Carolina Collins

Un día después de que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) diera a conocer los puntajes de de las más de 295 mil personas que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se reactivó un debate, a esta altura habitual de diciembre, en torno a los cuestionamientos al test y la necesidad de reevaluarlo.

Algo que comparte la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien en entrevista con "Cooperativa" opinó que "la prueba no mide aptitudes, sino más bien conocimiento y eso es un tema que produce una distorsión y un perjuicio".

Delpiano manifestó que "ojalá realmente se hagan los estudios necesarios y a mí me parece que debería estudiarse un mejor mecanismo".

Respecto a la educación superior, la ministra Delpiano opinó que "queremos, necesitamos, que la acreditación de las universidades sea obligatoria y que no hayan instituciones no acreditadas".

Las declaraciones de la secretaria de Estado se produjeron tras las críticas del Colegio de Profesores a la PSU, entidad que ayer insistió en la necesidad de que el test de ingreso a la universidad sufra cambios. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, insistió en el llamado al Consejo de Rectores (Cruch) y al Mineduc con respecto a la urgencia de sustituir la prueba, argumentando que ésta reproduce la desigualdad en el sistema educativo y que se debe terminar con las brechas que genera entre regiones, socioeconómicas y de género.

"Este debate no se puede seguir eludiendo: la prueba PSU ha fracasado en lo que pretendió cuando, por allá por el inicio de la década de 2000, se instaló en Chile, se reemplazó la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por esta PSU y a 14 años desde que comenzó podemos señalar claramente que esta prueba ha fracasado, es una prueba que tiene un sesgo clasista brutal, que tiene un sesgo centralista también muy fuerte", dijo Aguilar.

Según alertó el Colegio de Profesores, cerca del 50% de los colegios con mejores resultados está distribuido en la comunas del sector oriente de Santiago.

El oficio entregado por el Ministerio de Justicia que revela que el Estado de Chile gasta $ 724 mil mensuales para mantener a un preso - más del doble de lo que destina para los niños bajo protección del Sename- nuevamente abrió el debate en torno a ese contraste.

Según la información entregada por el ministerio de Justicia, el pasado 30 de noviembre, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (que fue publicada ayer por "La Tercera") la cifra de personas privadas de libertad alcanzó las 41.496, en las que el Fisco gasta $ 30 mil 49 millones cada mes.

Según el oficio, estos gastos incluyen, entre otros, el dinero desembolsado por el ministerio de Salud cuando existen prestaciones médicas; los gastos del ministerio de Educación en las subvenciones de enseñanza y los de Gendarmería.

Pese a la gran brecha entre el gasto del Sename y el de las cárceles, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, opinó que en este debate "se están comparando peras con manzanas". "El costo de tener una persona recluida es del orden de los $700 mil (...) así que ese número del estudio se condice con otros que se han hecho", señaló a radio "Duna".

"Se está comparando (dicha cifra) con la subvención que se le paga a las instituciones que atienden a los niños y que lo hacen en un medio abierto. Es decir, no son comparables con un medio cerrado como una cárcel", agregó.

Johnson destacó que actualmente ha descendido la cantidad de personas recluidas en cárceles porque cumplen condena en libertad, lo que "es una buena noticia para el país".

El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, también salió al paso de las críticas y explicó que la cifra de $ 724 mil mensuales "se obtiene de acuerdo a la Ley de Presupuesto" e incluye "la sumatoria de mecanismos de seguridad social que se entregan a cada una de las personas privadas de libertad".