Cien personas participaron en consulta pública acerca de la norma secundaria del río Valdivia
MEDIOAMBIENTE. Finalizó la etapa de 60 días que buscaba que ciudadanos, gremios y organizaciones realizaran sus observaciones. Representantes de entidades dieron a conocer sus preocupaciones.
Anoche finalizó el plazo legal de consulta pública del anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del río Valdivia. Después de 60 días, terminó el período en el cual el Ministerio de Medioambiente sometió a la opinión de personas naturales y jurídicas el Análisis General de Impacto Económico Social, AGIES, trámite ordenado por un fallo de la Corte Suprema que ratificó la anulación de la norma de protección de la cuenca. También terminó el período en el cual los ciudadanos, gremios y empresas podían formular sus observaciones.
La Seremi de Medioambiente de Los Ríos dio a conocer a través de un comunicado de prensa que fueron 102 las personas -naturales y jurídicas- que participaron en los talleres informativos que incluía la consulta. Fueron realizados cinco, uno en Valdivia, Lanco y Mariquina y dos en la comuna de Los Lagos. En ellos estuvieron presentes representantes de instituciones de educación superior, como la Universidad Austral de Chile; de juntas de vecinos, como El Trébol de Los Lagos o Arique; de gremios como Codeproval y la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia; de organizaciones no gubernamentales, como Comunidad Humedal y Fundación Plantae; además de representantes de agrupaciones funcionales, corporaciones, comunidades indígenas, municipios y servicios públicos.
En el comunicado se indicó además que con acciones como la publicación de información para difundir la participación -como notas en prensa o uso de redes sociales- "la Seremi de Medio Ambiente realizó un esfuerzo por llegar a la mayor cantidad de ciudadanos con información atingente al proceso, para promover y facilitar la participación informada". Hoy se debería dar a conocer el número de observaciones que ingresaron con respecto al anteproyecto.
La consulta pública fue desarrollada entre el 16 de diciembre de 2017 y el 21 de marzo de 2018.
Reacciones
Una de las entidades que presentó reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental para anular la norma fue la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Ríos, Codeproval. Su gerenta, Alexia Camino, aseguró que "estamos a favor de que existan regulaciones tanto para la instalación de empresas como del funcionamiento normal, siempre y cuando también se mantenga un tema de sustentabilidad económica. Con respecto al proceso de consulta, vimos con preocupación que se generaron actividades en cuatro comunas y no en otras por donde pasa el río, como Panguipulli; en las comunas donde se realizó no se le informó al Concejo Municipal el alcance que tenía la norma; en relación a los empresarios, nosotros fuimos informados porque fuimos parte de la reclamación sobre la norma, pero a nuestras empresas socias nadie les informó y a los gremios tampoco". Agregó que "el período de generación de los talleres consultivos fue en plena época de verano, en enero y febrero, cuando los equipos técnicos de las empresas se encuentran de vacaciones. Por lo tanto, fueron muy reducidos los grupos invitados".
Destacó que como Codeproval "queremos que exista una norma que regule, pero también queremos que sea consensuada con las empresas y las instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema económico que se vinculan con el río". También dijo que ha habido problemas para ingresar las observaciones al sistema. Como Codeproval pidieron que se haga una evaluación en relación a las observaciones presentadas por las empresas, municipalidades y gremios.
Mientras que el integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente en Los Ríos en representación de la Cámara de Comercio, Jorge Salazar, explicó que "la nueva presentación de la norma tiene que corregir lo que fue reclamado ante el Tribunal Ambiental y nosotros creemos que hay algunos parámetros en que no lo hace. Es necesario esperar las observaciones ciudadanas, pero nuestra primera impresión es que la norma no calcula correctamente los supuestos beneficios que trae en el punto de vista del desarrollo económico. Eso es en lo que la sentencia hace hincapié y eso no lo vemos nosotros".
El secretario ejecutivo de la asociación Comunidad Humedal, José Araya, expresó que "es lamentable que esto se convirtiera en un proceso muy largo, porque la construcción de la norma es una iniciativa que surge después de la contaminación del río Cruces en 2004 y se inició formalmente en 2006. En 2012 se tuvo una propuesta final de norma que tardó dos años en el procedimiento de la generación del decreto. Nosotros en general, hasta ese año, estuvimos de acuerdo con la norma si bien teníamos exigencias mayores todavía, pero validamos el proceso y no estuvimos de acuerdo con que hubo falencias en el proceso de participación pasado". Con respecto al proceso que finalizó ayer dijo: "Creo que la falencia metodológica sigue siendo que no se generan procedimientos adecuados para que las comunidades locales puedan opinar. Hay mucha gente que vive en las zonas rurales y debe generarse un método que permita que la gente se apropie de esto, que es complejo".