Un avión de la empresa chilena Latam que venía desde la ciudad alemana de Frankfurt hacia Santiago, activó los protocolos de emergencia a bordo y debió aterrizar en el aeropuerto de Barajas de Madrid solicitando prioridad. Según informó AirLive, "el comandante del vuelo reportó una posible emergencia y activó los servicios de apoyo del aeropuerto, esto tras ser alertado por la tripulación de la eventual presencia de gases provenientes de la bodega del avión". Los pasajeros del vuelo LA705 debieron desembarcar de la aeronave que se vio rodeada de carros de bomberos y vehículos policiales. Latam informó que no se registraron pasajeros afectados.

Como una "política pública histórica" calificó la Presidenta Michelle Bachelet la nueva ley de etiquetado de alimentos, que entró en vigencia el lunes y que la Mandataria aseguró que no busca "prohibir". "Las personas comprarán lo que quieran. Lo que nosotros queremos hacer es asegurar el derecho a elegir lo que es más sano para ellos y para sus familias, y la única manera de elegir bien es que tengamos la información correspondiente", comentó. Asimismo destacó que se trata de "una regulación inédita en el mundo" que sigue las recomendaciones de organizaciones como la OMS y la OCDE. Por otro lado, el Minsal anunció que tomará muestras a la "Cajita feliz", de McDonald's, tras la polémica desatada entre la compañía y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la U. de Chile (INTA). La cadena emitió una declaración en la que sostuvo que ese producto cumple con los límites establecidos por el INTA, que a su vez acusó que no realizó un muestreo representativo, sino sólo un análisis de muestras que fueron entregadas por McDonald's.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva ayer en la investigación sobre las irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), proceso que comenzó hace ya 13 años y que fue investigado por la ministra Gloria Ana Chevesich.

En un fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, de agosto de 2014, que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP. Por otro lado, la sala integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Valderrama confirmó la sentencia dictada en primera instancia por Chevesich, que condenó a otras 13 personas, entre ellos el ex ministro del MOP durante el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, Carlos Cruz, quien fue condenado a tres años y un día de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado.

Otro de los condenados fue el ex jefe de finanzas de la Dirección de Concesiones del MOP, quien recibió cinco años de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado y Óscar Araos Guzmán, que fue sentenciado a 541 días de presidio por el mismo delito. El senador de la UDI Víctor Pérez, querellante del caso, valoró el trabajo de Chevesich, de quien dijo que "dio un ejemplo", según consignó Cooperativa.

El diputado de la UDI Felipe Ward anunció ayer que recurrirá al Ministerio Público para pedir que se formalice al ex administrador de La Moneda Cristián Riquelme, luego que ayer se conoció que es indagado por la fiscalía por un eventual fraude al Fisco. "Esta investigación que está iniciando la Fiscalía demuestra que siempre tuvimos la razón en lo que respecta a la responsabilidad del ex administrador de La Moneda", dijo Ward. Riquelme renunció a La Moneda en febrero pasado luego de que se revelara que dos empresas creadas por él y manejadas por sus cercanos habían firmado contratos con el Estado por $ 417 millones entre 2013 y 2015.

Luego de que algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría le pidieran al Gobierno que se tramite el proyecto de despenalización del aborto en tres causales antes de las elecciones municipales de octubre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, aseguró que se darán los espacios para el debate "sin eternizar" la discusión. "Estamos llevando adelante el debate de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de tres causales en el Parlamento", dijo. "Estamos hoy en la Comisión de Salud y hemos estado conversando tanto con la presidenta de la comisión como con los demás senadores, acotando ya las audiencias y empezar a colocarnos ya con fechas más claras a partir de la próxima semana", agregó. El proyecto está en su segundo trámite constitucional en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados en marzo.

Carolina Collins

Con firma quincenal y arraigo nacional quedó el ex ministro Laurence Golborne, quien fue formalizado ayer por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas, en el marco del caso Penta.

Esto luego de que el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, desestimara la petición de la fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habían solicitado arresto domiciliario total, que habían argumentado que esa medida cautelar era acorde a la gravedad y la reiteración de los hechos imputados al ex candidato presidencial.

Sin embargo, el tribunal consideró que las medidas cautelares aplicadas eran suficientes para seguir adelante con el proceso de investigación. Pese a esto acogió la petición de dejar a Golborne con arraigo.

El tribunal consideró en su resolución como un atenuante que el ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera colaboró con la investigación, al acceder a declarar ante la fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público había señalado que su testimonio no podría ser reconocido porque omitió antecedentes clave, como mencionar a otras 10 empresas que habrían contribuido con recursos para financiar su campaña.

El ex candidato presidencial de la UDI fue formalizado por la emisión de facturas ideológicamente falsas por servicios que no habrían sido prestados a varias empresas -entre ellas Penta, BCI y Ripley- por un total de $378 millones entre los años 2012 y 2014, según los datos recopilados por el Ministerio Público.

De ese total, $218 millones fueron recibidos a través de la empresa Vox Comunicaciones y $160 millones por facturas emitidas por VSA y Siglo Outsourcing.

Según los antecedentes recopilados por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, esos dineros fueron utilizados para financiar las campañas senatorial y presidencial de Golborne.

"Juicio político"

Tras ser formalizado, el ex secretario de Estado acusó que en su caso ha existido un "un juicio político donde se está acusando de manera distinta a diferentes actores", a la vez que rechazó haber cometido delitos tributarios.

"No me voy a escudar en lo que otros hicieron o en la situación que otros estén viviendo, yo asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a someterme a los tribunales para llegar a determinar que desde el punto de vista tributario, no he cometido delito alguno", dijo al salir de la audiencia.

"Están claros los hechos que reconozco, sin embargo, desde el punto de vista tributario, la acusación que formula la Fiscalía, creo que no es correcta, no he cometido delitos tributarios", enfatizó. El ex ministro argumentó que "en la ley electoral no existía ningún mecanismo de financiamiento para las pre campañas políticas".

El martes el fiscal nacional Jorge Abbott había asegurado que la fiscalía estaba en "conversaciones" con la defensa del ex presidenciable para llegar a un juicio abreviado, negociación que no prosperó.