El próximo jueves 24 en la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, los rectores de las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch), discutirán en la última sesión plenaria de 2016 su postura frente al presupuesto en educación 2017.

Ante este panorama, el rector de la Universidad Austral de Chile (Uach), doctor Oscar Galindo, explicó que entre algunos de los temas que plantearán está "el incremento del 5% del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que es un acuerdo formal que tiene alto impacto y estaba en la planificación presupuestaria de todas las universidades del Cruch. Lamentablemente, en el presupuesto 2017 no se respetó el acuerdo ni se incrementó el AFI"

Y agregó que "en las universidades del G9, los fondos basales en general se vieron gravemente disminuidos y los fondos concursables también y no compartimos esa lógica".

Respecto de la postura parlamentaria respecto al presupuesto en educación 2017, Galindo destacó el planteamiento debido a que "es lo que hemos manifestado desde que se ingresó el proyecto de ley de presupuesto de este año".

Reforma

Sumado a lo anterior, la autoridad académica explicó que comunicacionalmente el Consejo de Rectores no participa de las ideas que están incorporadas en el protocolo de acuerdo y que en términos generales han manifestado su desacuerdo con la "vaguedad y ambigüedad que presentan las indicaciones".

"No vemos un fortalecimiento de la educación superior pública que vemos como Cruch", finalizó Galindo.

Victoria Gatica Villegas

El jueves 17, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2017 para educación, que incluye la glosa sobre gratuidad. Ante esta situación, parlamentarios de Chile Vamos anunciaron que acusarán discriminación arbitraria ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los motivos que esgrimen para la acusación se sustentan en que "no se pueden beneficiar las instituciones públicas por sobre las que son privadas". En ese sentido, la parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Ena von Baer, quien es integrante de la Comisión de Educación del Senado, calificó el hecho como "un nuevo error del Gobierno y un grave incumplimiento de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional".

¿Cuáles son los problemas que presenta la glosa?

-El problema de la glosa es que el año pasado nosotros fuimos al Tribunal Constitucional, y éste estableció que la única razón por la cual uno podía entregarle a un estudiante o no una ayuda era por la calidad de la institución y el nivel socioeconómico del estudiante, y el resto de razones serían discriminación arbitraria.

¿En qué se traducen dichos problemas?

-Cuando revisamos la glosa de este año, nos encontramos con que un estudiante de un nivel socioeconómico al que le corresponde ayuda estudiantil, que va a una universidad privada que, por ejemplo, tiene tres años de acreditación, no puede recibir gratuidad, porque para las universidades privadas se establece que tienen que cumplir ciertos criterios, dentro de los cuales está el que deben tener como mínimo cuatro años de acreditación; pero un estudiante que va a una universidad estatal, que no está acreditada, sí puede recibir ayuda estudiantil.

Aquí hay una discriminación evidente, porque la discriminación no se establece por calidad, sino por el hecho de ser la institución estatal o pública; y, por lo tanto, éste es un error del Gobierno, que está cayendo en los mismos vicios del año pasado. Entonces, va a tropezar con la misma piedra, porque nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional a objetar la glosa, porque esto es discriminatorio frente a los estudiantes.

Recursos

¿Y cuál es la situación con los fondos basales?

Antes, el financiamiento directo a las universidades del G9 y las estatales, iba junto. El año pasado, el Gobierno las separó, diferenciando entre las estatales y el G9. En ese tiempo yo dije que iba a ser el inicio de la discriminación entre estatales y G9. Aquí pasan dos cosas. Una es que el Estado durante el gobierno del Presidente Piñera se comprometió con las universidades del G9 que iba a haber un aumento del 5% de los fondos basales, principalmente para investigación y lo que hizo el Gobierno este año, es entregarle casi completamente el 5% y a las universidades del G9 no.

Antes, las universidades del G9 tenían un financiamiento muy importante, que llegaba a través del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que llevan a las universidades los estudiantes con más alto puntaje PSU. El Gobierno eliminó por glosa de presupuesto algo que estaba establecido por ley permanente, eliminó el AFI y esta plata no la restituyó y eso significa que cuando uno ajusta la cifra que le debiera llegar al G9 por el AFI, debieran aumentar en su presupuesto en un 22,9% y lo hacen apenas en un 15%.

"El Gobierno eliminó de la glosa de presupuesto algo que estaba establecido por ley permanente, como era el AFI".

Ena von Baer, Senadora de la UDI."