Solamente un 30% del total de funcionarios del gobierno regional que ejercen cargos de confianza y a los cuales se les había pedido públicamente "dar un paso al costado", han hecho efectiva su renuncia en la región de Los Ríos. El restante 70%, correspondiente a jefes de servicios elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), aún se mantiene en su puesto desde el gobierno de Michelle Bachelet, lo cual ha sido calificado como una "dificultad" para instalar equipos de trabajo y desarrollar las propuestas del nuevo programa gubernamental.
En la práctica lo que ocurre es que las nuevas autoridades no logran marcar su sello al trabajo que quieren realizar en la zona y revertir eso no es fácil.
Lamentablemente, esto que pasa en Los Ríos no es algo distinto a lo ocurrido a nivel nacional, ni en administraciones previas. Según antecedentes del Servicio Civil (entidad encargada de los proceso de contratación de funcionarios) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, a igual fecha, había sido desvinculado el 41% de los funcionarios ADP del país; mientras que en 2014, al inicio del segundo período de Bachelet, la cifra llegaba al 61%. En el primer año de esos dos gobiernos el promedio de convocatorias para llenar plazas de trabajo (porque de desvinculó a los antiguos titulares) alcanzó a 343, concentradas especialmente en el primer nivel jerárquico.
Para el inicio de este gobierno el Servicio proyectó la realización de hasta 360 concursos para cargos durante 2018. En la región se espera que salgan 50 directores y lo han hecho 15.
El escenario es similar, ya lo dijimos. Pero que se trate de algo reiterado y que obedezca a una dinámica lógica por la llegada de un equipo distinto a los espacios de poder; no significa que sea positivo. Todo lo contrario. Genera polémica, molestia y retrasos que afectan a la comunidad.
Lo ideal sería que cada funcionario en esta situación actuara en consecuencia frente a los niveles de responsabilidad que ha asumido; que comprendiera las implicancias de la alternancia que establece la democracia, asumiendo también que la ADP en los altos niveles jerárquicos implica confianza política.