Analizan reacción de la comunidad para "hacer justicia"
expertos. Plantean que la ciudadanía debe dejar actuar a las instituciones que en Chile, a diferencia de otros países, sí funcionan y garantizan los derechos de todas las personas.
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"Qué hubiera pasado si el imputado hubiese estado dentro de la casa. ¿Hubiese sido linchado?" Son las preguntas que planteó el jefe de estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, Luis Soto, consultado luego del hecho registrado en La Unión, donde un grupo de vecinos destruyó la casa en que vivía de allegado el hombre imputado por violar a una niña de 5 años de edad.
Anterior a ello, cuando se conoció el hecho, apedrearon la vivienda, extrajeron algunos enseres y los quemaron en la vía pública.
La noticia generó numerosos comentarios en las redes sociales, la mayoría justificando la decisión ciudadana de "hacer justicia por la propia mano".
La reacción fue similar a la registrada en Valdivia en 2008, cuando un grupo de pobladores destruyó la casa donde fueron violadas y asesinadas dos niñas en isla Teja.
En esa ocasión el ataque vecinal se produjo tras conocerse el suicidio del imputado dentro de la cárcel.
Otro caso fue el incendio ocurrido hace dos semanas en Mehuín, en la casa que ocupaba un hombre condenado por matar a hachazos a un amigo.
violencia
Estos hechos ponen en evidencia el grado de violencia con que puede actuar un grupo de personas ante un caso de tal connotación.
El sociólogo y profesor adjunto de la Universidad Austral de Chile Max Cortés, explicó ayer que las respuestas de la sociedad frente a una situación de violación como la ocurrida en La Unión,suceden con regularidad, ya que existe una sanción social respecto a este tipo de violencia hacia los niños y niñas. Como ejemplo de ello, citó el mito asociado a la sanción que reciben los condenados por estos hechos en los contextos penitenciarios.
"A mi juicio, lo más relevante es por qué la población actúa frente a este tipo de vulneración de derechos de la infancia y calla respecto a otras situaciones, como el trabajo infantil, la prostitución, la criminalización de la infancia y la adolescencia en instituciones burocráticas", planteó.
Precisó que la idea de una acción ciudadana supone un grado de coordinación colectiva que no existe en los casos antes descritos, ya que - según argumentó - no hay una articulación entre demandas o intereses que organicen estos actos. Más bien, lo asocia a motivaciones vinculadas a otros fenómenos, como frustraciones, desconfianza en las instituciones llamadas a administrar la justicia, impotencia o violencia estructural.
"Lo que sí es evidente es que existe una creencia colectiva sobre lo que sería justo e injusto y que, en correspondencia a ella, las personas realizan esas acciones. Ahora, esta idea de justicia no siempre coincide con la de las instituciones dedicadas a esta función social, ahí hay una distancia que sería interesante analizar".
Además recordó que, aunque la ley presume inocente a una persona hasta que no se pruebe lo contrario , "desde el punto de vista de la ciudadanía, ésta no requiere que el acusado de violación sea declarado culpable por las instituciones competentes. No necesitan pruebas jurídicas, sino que sólo les basta con la creencia colectiva que define a esta persona como culpable de un hecho y la población actúa bajo un criterio de realidad que lo define como violador".
PRESUNTA INOCENCIA
Al respecto, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional Luis Soto señaló que "uno puede entender que exista una carga emocional importante por parte de los ciudadanos ante una situación tan grave, que las personas busquen descargar su enojo, su ira y su rechazo a estos hechos, pero no se puede vulnerar la presunción de inocencia".
Explicó que nadie puede ser culpado de un delito mientras no se ha dictado una sentencia en su contra. "Eso debiera ser un elemento primordial en nuestras reglas de convivencia", sostuvo.
"La sentencia social posterior puede ser más lapidaria. A veces la persona socialmente es condenada sin que posteriormente eso se ratifique por un tribunal de justicia".
Soto añadió que la comunidad debe respetar el accionar de la justicia.
"Al contrario de otros países, en Chile las instituciones funcionan. Hay un órgano independiente constitucionalmente que investiga, que es el Ministerio Público; una institución que es la Defensoría Penal que debe representar a toda persona que no tiene recursos para defenderse con un abogado particular y existen jueces, imparciales y objetivos, que resuelven los casos.
"Como Defensoría estamos llamados y convocados por ley a realizar una defensa técnica, de calidad para todo imputado, independiente del delito que haya cometido, de representar sus derechos y conseguir que tenga un juicio justo", detalló el jefe de estudios.
Lo anterior - argumentó - es fundamental para que el sistema funcione y existan garantías de igualdad ante la ley, para todas las personas.
ACCIÓN CIUDADANA
La ley permite la posibilidad de una detención ciudadana en caso de delito flagrante, eso significa que cualquier persona en presencia de un delito que esté desarrollándose puede retener al posible autor para ser entregado a la policía.
Pero en dicha acción no existe autorización para lesionar o golpear al presunto victimario.
Así lo explica el seremi de Justicia, Alejandro Reyes, quien apunta a que ante probables hechos delictuales, las instituciones y el trabajo que realiza el Poder Judicial debe ser respetado.
"El derecho, como regulador de conductas, establece que un órgano imparcial como el Poder Judicial, tiene que tomar una definición sobre un caso concreto para evitar la autotutela, concepto que se refiere a tomar la justicia por mano propia".
En ese sentido - explicó el seremi - "cuando la sociedad o determinado grupo quiere tomar la justicia por su propia mano también está quebrantando el ordenamiento jurídico".
Agregó que "hay una serie de garantías y derechos en torno a tener un juicio justo, pero además las instancias necesarias para, si no estamos de acuerdo con una resolución judicial, podamos reclamar ya sea ante la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema e incluso organismos internacionales".
En esa línea, el seremi planteó el riesgo que conlleva la autotutela. En el caso de La Unión, la intervención de la ciudadanía pudo afectar la investigación penal.
A juicio de Reyes, efectivamente las acciones ciudadanas responden al descontento que existe en algunas áreas. "Pero estos descontentos se trabajan con educación y ésta parte del aspecto básico que es respetar al otro".
Para el seremi preocupa que las acciones ciudadanas pueden derivar en situaciones injustas, donde se acuse a personas inocentes.
En ese sentido, frente al caso de La Unión y la destrucción de la vivienda que afectó a un trabajador de la construcción, donde permanecía de allegado el imputado, explicó que el propietario debería hacer la denuncia respectiva para que se lleve adelante la investigación para así determinar a los responsables.
"Con la autotutela se pueden cometer actos que dañen a un tercero que no tenía ninguna relación con el hecho delictual", dijo.