En 2014 y tras una crítica al gobierno anterior por la asignación de subsidios a familias que no contaban con posibilidades reales de recibir una vivienda, las autoridades de Los Ríos anunciaron que destinarían fondos especiales para comprar terrenos donde edificar casas sociales. Por diversos motivos esa idea no se materializó de la manera anunciada; pero esta semana se dio un nuevo paso que permitiría esperar que sí lo haga: el Consejo Regional (Core) aprobó destinar 4 mil 989 millones de pesos al Programa de Adquisición de Viviendas Sociales para 8 comunas, en un plazo de dos años.
La idea es transferir fondos al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para comprar 14 hectáreas durante 2017 (en Valdivia, Lanco, Mariquina, Paillaco y Río Bueno) y otras 32 hectáreas en 2018 (Los Lagos, Máfil, Futrono y Lanco).
Se trata de una excelente noticia y también de una información que habla bien de la sintonía de las autoridades con las necesidades reales de la gente. De hecho, al Core no le corresponde priorizar este tipo de iniciativas, pero al hacerlo ayuda a resolver una parte del problema que enfrentan las personas que no cuentan con un lugar para vivir, ni los medios para adquirirlo por cuenta propia, sin ayuda del Estado.
Se calcula un déficit de 8 mil viviendas sociales para familias en estas condiciones, además de otras 573 familias que habitan en campamentos (13 en toda la región, según datos de Techo), 117 de las cuales no figuran ni siquiera en el catastro oficial del gobierno.
Sin duda que, en este escenario, la decisión del Core es un avance. Pero, junto a ella, es necesario que se mantenga un seguimiento oficial al tema, para que se llegue con eficiencia y en plazos razonables a las soluciones habitacionales que se buscan.
Lamentablemente, hay varios ejemplos en la región de proyectos abandonados o de lento avance, que prolongan las esperas de las familias más vulnerables por muchos años y que finalizan con entrega de casas con deficiencias en diseño, construcción o aislación.
Sería muy positivo que, si se destinará recursos regionales a este fin, el mismo Consejo Regional ordene supervisar los resultados de la inversión.