Juan Vargas Oñate
Una querella criminal en contra de ejecutivos de la sucursal del Banco Santander en Valdivia, presentó en tribunales Luisa Jacqueline Pérez Caro, clienta de esa institución, quien asegura que su firma fue falsificada para otorgar un crédito por 30 millones de pesos que ella jamás pidió, ni autorizó.
Asegura que se enteró de la situación cuando le llegó un aviso de remate de una propiedad por una deuda que desconoce.
La querella está patrocinada por el abogado Fernando Castro, quien señaló que la acción judicial a favor de su representada, está respaldada con un informe pericial del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, cuyo resultado, prueba que "la firma y anotaciones que aparecen en el pagaré crediticio, no son de la autoría de Luisa Jacqueline Pérez Caro".
El abogado , agregó que el peritaje a la firma, se hizo a requerimiento de la Fiscalía del Ministerio Público en Valdivia, que lleva adelante la investigación. También aseguró que existen otras dos causas civiles en litigio entre ambas partes, a la que se suma ahora la querella criminal.
Desde la Fiscalía Regional se ratificó ayer la orden dada a la PDI para hacer el peritaje a la firma de la querellante, indicándose además, que la situación entre Luisa Jacqueline Pérez, y la entidad bancaria, se investiga desde mayo de este año.
Cobrada en abril
Al ver su situación, la afectada resolvió hacer una auditoría completa a todos sus créditos y descubrió que esta deuda "fantasma" (así la llama ella), apareció a cobro en abril de este año.
"Fue una sorpresa para mí, por lo que solicité al banco mi información bancaria y documentación firmada, pero se negaron sistemáticamente a esto, y también a realizar una auditoría para contrastar los resultados. Por eso inicié acciones legales en mayo", afirmó.
Desde Santiago, la Fiscalía Judicial del Banco Santander, a través del abogado Eugenio Labarca, puntualizó ayer sobre este caso en particular, que "si hay funcionarios de la entidad involucrados, deberán asumir su responsabilidad, y tendrán que ser castigados". También que por el momento, la entidad "ha suspendido la cobranza judicial, hasta que no finalice la investigación que está en desarrollo". Asimismo señaló que se cuestiona el resultado del peritaje caligráfico hecho por la PDI a la firma de la querellante".
"Si hay involucrados deberán responder"
