Luego de semanas de discusión en torno a los puntos pendientes de la reforma laboral, que fueron impugnados por el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno descartó un cambio constitucional y anunció ayer que tramitará "a la brevedad" el veto al proyecto.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, junto a sus pares Rodrigo Valdés (Hacienda) y Ximena Rincón (Trabajo), leyó un escrito que explicó en detalle la decisión tomada por la Presidenta Michelle Bachelet.

"De acuerdo al análisis realizado no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar implicando una precarización de las relaciones laborales", indicó el comunicado dado a conocer por Díaz. Una vez aprobado el veto, se procederá a promulgar la reforma laboral sin la titularidad sindical. Sin embargo, el Gobierno puntualizó que "la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa".

La Moneda destacó que la reforma "sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia". A la vez, remarcó que impulsará iniciativas para ampliar el empleo y mejorar las capacitaciones con miras a aumentar la productividad.

Falta de acuerdo

El Ejecutivo resaltó la "ausencia de voluntad" por parte de la oposición. "Para avanzar en esa línea era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene", argumentó.

Al respecto, Valdés señaló que "hicimos esfuerzos por varias semanas tratando de construir un acuerdo que dejara una posibilidad mejor en la ley, pero no tenemos los votos para poder hacerlo y no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo". "Por lo tanto -continuó- la decisión de la Presidenta ha sido ir adelante con el veto y terminar la discusión de la reforma laboral con esto".

En tanto, Rincón anticipó que "habrá mucha judicialización respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer".

Finalmente, el Gobierno descartó impulsar más cambios en materia laboral. "En ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de relaciones laboral, focalizando sus esfuerzos en una adecuada y oportuna implementación".

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, destacó el reconocimiento que hizo el Gobierno ante la falta de comprensión de la titularidad sindical y señaló que esta ley es un "primer paso" para profundizar en una nueva institucionalidad laboral.

"Saludamos que en este marco y resguardando los pilares fundamentales, el Ejecutivo también haga el llamado a aprobar el veto, porque con eso se despeja todo potencial abuso que se pudiera ejercer en el marco de esta nueva legislación como aquello que permitía el pacto de adaptabilidad", indicó Figueroa.