logrado llegar a un acuerdo que permita no solo zanjar este problema puntual, sino ir más allá respecto de la responsabilidad pública y la privada en la prevención del alcoholismo, problema que en Valdivia exhibe niveles preocupantes y más altos que la media nacional, en especial entre los más jóvenes.
Considerando lo anterior, quizás la discusión no deba centrarse en una ordenanza puntual, sino en un plan de largo plazo que disminuya la oferta en todo tipo de recintos y en forma permanente. Es decir, no solo pequeños locales y en vísperas de festivo.
Esto, por supuesto, acompañado de una adecuada fiscalización, para que la norma surta efecto y no sólo sea una declaración de intenciones, como ocurre actualmente con otras, como la prohibición de venta a menores de 18 años, que es burlada por adultos que se prestan para hacer el 'favor' de comprar alcohol a jóvenes que se ubican cerca de supermercados y botillerías. Todo el mundo sabe o ha visto que eso ocurre en los barrios y en el centro, pero nadie lo frena.
Por otra parte, también está pendiente una discusión comunal sobre cómo se toman las decisiones. En este caso, los comerciantes han señalado que nadie los convocó antes de aplicar las restricciones y que eso los dañó aún más.
Claramente aquí se aprecia falta de diálogo, pero también ausencia de una política clara de prevención de drogas aceptadas, que no solo es tarea municipal.