Ayer fueron cancelados los sueldos e imposiciones impagas de 150 trabajadores que se desempeñaban en la empresa CIAL Limitada (declarada en quiebra en junio pasado), que tenía a su cargo el proyecto de mejoramiento de la Ruta Itropulli-San Pedro, en la comuna de Paillaco.

Luego de tres meses de espera, los operarios recibieron sus dineros en una reunión con los seremis de Obras Públicas, Sandra Ili y del Trabajo, Feda Simic, además de la directora regional de Vialidad del MOP; Yenny Vega.

En total, se cancelarán 104 millones de pesos por concepto de salarios impagos y otros 40 millones correspondiente a imposiciones, luego de más de tres meses de reuniones e intensas gestiones coordinadas por el intendente, César Asenjo y los equipos del MOP y de la seremi del Trabajo.

"No fue fácil heredar estos contratos con empresas insolventes, pero hoy pudimos cancelar estas deudas gracias a la labor del seremi del Trabajo y la gente de la Inspección del Trabajo, además de nuestros directores del MOP, Carlos Sepúlveda de Finanzas y Yenny Vega de Vialidad", dijo la seremi del Mop, Sandra Ili.

Por su parte el seremi Simic destacó el trabajo de coordinación entre los servicios públicos para favorecer a los trabajadores.

Por su parte, Luis Lobos, representante de los ex trabajadores de la constructora CIAL dijo que, "queremos agradecer todas las gestiones que hizo en estos últimos meses el Mop, ya que sus autoridades siempre se reunieron con nosotros y ahora, al menos pudimos recibir lo adeudado de los meses de mayo y junio".

Mañana la directora de Vialidad, Yenny Vega viajará a Temuco, para terminar de cancelar las últimas deudas a otros 60 ex trabajadores de CIAL, que viven en la Región de La Araucanía.

En tanto, respecto del término de obras en la Ruta Itropulli-San Pedro, cuyo avance físico ascendía a 92% hasta antes del quiebre de la empresa, la Dirección de Vialidad informó que luego de la liquidación de contrato con CIAL, se determinará si el proyecto se concluye con una nueva licitación o a través de un trato directo.

Los consejeros regionales de Los Ríos que pertenecen a la bancada de oposición, reiteraron su llamado al gobierno a cumplir con el compromiso de comprar los terrenos que se había acordado fueran adquiridos en 2018 con dineros del FNDR, para destinarlos a la construcción de viviendas sociales.

El consejero Héctor Pacheco aseguró que "desde el punto de vista técnico y legal están habilitados y se pueden comprar durante este año". Indicó que es factible hacer el trámite, ya que la primera compra, desarrollada durante 2017, habría comenzado durante agosto del año pasado y se había podido concretar en diciembre.

Mientras que el consejero Luis Cuvertino dijo que "acá lo lamentable es que no se ha transparentado el problema. Se nos dan razones técnicas y jurídicas para no comprar, pero nosotros queremos rebatir eso. ¿Qué procesos técnicos o administrativos existirían si las compras se harán prácticamente en los mismos lugares? Creemos que es un tema de voluntad política y cambio de prioridades que no han sido aclaradas. Yo creo que los 14 consejeros, si el intendente nos diera fundamentos con respecto al uso de los recursos, podríamos entender. Pero eso no ocurrió. Hoy estamos inquietos". Los consejeros añadieron que esta situación también ha generado conflictos internos dentro del Consejo Regional.

Imposibilidad

Al respecto, el intendente César Asenjo expresó: "Hemos sido muy responsables en señalar que en ningún caso dejaremos de cumplir los compromisos adquiridos para la adquisición de dichos terrenos, pero este es un proceso que, aunque quisiésemos, no se alcanza a concretar definitivamente este 2018, por lo que se finalizará entre los meses de marzo-abril del 2019, es un compromiso que vamos a cumplir".

Asenjo agregó que "una muestra de que estamos avanzando en este tema, es que se iniciarán los estudios de mecánica de suelo en seis terrenos con financiamiento del Gore. Se trata de Pishuinco-Valdivia; Sector Purulón; Futrono; Máfil;Paillao- Valdivia y Los Lagos". También expresó que "es importante no utilizar políticamente a las familias que mantienen la esperanza de un hogar propio, y en ese sentido nuestro gobierno no tiene dobles discursos, por lo que junto a la seremi del Ministerio de Vivienda continuaremos reuniéndonos con los diversos comités".

Victoria Gatica Villegas

Mañana desde las 10 horas y por disposición del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, la ministra Sibel Villalobos realizará una inspección personal a la Planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., junto al funcionario José Hernández, en calidad de ministro de fe.

La visita fue una de las medidas dictadas por los ministros del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Michael Hantke, Jorge Retamal y Sibel Villalobos, en el contexto de la reclamación interpuesta por dicha empresa en contra de la multa de $4 mil 450 millones que fijó la Superintendencia de Medioambiente (SMA) el 15 de diciembre de 2017 a raíz del derrame de licor verde en la Planta Valdivia, el 17 de enero de 2014.

El origen de la reclamación, surgió el luego de que la SMA sancionara por diez cargos a Celulosa Arauco por diversos incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los que se habrían detectado tras el episodio de derrame de licor verde en la planta que la empresa opera en la comuna de Mariquina.

Solicitud de anulación

Tomando en cuenta dichos antecedentes, la empresa solicitó al Tercer Tribunal Ambiental que anule la sanción en seis de los diez cargos de la SMA.

El 7 de agosto, el Tribunal Ambiental de Valdivia escuchó a la empresa. En la instancia, esta argumentó que la resolución de la SMA se habría fundado en pruebas ilegales y erróneas, a lo que se suma, que la SMA habría vulnerado el derecho a defensa de la empresa. Finalmente, argumentaron que existirían vicios de procedimiento en el proceso de fiscalización y sanción.

Por otra parte la SMA, como reclamado, argumentó que la resolución fue dictada cumpliendo el marco legal durante los procesos de investigación y sanción, que la SMA respetó en todo momento el derecho a defensa de la empresa y su presunción de inocencia, a lo que se suma, que la empresa no desmiente la existencia de derrame de licor verde.

Fiscalía investiga

Paralelamente, el fiscal jefe de Mariquina, Alejandro Ríos, está a cargo del caso presentado mediante una querella criminal por el delito de lesiones, a raíz del presunto vertimiento de residuos industriales líquidos que habrían generado afectaciones cutáneas a bañistas en el sector Rucaco y mortandad de peces en el río Cruces.

Dicho vertimiento es una de las diez infracciones cursadas a la empresa, por la cual se le aplicó una multa de 2.417 UTA. La acción judicial, fue presentada ante el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina el 14 de febrero de 2016 por el abogado Jorge Ríos, en representación de un adulto y dos menores de edad, quienes habrían sido los afectados.