Mabel González / Agencias
Dilma Rousseff estaría analizando renunciar a la Presidencia de Brasil y convocar a elecciones anticipadas para el 2 de octubre, según publicó ayer el diario O'Globo. De acuerdo con ese medio, este viernes la Mandataria enviaría al Congreso una enmienda constitucional con el fin de adelantar los comicios presidenciales al 2 de octubre próximo.
La Mandataria, que podría afrontar un juicio político con fines de destitución si el Senado aprueba la próxima semana el proceso, ha dicho en varias oportunidades que "luchará hasta el final", en alusión a que no dimitirá.
Sin embargo, el rotativo brasileño sugiere lo contrario y detalla que Rousseff cuenta con el apoyo de la mayoría de sus ministros para llamar a elecciones anticipadas. Faltaría consenso, sin embargo, en los movimientos sociales.
Citando a fuentes del círculo del Vicepresidente Michel Temer, O'Globo señaló que la gobernante podría hacer el anuncio a través de una cadena nacional y que en su mensaje exigiría también la renuncia de su número dos, quien ha considerado que adelantar los comicios sería "un golpe de Estado". Temer rompió la alianza con la Presidenta hace un par de meses y sería quien asumiría el Ejecutivo en caso de que Rousseff sea llevada a un "impeachment".
El miércoles de la próxima semana sería un día clave para la administración de Rousseff, pues esa jornada el Senado podría aprobar el comienzo del juicio político en su contra. Si ello ocurre, Dilma sería apartada de su cargo por 180 días y reemplazada por Temer.
Con la renuncia de Rousseff y la convocatoria a elecciones, en el entorno de la Jefa de Estado se buscaría evitar que el "impeachment" se concrete y se complique aún más la situación.
"jueces reos"
A medida que avanza la solicitud de un juicio político, Rousseff ha venido resaltando en los últimos días los procesos que enfrentan los miembros del Parlamento, sus jueces, y al parecer tendría razón.
Según las últimas estadísticas recogidas por Congreso en Foco, un portal especializado en asuntos legislativos, 30 de los 81 senadores de Brasil, el 37% del total, y 148 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados (28,8%), son investigados o ya enfrentan procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF) en la condición de reos.
Las estadísticas de Congreso en Foco se limitan a los casos abiertos por la máxima corte de Brasil, la única que puede procesar a los congresistas por su fuero privilegiado, pero hay cientos de investigaciones paralizadas en tribunales de primera y segunda instancia contra los legisladores de ambas cámaras.
De acuerdo con los datos recogidos por la organización no gubernamental Transparencia Brasil, 298 de los 513 diputados, es decir el 58% del total, tienen cuentas pendientes en la justicia, tanto en la máxima corte como en tribunales inferiores.
"Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto", afirmó la Mandataria en un reciente discurso en la ciudad de Salvador.
De los 20 diputados investigados por el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, 15 votaron a favor del juicio político, cuyo argumento es el presunto "maquillaje" de unas cuentas fiscales por parte del Gobierno de Rousseff.
Piden investigar al líder de la oposición
La Fiscalía brasileña pidió autorización a la Corte Suprema para abrir investigaciones contra varios políticos por su supuesta responsabilidad en los desvíos en la petrolera estatal Petrobras, entre los cuales figura el principal líder de la oposición, senador Aécio Neves. La solicitud fue enviada a la máxima corte de justicia del país debido a que todos los acusados son parlamentarios y tienen fuero privilegiado, según la Procuraduría General de la República (Fiscalía).
