Claudia Muñoz David

Una investigación desarrollada por la Contraloría General de la República detectó que existieron algunas irregularidades en la entrega de beneficios a las personas que se vieron afectadas por la emergencia por Marea Roja ocurrida el año pasado.

El informe emitido el 12 de mayo por el organismo fiscalizador indicó que fueron realizados pagos por bonificaciones a personas que se encontraban prestando servicios en entidades públicas, lo que no estaba permitido. En total fueron pagados 4 millones 800 mil pesos a nueve empleados, quienes estaban trabajando de planta, a contrata u honorarios. Dos de esos casos se registraron en la región de Los Ríos.

Según el informe, uno de los beneficiarios prestaba servicios en la Municipalidad de Valdivia. La investigación indicó que se trata de una persona que en el momento de la fiscalización se encontraba a contrata, quien recibió tres pagos, uno por 300 mil pesos y dos por 150 mil.

La segunda persona de la región pertenece a la Municipalidad de Mariquina y en el momento de la auditoría se encontraba bajo el régimen "Código del Trabajo". Recibió 600 mil pesos en tres pagos.

El resto de los dineros cuestionados fueron entregados a personas que ejercían en las municipalidades de Puerto Montt, Ancud, Fresia y Maullín, en la Armada y la Subsecretaría de Salud Pública. Contraloría determinó que los dineros deben ser devueltos.

El director zonal de Subpesca región de Los Lagos, Juan Gutiérrez, indicó que existían dos maneras de recibir el beneficio. Una de ellas era estar inscrito un registro pesquero oficial. La otra vía era que una municipalidad acreditara con una ficha de emergencia que la persona se encontraba afectada. "Pudo ocurrir que alguien estuviera inscrito en alguna organización afectada por la emergencia, haberla dejado, pero no haber renunciado a ese sindicato o que el registro no hubiese sido actualizado. Esa persona podría haber ido a la universidad y terminar sus estudios o haber ingresado a trabajar a una municipalidad y haber recibido el beneficio", explicó.

Tras ser consultados, desde la Municipalidad de Valdivia se señaló que no han recibido ninguna información respecto de algún funcionario supuestamente involucrado en la investigación, por lo que indicaron que no pueden emitir un pronunciamiento al respecto. Mientras que desde la Municipalidad de Mariquina informaron que tampoco han sido notificados y que una vez que ocurra, y que sea analizado por el equipo jurídico de la administración comunal, se entregará una postura respecto al tema.

El marketing digital fue materia de análisis ayer en el seminario organizado por la agencia Punto Creativo. En el encuentro, Rodrigo Saavedra, gerente general de IAB en Chile, afirmó que el país tiene un nivel de desarrollo en materia de tecnología muy similar al de España y Francia, los que destacan en ese ámbito, y que probablemente en América es el que tiene uno de los principales alcances en el ámbito del internet, con cerca del 80 por ciento de la población conectada.

En esa línea, indicó que "el caso de Chile es súper particular, porque efectivamente adoptamos muy rápido el tema de la tecnología y de internet como una herramienta de comunicación y vinculación social". Desde la perspectiva de las comunicaciones comerciales o el marketing más tradicional, dijo que "vemos que ha evolucionado muy profundamente y que Chile tiene un alto estándar, no sólo en Santiago sino que en todo el país", por lo tanto -destacó- la proyección está alineada al desarrollo de la industria global.

Saavedra explicó que el uso de lo digital permite desde hacer la comunicación hasta finalmente ejecutar una venta. "La experiencia completa de este proceso entre una marca y un consumidor se puede dar a través de una misma plataforma", precisó y además destacó que las comunicaciones comerciales, la publicidad y el marketing ya no son privilegios de las grandes marcas.

En ese sentido, valoró que "hoy en día cualquiera puede hacer comunicación, una marca pequeña, una persona que tiene un emprendimiento, por lo tanto los espacios se abren de manera fantástica y yo creo que ésos son los desafíos que tenemos como ciudadanos, como emprendedores, como empresarios, que aprendamos procesos y metodologías que nos ayuden a hacer mucho mejor nuestro trabajo, pero además a conectarnos con nuestras audiencias y nuestros clientes, a las personas con que nosotros queremos vincularnos".

En materia de innovación, Saavedra indicó que en Chile existen desarrollos importantes y de una "calidad extraordinaria"; sin embargo, dijo que "nos cuesta mucho el proceso de innovación, somos probablemente como país más conservador o no hemos desarrollado tanto nuestra fuerza de investigación y educación".

La gerente general de la consultora de Asesoría Ambiental PGP, Pamela Godoy -imputada por un eventual delito de falsificación de documentos- reiteró ayer que "siempre contamos con la autorización del antropólogo (Jaime Hernández), lo cual está respaldado en el envío de su información a través de correo electrónico". Godoy fue imputada, junto a Paulo Alarcón, luego de la denuncia efectuada por Hernández por el uso de su firma digital en informes que el profesional elaboró relativos al proyecto de centros de engorda de salmones en las costas de Valdivia y Mariquina. Al respecto, Carole Montory, abogada de Godoy, explicó que los informes encargados al profesional estaban vinculados a las comunidades indígenas aledañas al proyecto y que existiría un conflicto de intereses de parte de Hernández, "porque él además asesora a las comunidades indígenas que se oponían a este proyecto", precisó Montory, quien recalcó que en la audiencia fijada para el 21 de agosto se le comunicarán los cargos a Godoy y que en ningún caso "esto significa que ella sea culpable".

La seremi de Vivienda de Los Ríos, Javiera Maira, confirmó que el proyecto de construcción del Puente Los Pelúes de Valdivia será sometido al Sistema de Evaluación Ambiental. Indicó que la programación está diseñada para que esto ocurra a finales del segundo semestre de 2017. "En el marco del trabajo que hemos socializado y de la decisión que encabezaron los ministros de Vivienda y de Obras Públicas siempre estuvo en la planificación el ingreso al sistema, sobre todo porque estamos afectando una zona típica", dijo Maira.

Sobre este mismo punto, la Contraloría General de la República emitió un informe debido a un requerimiento realizado por Felipe Guerra, José Araya, Fernando Lataste y Cecilia Agüero. En ese documento se indica que "es obligación del SEA aplicar correctamente el criterio de significancia invocado, de manera de cautelar que los proyectos que son aptos para generar impactos ambientales en áreas que han sido puestas bajo protección oficial para el resguardo de recursos de valor patrimonial o natural sean objeto de la correspondiente evaluación de impacto ambiental".