La Comisión Nacional de Acreditación, CNA Chile, establece que "la acreditación tiene por objeto fomentar y dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior, programas de pregrado y programas de postgrado a través de ejercicios sistemáticos de evaluación".

Un proceso de acreditación se genera a partir de una evaluación interna que culmina con la elaboración de un Informe de Autoevaluación; continúa con una evaluación externa realizada por una visita a la institución a cargo de un panel de pares académicos nominados por la agencia de acreditación y que concluye en un Informe de Evaluación Externa. Ambos informes se elevan al Consejo de Acreditación de la agencia para adoptar la decisión final. En el caso de la acreditación institucional las decisiones son: Acreditación por un período comprendido entre 2 y 7 años, o no acreditación.

La Universidad Austral de Chile, una de las primeras cinco instituciones de vocación pública en lograr este reconocimiento, logró su primera acreditación en 2004 por un período de cinco años. Luego renovó esta certificación de la calidad con una segunda acreditación institucional por un período de seis años vigente hasta noviembre de 2015. Hoy día ha decidido presentarse a un tercer proceso de acreditación, sometiendo a evaluación las dos áreas mínimas de acreditación: Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, y además el máximo de tres áreas optativas establecidas por la CNA Chile: Docencia de Postgrado, Investigación y Vinculación con el Medio.

La incorporación de la investigación científica y de la vinculación con el medio, como actividades académicas fundamentales para la formación de sus estudiantes de pregrado y de postgrado, ha situado a la UACh en los primeros lugares de acreditación y en los principales ranking de universidades nacionales.

De este modo, la participación de la UACh en el sistema nacional de acreditaciones tiene la auto exigencia de configurar un escenario por sobre el cumplimiento mínimo, centrando su enfoque en los planes de mejora asociados a los procesos de acreditación institucional en las cinco áreas acreditadas, como también en sus cuarenta carreras y programas de pregrado acreditados, 21 programas de postgrado acreditados, y 7 especialidades del área de la salud acreditadas.

Prof. Luis Loncomilla

En julio del próximo año entrará en vigencia la garantía de calidad que obliga a los centros prestadores de servicios de salud a acreditarse. Es decir, a cumplir con normas de atención a sus usuarios definidas con estándares internacionales.

Mientras ese plazo llega, algunos recintos pueden someterse al proceso en forma voluntaria y prepararse de mejor manera. Así lo hicieron el Hospital Base de Valdivia, la Mutual de Seguridad y también ahora postulan los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de Angachilla y Las Ánimas.

Esta decisión de las instituciones de adelantarse a la norma habla muy bien de sus equipos de trabajo y del compromiso que tienen con los usuarios. Esto, porque lograr una certificación de calidad implica revisar todos los procedimientos y estar dispuestos a cambiar costumbres, algo que en la cultura organizacional no es sencillo de lograr. Al contrario, lo normal es la resistencia al cambio y la lentitud en la incorporación de nuevas fórmulas.

Por lo mismo es que los profesionales locales merecen un reconocimiento comunitario, pues van más allá de su labor esperada y su gestión sirve de ejemplo para otros, que deberán pasar por el mismo proceso antes de 2016.

Pero además de ese reconocimiento, es preciso que el esfuerzo de los funcionarios tenga un respaldo concreto de ayuda en medios para su tarea. Porque si bien existe toda la voluntad de brindar una buena atención y de alcanzar parámetros altos en servicio, a veces los recursos no son suficientes para cumplir con la gran cantidad de personas que se atiende en los Consultorios. La falta de especialistas es la cara más visible de esta realidad, pero también hay infraestructuras insuficientes, equipamiento tecnológico escaso, antiguo y con baja mantención; poco personal para tareas multidisciplinario y una fuga constante de profesionales.

Contra esos factores, los trabajadores no pueden lidiar solos, sino que requieren de políticas municipales, regionales y nacionales más eficientes, que pongan a su disposición los medios requeridos.

Ojalá así suceda, pues la acreditación voluntaria tiene el gran mérito de evidenciar el entusiasmo de los funcionarios. Y eso es lo más valioso para una norma que busca dar garantía de eficiencia en el largo plazo.