Desconocidos sustrajeron ayer en la madrugada maquinarias del rubro forestal avaluadas en cerca de $4 millones, desde una barraca de madera ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda, en Valdivia.
Una vez denunciado el hecho, la fiscal de turno Tatiana Esquivel instruyó la concurrencia del sección Criminalística Labocar Valdivia, dependiente de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros.
Dos delincuentes (de 29 y 37 años de edad, respectivamente) fueron detenidos por Carabineros cuando intentaban huir con especies sustraídas desde una casa ubicada en la avenida Balmaceda del barrio Collico, en Valdivia. El personal que acudió al llamado -perteneciente a la Subcomisaría Óscar Cristi Gallo- logró recuperar la totalidad de los artículos robados: un televisor, un horno microondas y una impresora. Los ladrones fueron entregados a la justicia, para su posterior formalización.
A cumplir una pena de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción, fue condenado un joven de 17 años de edad, a quien la Fiscalía de Los Lagos llevó a juicio oral, acreditando su responsabilidad en el homicidio de Gustavo Salazar Moya.
Según dijo el fiscal jefe de Los Lagos, José Rivas, el acusado y la víctima llegaron en taxi a un camping ubicado en el sector del puente mecano de esa comuna, donde compartieron por varias horas, bebieron alcohol y compraron drogas. Posteriormente, "el imputado, además de causarle la muerte mediante una herida penetrante con un arma blanca, le sustrajo el dinero que portaba, que ascendía a 118 mil pesos".
El castigo al menor de edad es el más alto que contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y fue solicitado tanto por la Fiscalía como por la abogada Danna Garbarino, del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior.
La sentencia fue dictada por la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia.
Gracias a la obtención de recursos del Gobierno Regional, Río Bueno cuenta con un sistema de televigilancia que permitirá disponer de cámaras de seguridad en cinco establecimientos educacionales, el terminal de buses y la biblioteca municipal.
La iniciativa se logró implementar gracias a los $8 millones 333 mil provenientes de la Línea de Actividades de Seguridad Ciudadana (FNDR 2017) del Gore, gestionados por la Oficina de Seguridad Pública del municipio.
Al respecto y durante la inauguración del proyecto, el alcalde Luis Reyes expresó que "las cámaras de televigilancia son una herramienta muy útil en nuestros establecimientos educacionales. Tenemos el caso de que varias escuelas rurales de nuestra comuna han sido víctimas de robo, perjudicando a nuestros niños (...). La Oficina de Seguridad Pública está desarrollando un muy buen trabajo, que se suma a la obtención de alarmas comunitarias en sectores como La Cantera y Padre Hurtado".
A su turno, Priscila Andía, inspector de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en La Unión, dijo que "para nosotros, es importante que se instalen estos sistemas de vigilancia, porque son muy útiles cuando ocurre algún tipo de delito para que podamos tener evidencias que posteriormente sean enviadas a la Fiscalía".
Finalmente, el coordinador del proyecto de televigilancia, Jorge Solís, explicó que "las cámaras están siendo instalas en cinco colegios y dos entes públicos. El kit cuenta con cinco cámaras más un sistema de monitoreo, donde cada entidad va a utilizarlo por separado".
Los establecimientos beneficiados son el Liceo Vicente Pérez Rosales, Liceo Técnico de Río Bueno, Escuela Pampa Ríos, Escuela Patricio Lynch y la Escuela Rural de Crucero.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a 11 años de presidio efectivo a un hombre de 52 años de edad que violó reiteradamente a la nieta de su ex conviviente, entre marzo de 2015 y julio de 2016, cuando quedaba a solas con la menor. "Los hechos ocurrieron en el domicilio del acusado, quien le daba dinero y regalos a la víctima con la finalidad de que guardara silencio", relató la fiscal María Consuelo Oliva. El Ministerio Público había pedido 15 años de presidio al acusado.
Después de una jornada de campaña política en la localidad de Malalhue, en la comuna de Panguipulli, la candidata a diputada por el partido Ciudadanos, Javiera Arias, fue víctima el sábado recién pasado de una propuesta indecorosa: a través de mensajes de Facebook, un sujeto le escribió: "Yo voto por ti, pero con una condición, una foto tuya desnuda".
Aunque no tenía la intención de dar a conocer el hecho, la insistencia del individuo y la afirmación de "así es la cosa", la impulsaron a conversar con su equipo de campaña y divulgar las capturas del texto recibido a través de las redes sociales.
"Me sentí agredida. No estudié cinco años en la universidad para que aparezca alguien que reduzca mis capacidades, mi ser integral, a un cuerpo. Esto es un ataque no sólo a mí, sino también a todas las mujeres", dijo Arias, quien también fue contactada por un hermano del sujeto de los mensajes, señalándole que el hombre sufre de "retraso mental".
Consultada ayer acerca de si entablará alguna acción legal, señaló que "prefiero dejar este asunto aquí, porque tampoco quiero que se me recuerde como la candidata de la foto desnuda, sino por mi trabajo, mis capacidades como cientista política y como candidata a diputada".
El hecho causó rechazó transversal en Los Ríos.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), la directora regional (s) Andrea Parra expresó que "hablé con Javiera para manifestarle todo nuestro apoyo, porque rechazamos rotundamente lo ocurrido. Nos parece tremendamente necesario que la sociedad reaccione frente a estos hechos, porque no podemos hacer como que no sucede nada o minimizar la ocurrido".
Añadió que "con este hecho debemos sentirnos todas las mujeres tocadas y de ahí pensamos que los frenos sociales son muy necesarios, porque esto claramente da cuenta de cómo los estereotipos machistas tienden a cosificar a las mujeres, lo que constituye en sí violencia de género". ^
Frente a la situación vivida por la profesional, el director regional del Servicio Electoral, Conrado Zülch, manifestó que "el hecho no es competencia del Servel ni de las leyes electorales en general. Esto corresponde analizarlo en los tribunales ordinarios de justicia en lo penal, y es ahí donde la candidata debería ejercer los derechos que le asisten".