El ministro en visita Mario Carroza sometió ayer a proceso a Silvia Paulina Brzovic Pérez, pareja del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, como cómplice de secuestro de Cristián Edwards ocurrido en 1991 y por infracciones a la ley antiterrorista, además de solicitar su extradición a Francia, donde fue detenida.

La mujer fue aprehendida el miércoles en París, casi una semana después de la detención de Palma Salamanca, condenado por ser el autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Edwards.

La detención se produjo como consecuencia de una alerta roja de Interpol que pesaba en su contra y que emanaba de los tribunales de nuestro país.

"Como ella tiene participación en el secuestro de Cristián Edwards se le ha sometido a proceso como cómplice de ese delito. Posteriormente, una vez que se hagan las notificaciones y una vez que quede ejecutoriada, yo voy a pedir la extradición", detalló Carroza en declaraciones citadas por "Cooperativa".

Brzovic, tal como su pareja, fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), al interior del que utilizaba el seudónimo de "Natalia" y se le acusa de haber actuado como ayudante en el secuestro de Edwards, ocurrido el 9 de septiembre de 1991, el cual se mantuvo hasta febrero de 1992.

Así lo detalló el magistrado, quien explicó que la mujer participó como "ayudista, colaboraba durante todo lo que se refirió al secuestro (...) No tenemos claridad de si estuvo en el secuestro mismo, en el sentido de la acción en donde a él (Edwards) lo toman, lo privan de libertad, lo llevan y lo trasladan". Aunque agregó que "sí la tenemos posteriormente en la casa donde se encierra a Edwards".

En libertad y con firma

Tras enfrentar ayer el control de detención, Brzovic Pérez, quedó libre, pero con arraigo nacional y firma diaria, tal como ocurrió en el caso de su pareja, quien el sábado recién pasado quedó en libertad, pero con la obligación de personarse en una comisaría todos los días. Y tal como Palma Salamanca, solicitó asilo político en la Corte de Apelaciones de Francia, lo que deberá ser analizado por las autoridades de ese país.

Carroza explicó que los escenarios de Brzovic Pérez y Palma Salamanca son diferentes: "Tenemos la legislación chilena y la francesa; por lo tanto, tenemos que ver cómo ese tema se va a resolver en su momento".

"Además, son situaciones distintas, como el caso de Palma, pues el caso de Jaime Guzmán tiene sus tiempos y el caso de Cristián Edwards tiene otros", puntualizó el ministro.

Los pasos de la pareja

"Natalia" había escapado desde México a Francia junto a Palma Salamanca, con quien formó familia tras escapar al extranjero y tuvo dos hijos. La mujer vivía junto a ellos en México, donde utilizaba la identidad de Pilar Quezada Moreno. Allí tenía una galería de arte, según publicó ayer "El Mercurio".

Juntos escaparon rumbo a Francia, donde están desde junio de 2017, tras la detención de Raúl Escobar Poblete, el 30 de mayo del año pasado, acusado del secuestro de una ciudadana franco norteamericana en el Estado mexicano de Guanajuato.

Palma se encontraba prófugo desde 1996, cuando escapó en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad, donde cumplía cadenas perpetuas por los dos delitos mencionados.

Fallo sobre extradición

Por otro lado, la sala penal de verano de la Corte Suprema revisó ayer la solicitud de extradición de Palma Salamanca y, tras los alegatos, dejó en acuerdo el fallo, por lo que este se daría conocer el próximo lunes 26 de febrero.

En los alegatos participaron como querellantes las familias de Guzmán y Edwards, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El abogado Alberto Espinoza asumió la representación del ex frentista, pero no pudo alegar ante la Suprema.

Dichos del abogado

"Esto debilita un poco la defensa de manera significativa, en la medida en que ningún abogado lo va a representar acá. La representación del procurador de número es una cuestión meramente formal, pero en lo esencial él no va a tener defensa acá en la audiencia de extradición ante la Corte Suprema y eso lo ponderará posteriormente la justicia francesa", sostuvo.

Un nuevo revés sufrió ayer la defensa del creador del cuestionado software "Antorcha", Álex Smith, y de los carabineros imputados en la denominada "Operación Huracán", luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se declarara incompetente para conocer y tramitar la causa por obstrucción a la investigación.

La defensa del denominado "profesor" y los tres carabineros del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) ya había intentado trasladar la causa desde el Tribunal de Temuco a Santiago, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía de la capital de La Araucanía, que hace una semana se declaró competente para revisar la causa por la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre eventual manipulación de evidencias en la "Operación Huracán" (por la quema de camiones en el sur).

Renuncia de defensa

La petición de trasladar la causa había sido gestionada por la abogada Marisa Navarrete, quien, sin embargo, renunció al patrocinio y poder de los tres peritos de la Labocar -Marvin Marín, Marcos Sanhueza y Manuel Riquelme-y de Smith.

"Aquí podrían existir algunas posiciones en forma contradictorias y legítimas cada una de ellas. Nos encontramos frente a tres grupos, un grupo que tiene que ver con la unidad de inteligencia, otro grupos que tiene que ver con carabineros que funcionan en Labocar y por otro lado don Álex Smith, que es un civil y que desarrollaba algunas funciones especiales", dijo la jurista.

"He tomado la decisión, ante ese escenario de posibles y eventuales incompatibilidades entre sus posiciones, de representar aquellos que están más cuestionados hoy día, que es la unidad de inteligencia de Carabineros", añadió.

Sin embargo, la abogada se mantendrá en la defensa de todos los oficiales que pertenecen a la unidad de inteligencia operativa especializada de Carabineros.

Según consignó "Cooperativa", todavía está en evaluación si continúa con la defensa de Álex Smith en el marco de la "Operación Huracán II", que se relaciona con la presunta manipulación de pruebas por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina.