Un enfrentamiento entre comuneros mapuches y encapuchados, se produjo ayer en Itropulli, Paillaco, resultando afectadas 15 familias que se encuentran en proceso de reivindicación de tierras, desde el 15 de noviembre de 2013. Comuneros, afirman que desde entonces, han sido víctimas de daños en sus cultivos, cercos, viviendas y también de agresiones físicas menores, responsabilizando de "esta acción de matonaje", a un particular.

También que la situación está en conocimiento de los jefes de Carabineros, que en más de una oportunidad se han constituido en el lugar. Esta vez, los hechos ocurrieron a las 8 horas, ingresando unos 15 encapuchados a sus terrenos , rompiendo el puente de acceso construido por las familias, quemando un container.

Además, según los denunciantes, hubo destrozos en cercos e intentos de quemar algunas viviendas.

Juan Vargas Oñate

Con una escritura en mano y un documento a nombre de la reserva de la comunidad indígena de Gregorio y Miguel Lefihuala Jaramillo, a la que pertenece su pareja, Claudio Sepúlveda Antinao afirmó ayer que "me defenderé de todo lo que me acusen, porque lo que hice, fue en nuestra propiedad, donde un día construyeron el puente sin ninguna autorización".

Sepúlveda dijo esto para explicar por qué cortó con una motosierra el puente del sector Longahue durante el fin de semana.

El municipio de San José repuso nuevamente el puente, pero Sepúlveda insiste en que tiene la razón y que "en Vialidad conocen de la situación y admiten que el puente está en nuestra propiedad. Voy a pedir asesoría en la Conadi y veré si interpongo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones", señaló Sepúlveda Antinao.

"No tengo nada contra nadie, porque pudiese haber cortado el puente entero. Sin embargo, lo hice por los vehículos que pasan por el lugar y que constituyen un peligro para mis hijos de 2, 3 y 9 años de edad".

Su pareja, Jennifer, lo apoya y recuerda que "hemos ido a la municipalidad de San José a pedir que instalen un lomo de toro y señalización para evitar que los vehículos pasen a exceso de velocidad, levantando mucha tierra, polvo y lanzando piedras sobre nuestra casa, lo que también es un peligro para nosotros y nuestros hijos", señaló.

No hay aislamiento

Sepúlveda, también insistió en que "no se ha provocado ningún aislamiento de familias ni personas, porque yo había dejado un tramo para los peatones. Y los vehículos, tenían otras alternativas de salida e ingreso al lugar. Lo que pasa - insistió- es que no quiero que ninguno de mis hijos, mi mujer o un familiar, muera atropellado".

Representantes de las comunidades aledañas a la empresa Lousiana Pacific, ubicada entre Lanco y Panguipulli, interpusieron ayer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, rechazando un proyecto de ampliación de la empresa de tableros. "Queremos que se revise la situación porque hay en la luz verde otorgada el pasado 13 de octubre, por parte de la comisión del Medioambiente, varias irregularidades", dijo el vocero, Eduardo Quipainao.

Señaló que a juicio de las comunidades (Comunidad Mapuche Qemchue) el proyecto se hizo "sin consultarnos, aun cuando esto debe ser obligatorio, según el Convenio 169, ratificado por el Estado chileno. Incluso el procedimiento de votación en la sala, para aprobarlo, tiene irregularidades. Por ejemplo, algunos seremis no fundamentaron su voto y otros no tenía conocimiento de lo que se iba a votar ese día, como ocurrió con Salud".

Dijo que además "hubo poca prolijidad de algunas reparticiones públicas para dar la luz verde al proyecto. Para nosotros, es grave y preocupante, que no se haya considerado la existencia de un cementerio indígena aledaño al proyecto, que incluso aparece nombrado en un informe antropológico de la empresa. Pero cierran los ojos y dan luz verde al proyecto, sin verificar ni consultar nada". Quipainao, manifestó que el recurso de protección interpuesto ayer, con el patrocino de la abogada María Fernanda Catalán, es " una de las últimas instancias que nos queda".

La ministra en visita para causa por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz, ordenó el levantamiento de los restos óseos que, presumiblemente, corresponderían a Juan Ángel Ojeda Aguayo, quien murió en la zona cordillerana en 1981, en denominado caso Neltume.

La presunción de que los restos corresponderían a él, se basa en las condiciones en que fueron encontradas las piezas óseas y las características de la vestimenta , levantadas junto a los restos exhumados, las que tendrían concordancia con las que portaba la víctima, de acuerdo testigos de la época. Los restos serán examinados por expertos, como un arqueólogo y un antropólogo, que estuvieron a cargo de la exhumación; además un equipo especializado del Servicio Médico Legal.

Tras estas diligencias, los restos serán enviados a un laboratorio extranjero para cotejar la identidad, a través ADN, cuyos resultados estarían durante 2016.