Matías Jullian Velásquez
El pleno del Tribunal Constitucional (TC), por seis votos contra cuatro, declaró ayer inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe la presencia de personas jurídicas que tengan fines de lucro en directorios de universidades particulares, centros de formación técnica e institutos profesionales.
Cabe recordar que este proyecto fue enviado, discutido y aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por lo que la decisión del TC fue condenada de forma transversarl por la oposición.
"El Pleno del Tribunal Constitucional ha terminado el examen preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley sobre Educación Superior, concluyendo declarar, por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento", dice el TC en un comunicado.
"Por otra parte, y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades", añade. La sentencia definitiva debe ser emitida a más tardar el próximo 26 de abril.
Reacciones
La oposición reacionó de forma inmediata para condenar la eliminación del artículo 63. "Fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior", publicó en su cuenta de Twitter la ex Presidenta Bachelet. El presidente del Senado, el PS Carlos Montes, afirmó que la decisión del TC "daña a todo el sistema democrático" y sostuvo que "hay que reformar el TC". En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, recordó que el Parlamento "recogió una sentida demanda de la ciudadanía por una educación gratuita y de calidad y para eso, durante el periodo legislativo que terminó debatimos ampliamente, deliberamos y legislamos".
Por otro lado, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, comentó que a la cartera solo le corresponde acatar el fallo y agregó que "la prohibición al lucro en las universidades está claramente establecida por la ley".