Victoria Gatica Villegas
Mas de 200 empresas y organismos públicos en Los Ríos cuentan con cien o más trabajadores. Y según indica la Ley 21.015, dichas entidades deben tener al menos 1% de personas contratadas en situación de discapacidad, ya sea física, síquica o sensorial, en relación al total de su personal.
Considerando lo anterior, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Feda Simic, adelantó que están preparando una agenda en la cual se contemplan reuniones con trabajadores y empresarios, con la finalidad de exponer los lineamientos de dicha ley.
Respecto de las fiscalizaciones, la autoridad precisó que se van a realizar en la medida que las empresas sepan que entró en vigencia la nueva ley, junto con las inspecciones de la Dirección Regional del Trabajo.
"No obstante, yo creo que no hay peor sanción que no cumplir una ley que da oportunidades a las personas para que puedan trabajar y que da oportunidades iguales para todos nosotros", puntualizó.
Oportunidades
La encuesta del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, aplicada en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social, indica que el 23,8% de la población mayor de 18 años en la región de Los Ríos, está en situación de discapacidad, considerando los diferentes grados.
Del total de personas adultas en situación de discapacidad: 66.539, 26.486 de ellas se encuentra en grado de discapacidad de leve a moderada y 40.053 en severa.
En ese sentido, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Javiera Flores, precisó que "Los Ríos tiene casi un 24% de personas mayores de 18 años que tienen algún grado de discapacidad y me refiero al sentido amplio: síquica, física o sensorial. Lo importante, es que todos tengan su credencial del Registro Nacional de Discapacidad".
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, la autoridad explicó que "la empresa privada es la que va a tener que ver las adecuaciones de puestos de trabajo y también las exigencias a los trabajadores, porque estamos en igualdad de oportunidades. Nosotros queremos que las personas en situación de discapacidad entreguen lo mejor de sí", recordando que de acuerdo al permanente cambio del mercado laboral y la necesidad de adecuar el sistema de inclusión laboral a esta iniciativa, se incorporó formalmente la obligación de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social, de evaluar conjuntamente su cumplimiento cada 4 años.
Alcances de la Ley de Inclusión
La Ley 21.018, modifica la ley 20.422 e incluye el cambio del Estatuto Administrativo para establecer explícitamente la prohibición de todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de discapacidad. Con lo anterior, se modifica la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, la cual se fija en 26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.