Claudia Muñoz David

Cuando Orfelina Quezada tenía 14 años quedó embarazada. El padre del niño fue a realizar su Servicio Militar, por lo que ella se convirtió en una madre adolescente, soltera, del campo del sur de Chile, de fines de la década de los '80.

Debió trasladarse hasta el Hospital de Paillaco para tener a su hijo y durante el proceso siempre estuvo acompañada por una monja de acento extranjero y una asistente social, quiénes le preguntaban qué haría con un niño tan pequeño ella, tan jovencita. Luego del nacimiento de su guagua alcanzó a darle pecho una sola vez y se la llevaron. Después, le dijeron que el niño había muerto y que no le entregarían el cuerpo. También que debía trasladarse hasta La Unión para firmar, supuestamente, el acta de defunción del menor. Esto ocurrió en 1978.

Alejandro Quezada fue adoptado en Holanda. Como él es moreno, sus rasgos llamaban mucho la atención en ese país. Cuando era adolescente comenzó su inquietud por conocer a sus padres biológicos. La versión que había conocido era que su mamá quiso entregarlo en adopción, por eso él estaba ahí. Tomó contacto con la monja extranjera que posibilitó su adopción y en 1997 viajó a Chile para conocer a Orfelina, su madre, pero Alejandro no hablaba español, por lo que no pudieron comunicarse. Años después aprendió el idioma y descubrió que su mamá no lo había entregado voluntariamente, como siempre había pensado. Alejandro decidió radicarse en Chile y ahora vive en Limache con su esposa y sus dos hijos. Su historia apareció en televisión en 2015.

Este caso se encuentra documentado y fue denunciado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, es una de las materias de investigación de Karen Alfaro, historiadora, prodecana y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, quien en los últimos dos años se ha dedicado a indagar las adopciones irregulares ocurridas durante la dictadura militar chilena.

El estudio

Karen Alfaro llegó al tema casi por casualidad. Mientras desarrollaba investigaciones sobre el trabajo de las mujeres en la agricultura campesina, conoció testimonios de madres que habían perdido a sus hijos en confusas circunstancias.

"En 2016 me dediqué a entrevistar a mujeres de los campos en Panguipulli, Paillaco y La Unión. Cuando hacía preguntas relativas a la familia, a cuántos hijos tenían, me pasaba que con algunas mujeres sobre los 50 o 60 años la respuesta era que habían tenido un hijo que murió, pero que saben que eso no ocurrió", contó. Uno de ellos fue el caso de Alejandro, pero Alfaro destacó que actualmente conoce al menos unos diez con características similares.

El año pasado obtuvo un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, con el proyecto "Salvar la infancia pobre. Apropiaciones y adopciones internacionales de niños y niñas bajo la dictadura militar en Chile (1973-1990)". Gracias a él, por tres años podrá investigar formalmente las prácticas y discursos de los funcionarios de organismos públicos y privados que participaron en estos actos. Participan un equipo de tesistas y ayudantes, además de académicos de países como España y Argentina, quienes están buscando documentación, archivos judiciales y notas en prensa nacional e internacional. Se trata de un estudio que Alfaro califica como "de historia reciente, pero que también tienen un vínculo con la justicia".

Aseguró: "Este tipo de adopciones se registraron en el mundo principalmente entre las décadas del '60 y '70, pero la literatura indica que en los '80 Chile fue uno de los principales países emisores de niños para la adopción internacional (...) El estudio que estamos realizando es nacional y, sin embargo, fui descubriendo que existe una red que fundamentalmente estaba concentrada en la zona sur, donde había una alta tasa de analfabetismo y de madres adolescentes o niñas. Eso generó que los hechos se presentaran con más impunidad".

Para la historiadora es muy importante levantar documentación e historias de vida. "Nuestro objetivo, primero, es saber cómo se desarrolló este entramado y cómo se llevaron a cabo las vinculaciones entre civiles, el poder judicial, la iglesia y los médicos para arrebatar niños a mujeres pobres en un contexto de dictadura. Estas mujeres estaban en la completa indefensión y esto fue un tipo de violencia social contra ellas (...)A través de las redes sociales han surgido diversos casos de madres que buscan a hijos o hijos que buscan a sus madres, pero públicamente no han existido respuestas del Estado con respecto a qué pasa con estos casos. Por lo sensible del tema también hay mamás que no quieren hablar", explicó.

Para Alfaro es muy importante mostrar los casos locales, especialmente ahora, cuando el ministro en visita Mario Carroza se encuentra investigando 500 casos de niños adoptados por extranjeros en los años 70 y 80 (ver recuadro). "Nos gustaría que eso se amplíe a una investigación a nivel nacional, con todos los casos de apropiaciones irregulares. Además, queremos que estos casos sean reconocidos como violaciones a los Derechos Humanos, para que los delitos no puedan prescribir", agregó.

Más historias

Otro de los casos incluidos dentro de la investigación de Karen Alfaro es la historia de Jova Hernández. Ella era adolescente cuando quedó embarazada. Tuvo una niña a la que nombró Gloria del Carmen Hernández Jara.

"Yo iba a controles con la niña al Hospital Regional y de ahí me mandaron donde una asistente social. Ella me ofreció que dejara a mi guagua en una guardería que quedaba en la Huachocopihue. Se suponía que ahí podría ver todos los fines de semana a mi hija. Nunca fallé, pero cuando ella cumplió seis meses me dijeron que no podría verla por orden de la asistente social", contó.

Al otro día fue al Juzgado de Menores, después de una noche en la que -recuerda- no había podido dormir y no había dejado de llorar. Jova había encontrado un trabajo como asesora de hogar puertas adentro y su empleadora le había permitido llevar a su pequeña. No lo pudo hacer.

"Desde un comienzo la asistente social me hablaba de adopción, pero yo era una chica campesina, trabajaba en una lechería, no conocía esa palabra. Cuando me la explicaron dije que no. En el juzgado me repitieron esa palabra. Me pasaron unos documentos, los que firmé porque se suponía que decían que me había ayudado una sistente social. Pero no era eso...", relató. Con el tiempo Jova recurrió a las policías y al Registro Civil, pero nunca supo qué pasó con la niña. "A veces me trataban como que hablaba incoherencias o como que yo quería sacar provecho de los padres que la adoptaron. ¿Cómo?", aseguró. Después, Jova tuvo dos hijas más. "Ellas llenaron el espacio, pero nunca me he podido olvidar de la mayor", contó. Hoy Gloria tendría unos 40 años.

"Yo la busco porque le quiero dar una explicación. Yo no la di, me la robaron con engaños. Quiero saber cómo está, cómo fueron sus padres. Quiero verla a estas alturas de su vida. A veces hay padrastros que salen buenos y otros que no. Todo eso pienso yo", agregó.

En este caso, en la firma de una de las inscripciones de la niña en el Registro Civil -existen dos- también figura el nombre de una monja extranjera, la misma del relato de Alejandro Quezada.