La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un recurso de protección, interpuesto por apoderados y la comunidad educativa escolar del liceo Rodulfo Amando Philippi, de Paillaco, en contra de los representantes del establecimiento educacional y el municipio local, por no haber autorizado una reunión extraordinaria, convocada por los alumnos. Además, por solicitar a Fuerzas Especiales de Carabineros el desalojo de las dependencias , tras la toma del recinto educativo.

En fallo unánime , la Primera Sala del tribunal de alzada, que integraron por el ministro Juan Ignacio Correa, la fiscal judicial María Heliana Del Río, y el abogado integrante, Claudio Novoa, estimó que si bien se denuncia la vulneración de derechos constitucionales previstos en el artículo 19 N° 4, 12 y 13 de la Carta Fundamental, "no se individualizan hechos concretos, ni se solicita medida cautelar alguna para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los recurrentes".

La sentencia, agrega que al igual que lo acontecido en la toma del 26 de mayo, la decisión de la directora (i) del establecimiento, de solicitar la presencia de Carabineros, con el objeto de ayudar a disuadir a los manifestantes el día 12 de mayo de 2017, "no puede tacharse de ilegal, desde que dicho recurso constituye el empleo legítimo de la fuerza".

Juan Vargas Oñate

El fiscal jefe de La Unión Raúl Suárez, confirmó ayer que las osamentas halladas en el terreno donde se construye la nueva Tercera Comisaría de Carabineros de esa comuna, no son humanas. "Los restos corresponden a un animal, que podría ser un vacuno", aseguró Suárez.

Indicó, que la conclusión respecto de los aproximadamente 14 fragmentos óseos, hallados por un trabajador, se hizo en una reunión que sostuvo con peritos del Servicio Médico Legal, la Brigada de Homicidios de la PDI , y también con un antropólogo y un arqueólogo.

En este sentido, descartó de plano, que dichos restos óseos pudieran tratarse de algún animal prehistórico.

No hay delito

Señaló que ahora, está a la espera los respectivos informes técnicos por escrito, entre otros, algunos de orden planimétricos, así como de declaraciones de algunas personas, interrogadas por la PDI.

Dijo que estos informes revisten el valor de poder acreditar ante el tribunal, que el hallazgo de dichas osamentas, por no ser humanas, no constituyen una razón para abrir una investigación por un posible delito. En atención a estos datos, decretó levantar la medida que mantenía suspendidas las obras de edificación en el recinto, informándose al ministerio de Obras Públicas y la empresa a cargo del proyecto. Los fragmentos óseos los mantuvo por varios días en su poder un trabajador de la obra, quien luego de ser despedido, decidió mostrarlos a la PDI, haciendo la respectiva denuncia.

Los familiares de Andrés Soto Verdejo (40), quien se encuentra privado de libertad desde mayo de este año en la cárcel de Río Bueno, anunciaron que a través del abogado Mauricio Aguilera, pedirán el lunes próximo en una audiencia en el Juzgado de Garantía de La Unión, revisar la medida cautelar de prisión que recae sobre él, alegando que es inocente y que los cargos que se le imputan, "no están debidamente acreditados".

Soto fue formalizado por la Fiscalía de La Unión, luego que una menor de 17 años, dijera haber sido víctima de los delitos de secuestro y violación.

El tribunal, en la audiencia de formalización, decretó la medida de arresto domiciliario, mientras se efectúa la investigación. Sin embargo, al apelar el fiscal Raúl Suárez, la Corte de Apelaciones revocó la medida de primera instancia, decretando la prisión preventiva.

La esposa del imputado, dijo que esta "injusta situación", les ha provocado "un gran perjuicio moral como familia".