Se señala, con carga de ironía y acierto, que el menos común de los sentidos termina siendo el sentido común. Pues bien, esta facultad del ser humano tan necesaria para llegar a soluciones prácticas cuando no basta con la ley, ha brillado por su ausencia en el tratamiento de la violencia en los recintos deportivos en nuestro país, que volvió a hacerse presente durante el fin de semana y con motivo de la jornada cúlmine del fútbol profesional de Primera División.

Aparte del universal repudio que merecen estas situaciones, pareciera que en los escenario valdivianos la situación se ve muy lejana, pero resulta que la realidad nos habla de hechos ocurrido en la capital de Los Ríos, donde se ha pretendido llegar muy lejos con las medidas de prevención. Todo indica que se ha exagerado la nota y que de alguna forma Estadio Seguro ha terminado perjudicando a la entidad local y tras ella a sus seguidores, que hasta el momento se han mostrado serenos y razonables en su inmensa mayoría.

A Deportes Valdivia no se le ha permitido jugar en su escenario natural y tradicional, el estadio del Parque Municipal Carlos Harnecker, porque el viejo recinto presenta algunas falencias y desgastes que no lo dejan en óptimo estado. Por ese lado, pareciera bien que se le cuestione como el lugar propicio para disputar partidos que a pesar de todo también corresponden al deporte profesional.

Sin embargo, y aquí es donde se apela al sentido común, ha habido ocasiones en que las medidas restrictivas han ido notoriamente más allá de lo que una cierta lógica acredita.

No es adecuado medir con la misma vara un partido sobre el que hay razones para temer hechos violentos o simplemente desagradables, como ocurrió el domingo recién pasado, que uno donde las posibilidades de incidentes son bajísimas o nulas y donde bastaría con una mínima dotación policial para controlar a algún eventual desadaptado, como ocurre más que habitualmente en la Segunda División.

Lamentablemente, han ido a parar todos al mismo saco. Y ahí están los resultados.

La salud es la prioridad que a juicio de los valdivianos, las autoridades políticas debiéramos dedicar mayores esfuerzos por mejorar, según la encuesta ciudadana "Habla Chile" que fue aplicada en noviembre a lo largo de todo el país.

Y es que las cifras no pueden dejarnos indiferentes cuando el mismo instrumento nos indica que la salud preocupa al 66,4% de la población, cifra que corrobora el último estudio Adimark al darle a la gestión del actual gobierno en salud su más baja aprobación (20%) y el más alto rechazo (79%).

Queda en evidencia el descontento generalizado en cómo este gobierno ha hecho las cosas en materia de salud. Y al contrario de la agenda que ha tratado de propiciar el Ejecutivo, las personas no perciben los temas políticos como los más importantes: el cambio a la Constitución despierta sólo el 6,7% del interés ciudadano.

Preocupa en este escenario por ejemplo, que aún el país no cuente con nuevos hospitales pese a una extensa lista de recintos comprometidos. La situación se contrapone con los resultados de la anterior administración que, a marzo de 2014, entregó el gobierno con 27 hospitales terminados, 15 en ejecución, 19 proyectos en licitación o toma de razón en Contraloría, 67 consultorios entregados y otros 61 en ejecución o por iniciar.

Para el 2016 el panorama, desgraciadamente, no se ve que vaya a mejorar. En atención primaria (APS) el Ejecutivo aportará apenas 4 mil 800 pesos por paciente, en consecuencia que es sabido que el mínimo para financiar la balanza es de 6 mil 100 pesos. Eso se traduce, en términos simples, que un año más la salud municipal partirá con saldo negativo en desmedro de los vecinos que se atienden en el sistema.

Queda también resolver el acceso a medicamentos de calidad. Chile, es sabido, es uno de los países con la canasta de fármacos más cara de la región, la más alta tasa de consumo per cápita, y con los mayores indicadores de automedicación. Combinación nada tranquilizadora que requiere una política farmacológica que este Gobierno no ha sopesado y que no se resuelve con una farmacia popular. Temas como la bioequivalencia, la atracción de patentes de fabricación, el empuje a la investigación y el fortalecimiento de Agencia Nacional de Medicamentos parecen quedar en segundo plano para las actuales autoridades, con consecuencias directas en el bolsillo y en la salud familiar.

Bernardo Berger Fett

Diputado Distrito 53

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