La región de Los Ríos tiene 36 lugares declarados como Monumentos Históricos, con antecedentes tan diversos como las casonas de la Calle General Lagos; los fuertes y torreones españoles en Corral, Valdivia y Mariquina; la empresa carbonífera de Pupunahue de Máfil y los puentes de Río Bueno. Además, cuenta con 5 lugares declarados como Zonas Típicas y un Santuario de la Naturaleza (Carlos Anwandter).
Todos esos espacios, reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, han sido reservados para su conservación. Por lo mismo, debe existir hacia ellos especial de cuidado, entrega de información a la comunidad y de protección, que incluya mantenciones periódicas, algo que supone involucrar -por costos, especialmente- el apoyo de municipios, ciudadanía y autoridades regionales.
Lamentablemente, no es sencillo cumplir con esas obligaciones y en muchas ocasiones un inmueble o un espacio público convertido en Monumento, demanda grandes inversiones y limita los planes de desarrollo que pueda incluirlos. Ejemplos hay múltiples, como el de los torreones El Canelo y Del Barro, en Valdivia, los cuales presentan un deterioro creciente, aunque han sido protagonistas de múltiples anuncios de planes de protección y puesta en valor.
En el caso de la atalaya construida en calle Yungay con Yerbas Buenas, recién en 2010 fue registrada como un bien público, a pesar de que está protegido desde 1928. En ese lugar el municipio proyectó un espacio amplio, peatonal, que tenía fondos comprometidos, pero que nunca llegó a materializarse. Ahora desde la seremi de Obras Públicas se anuncia un nuevo proyecto, que se encuentra en etapas iniciales, previo al diseño, aún sin financiamiento definidos, pero con la determinación de hacerse cargo de ambos torreones.
Es de esperar que esa propuesta cuente con el respaldo que necesita y que, a largo plazo, la región también considere aportes permanentes, para estos y para otros Monumentos, cuya preservación es importante para mostrar la historia local a las nuevas generaciones. Y en ese afán no basta con una declaratoria. Se necesita recursos y voluntad política comprometida con el patrimonio.