Juan Vargas Oñate
"He venido a interponer la querella criminal contra todo aquel que resulte responsable por los atentados de ayer, utilizando para ello la herramientas que nos da la Ley de Seguridad del Estado". De esta forma la gobernadora de Valdivia e intendenta (s) de Los Ríos, Patricia Morano, explicó el procedimiento seguido en los tribunales y que había sido anunciado por el Gobierno para hacer frente a los ataques incendiarios perpetrados por desconocidos en el sector rural de Malalhue, en la comuna de Lanco.
Cabe recordar que en este lugar y de madrugada un grupo de cuatro encapuchados que aún no han podido ser identificados, atacó a los trabajadores que iniciaban a esa hora la cosecha forestal del fundo Aedo, de propiedad de la Forestal Mininco, procediendo a incendiar camiones y máquinas que dejaron perdidas del orden de los mil millones de pesos para los contratistas de la faena.
En esa línea, la autoridad se mostró enfática al señalar que "esperamos que la violencia no se instale en la región y estamos haciendo todas las coordinaciones para ello. Ayer tuvimos una serie de reuniones, tanto con los afectados como con las policías y seguiremos redoblando los esfuerzos para frenar esta situación".
Apoyo gremial
En otra arista de este caso, la Asociación de Contratistas Forestales A.G., a través de su presidente, René Muñoz Klock, reveló ayer un balance general con las pérdidas materiales provocadas por los atentados incendiarios registrados entre 2014 y 2016, en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
En el documento se indica que la factura por el daño y el perjuicio económico causado alcanza los 8 mil 851 millones de pesos (12,7 millones de dólares), a lo que el directivo agrega que "lo más preocupante es el daño sicológico por el temor que infunden estos actos terroristas en los trabajadores forestales, que manejan los camiones y las maquinarias, ya que éstas no pertenecen a las grandes firmas, sino que son parte del patrimonio de una serie de empresas contratistas que, al final, son las más perjudicadas", puntualizando que "si vemos en perspectiva estas cifras, podemos afirmar que desde el año 2014 hasta lo que va de 2016 han sido 94 las máquinas y camiones destrozados por los atentados, lo que para un pequeño contratista y sus trabajadores, lógicamente implica perder sus herramientas de trabajo y ocupaciones laborales", apuntó Muñoz.
No son aislados
Para el presidente de la asociación,"se hace necesario que desde el Gobierno cambie el discurso y se deje de estimar esto como hechos aislados, aceptándose que definitivamente la violencia terrorista se trasladó hasta la región de Los Ríos".
También que "son los medianos contratistas los más afectados junto a sus trabajadores, muchos de los cuales ya han presentado licencias siquiátricas, después de haber sido amenazados con armas de fuego por encapuchados y ver cómo su camión o su herramienta de trabajo arde en llamas".
LA MAQUINARIA
En el desglose de las cifras que entrega la organización gremial penquista, aparecen 36 camiones forestales destruidos, además de 12 maquinarias forestales de tipo trineúmatico, 8 excavadoras, 8 skidder, 7 torres de madereo, 4 feller (cortadoras), 4 grúas, 3 procesadoras, 3 furgones de traslado de personal, 2 buses, 2 cargadores frontales y una camioneta.
"Lo peor es que estamos viendo que la violencia se sigue extendiendo a otras regiones, sin que el Gobierno asuma un control, ni siquiera en el Biobío y La Araucanía, donde radican los principales focos del conflicto", concluyó Pedro Muñoz.
COLABORACIÓN
Por su parte, el lado, el gerente de asuntos públicos de CMPC Forestal, Augusto Robert Schwerter, comunicó oficialmente que los vehículos y maquinaria destruida en el fundo "Aedo", que eran de propiedad de la empresa de servicios forestales Natalhue, fueron cinco camiones, una grúa, dos skidder y una ordenadora, propiedades de empresas de servicios Forestal Los Ríos y Transportes Krusse.
Agregó que la Forestal Mininco rechazaba "enérgicamente este tipo de actos y pondrá a disposición de las autoridades, todos los antecedentes que sean necesarios en el marco de la investigación de este caso".
La Corma pidió actuar "con urgencia"
La Corporación de la Madera (Corma) llamó ayer al Gobierno, a ambas policías y a la justicia "a actuar con urgencia ante estos nuevos atentados en Los Ríos" ya que "hay que desarticular a los grupos violentistas que tienen atemorizados a los trabajadores forestales y destruyen la maquinaria". A través de un comunicado público, además, el presidente del gremio, Fernando Raga, expresó su solidaridad frente al pesar y la angustia de los trabajadores y contratistas afectados. "Vemos con preocupación cómo se continúan violando los derechos constitucionales al trabajo, al desarrollo de actividades económicas, a la propiedad privada y a virir en paz", dijo.
