Centralismo y falta de farmacias
Nuestra región se encuentra entre las cuatro del país con menor cantidad de farmacias. Registra solo 45 para una población que supera las 350 mil personas. La mayoría de los establecimientos se encuentran concentrados en Valdivia (21) y los demás están repartidos en las comunas, con la excepción de Corral, donde no existe ninguno.
Esta baja presencia de locales autorizados para vender con recetas se repite a nivel nacional, con la mayor concentración en Santiago. Sin duda tal situación afecta a la comunidad, tanto en el país como en Los Ríos, pues dificulta y encarece el acceso a productos de salud, que no siempre están en los hospitales o consultorios disponibles para distribución gratuita.
Por otra parte la concentración es una señal más de centralismo y desigualdad en las oportunidades para mejorar la calidad de vida. Esto, porque los recintos que existen son pocos (lo cual eleva precios) y se ubican de preferencia en áreas urbanas, dejando al sector rural fuera de estas posibilidades.
Incluso en Valdivia se verifica esta misma lógica, pues las farmacias están casi todas juntas en el sector central de la ciudad, pero quienes viven en áreas tan pobladas e importantes como la costa, la isla Teja, Las Ánimas, Collico y Guacamayo, no cuentan con esta opción.
La ley del mercado explica las ubicaciones preferenciales, pero este es uno de los temas en los cuales también debería operar una legislación que garantizara el bien común, regulando la distribución geográfica y evitando el cierre de farmacias pequeñas encargadas de surtir los barrios. Para ello no basta permitir la existencia de almacenes que expendan medicamentos de uso común, como lo señala el texto de la Ley de Fármacos; sino que también se requiere multiplicar recintos a cargo de Químicos Farmacéuticos, donde se pueda surtir adecuadamente una receta médica, que es la forma en que se expende el 65% de los medicamentos en Chile. Las farmacias móviles también podrían ser una respuesta a esta necesidad, pero en Los Ríos no hay implementadas, todavía.
El tema es muy serio y aunque legalmente compete al Ministerio de Salud, se trata de una tarea política y también de alianza público-privada, en la cual trabajar.