Hace pocos días el ministerio de Vivienda (Minvu) anunció que entregará mil 600 subsidios para ampliar, reparar y acondicionar térmicamente casas ubicadas en distintos sectores de la región de Los Ríos. El beneficio es parte del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF, o 3PF) y su meta es ayudar a la mantención de viviendas familiares más antiguas, cuyos dueños no tienen recursos para realizar este cuidado periódico.

Se trata de una iniciativa estatal muy positiva, que también se inscribe entre las ideas para enfrentar los problemas ambientales, pues un recinto bien acondicionado y eficiente necesita menos calefacción y ocupa menos leña.

Estos fondos anunciados ahora se suman en un total de casi 21 mil entregados desde 2006 a la fecha por el Minvu en la región y que, a la vez, forman parte de un programa nacional que ha beneficiado a 865 mil familias en todo el país en un período de 10 años. Las cifras locales, juntos con las de Aysén (14 mil) son las más bajas de la zona sur (Los Lagos suma 35 mil y La Araucanía 91 mil), pero se espera que aumenten, con la próxima aplicación del plan de descontaminación de Valdivia.

Desde estas perspectivas, la ejecución de los PPPF significa una buena noticia por partida doble. Por una parte se traduce en una ayuda real y tangible para mejorar la habitabilidad de los espacios donde viven las personas de los sectores más vulnerables de Los Ríos; pero además implica un aporte a la economía local, pues todos los trabajos se desarrollan en la zona, con empresas constructoras en su mayoría locales e insumos aportados también desde la región. Es decir, hay una necesaria asociación público-privada, que se traduce en beneficios múltiples, si se aplica de la manera adecuada.

Sin dudas, este tipo de acciones positivas y coordinadas son las que siempre quisieran verse en marcha en esta sensible área para la comunidad. Lamentablemente no ocurre así en el tema de las viviendas sociales, donde la polémica política constante y la descoordinación que se han visto en los últimos días, impiden el avance de obras necesarias y urgentes.

La Constitución Política de la República, junto con reconocer ciertos derechos fundamentales, por su importancia les otorga una tutela especial a través del recurso de protección, acción de tramitación brevísima, destinada a restablecer de manera urgente el imperio del derecho cuando ha sido quebrantado. Usando ese mecanismo jurídico, diversas autoridades comunitarias y personas naturales recurrieron de protección reclamando de la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión de la ANFP de cobrar al Torreón S.A.D.P. una cuota de incorporación de 50 mil UF (mil 300 millones de pesos) como condición para participar en el Campeonato Nacional de la Primera B. Adujeron que esa medida lesionaba diversos derechos fundamentales, entre otros el de igualdad ante la ley y el de propiedad.

Como es públicamente conocido, la Corte de Valdivia declaró ilegal el acto de la ANFP y acogió las protecciones reclamadas. En sentencia de segunda instancia, del martes de esta semana, la Corte Suprema revocó lo resuelto por la Corte de Valdivia, con el argumento de haberse interpuesto fuera de plazo los recursos. Ese razonamiento, básico y elemental, lo dedujo la Corte de los antecedentes del expediente, de los que constaba que el 23 de abril de 2016 el Presidente del Club de Deportes Valdivia sabía de la necesidad de pagar si es que Valdivia llegaba a Primera B, pues ya en esa fecha al ser consultado cómo se enfrentaría el pago de los derechos para competir había declarado al Diario Austral que "la traba está vigente, pero se puede llegar a buenos términos (…)". O sea -en términos de la Corte Suprema- "los recurrentes no podían menos que conocer en forma previa al acuerdo, lo concerniente a la obligación que pesaba sobre el Club en el evento de pasar a Primera B, y ello, en una fecha anterior a la que señalan y que puede fijarse, de acuerdo al tenor de la publicación aludida, a lo menos a partir del 23 de abril de 2016".

Siendo así, la Corte Suprema terminó por rechazar los recursos interpuestos, pues siendo éste un mecanismo excepcionalísimo de protección de derechos fundamentales, el plazo para reclamar es breve, de 30 días, de manera que si se sabía de la exigencia del pago al menos el 23 de abril de 2016, al interponerse los recursos el 31 de mayo y 6 de junio de 2016, claramente se había extinguido el derecho de los afectados.

Luis E. Ulloa Rosas Director Derecho de la Universidad San Sebastián Valdivia

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