Ley Antiterrorista por atentados
La decisión de la intendencia ha recibido respaldo, porque la violencia no puede ser aceptada como vía de solución de conflictos. La meta es ser muy claros en esa posición, para prevenir que los conflictos registrados en las comunas de La Araucanía y Bío Bío se extiendan...
Un apoyo transversal ha recibido la decisión de la intendencia de Los Ríos de presentar una querella e invocar la Ley Antiterrorista, para que la justicia investigue los atentados registrados la semana pasada en el fundo Lo Suárez, en Lanco, que dejaron a dos carabineros heridos con perdigones y también se tradujeron en 3 millones de dólares en pérdidas, por la quema de siete vehículos dedicados a las tareas forestales del predio, propiedad de la empresa Arauco.
El respaldo se debe a que por primera vez en los últimos años una autoridad local se atreve a utilizar esa herramienta legal tras un hecho violento ocurrido en áreas rurales. Días antes el intendente de La Araucanía lo hizo, por el atentado con una bomba registrado en la cárcel de Temuco (área urbana), pero antes de eso no hay antecedentes, a pesar de las solicitudes comunitarias y políticas para hacerlo. Por lo mismo, la determinación regional ha sido calificada como "valiente" y existen esperanzas de que ella permita castigar efectivamente a los autores de estos actos, que ya no serían delitos comunes, sino acciones concertadas, para generar temor y amedrentamiento.
Las acciones legales constituyen además una señal de rechazo a la violencia como método para la solución de conflictos en el territorio regional. La meta es ser muy claros en esa posición, para prevenir que los conflictos registrados en las comunas de La Araucanía y Bío Bío se extiendan hacia nuestra zona y afecten la seguridad y calidad de vida de su gente.
Lamentablemente, ya se han registrado múltiples ataques en los últimos dos años en Los Ríos (29 contabiliza el Observatorio de La Araucanía) y es urgente estar alertas al respecto.
Actualmente en Chile existen los mecanismos legales dentro del Estado de Derecho que permiten llegar a soluciones en caso de litigio de tierras. Y si bien existen demoras y procesos complejos que no siempre son bien comprendidos; hay recursos estatales y voluntad para lograr acuerdos y restaurar derechos vulnerados en el pasado. Entonces, la vía de los atentados no puede ser aceptada; menos aún validada como una razón para priorizar un caso sobre otro.
Es de esperar que esta decisión tomada desde la autoridad regional contribuya en esa dirección.