Los jueces acusados por los parlamentarios de oposición tendrán un plazo de 10 días para presentar sus descargos. En caso de que la Cámara de Diputados finalmente la apruebe, el libelo deberá ser revisado por los miembros del Senado, a quienes corresponde la decisión final en la materia. Si la ratifican, los magistrados deberán cesar en sus cargos.
Diputados de oposición presentaron ayer la anunciada acusación constitucional contra tres jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema por conceder la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían sentencia en Punta Peuco y el penal Colina I. La acusación será votada en Sala durante esta jornada y, si se aprueba, se elegirán al azar los cinco diputados que la revisarán, los que no pueden ser ni los firmantes ni los miembros de la mesa.
La presentación, respaldada por las bancadas de la oposición, fue realizada por la diputada Carmen Hertz (PC), quien fue escogida como vocera de esta iniciativa.
"Hoy estamos haciendo uso de esta herramienta, a la cual estamos obligados porque se ha vulnerado el orden internacional y con esto se pone al Estado de Chile en una situación de vulnerabilidad", aseguró la parlamentaria.
Hertz descartó las críticas que desde distintos sectores se han hecho a la iniciativa y advirtió que "no estamos invadiendo, como se ha pretendido (decir), ninguna autonomía judicial". "Esta acusación constitucional no tiene por objeto ni revisar un fallo, ni corregirlo, no es ese el objetivo de la acusación constitucional, sino hacer objetiva la responsabilidad política que nosotros estimamos existe en estos tres magistrados que han vulnerado las normas del orden internacional, ni más ni menos que en la protección de los Derechos Humanos", agregó.
La acusación tiene dos capítulos. El primero habla de una presunta "falta de control de la convencionalidad" que tienen que tener los jueces, mientras que el segundo es por haber supuestamente otorgado las libertades "sin los requisitos que establecen los organismos internacionales".
Pese a que el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, había asegurado que iba a esperar a conocer el documento antes de suscribirlo, uno de los firmantes de la acusación es el DC Raúl Soto.
"Mi presencia acá es un acto de justicia y de consecuencia. La única posición consecuente con nuestros valores, con nuestros principios humanistas cristianos y con nuestra historia como democratacristianos", explicó Soto.
"Cuando pedimos, por ejemplo, justicia para el ex presidente Eduardo Frei Montalva, lo único que podemos hacer hoy día para honrar su nombre y para honrar estas causas es apoyar esta acusación constitucional, no hay otra opción hoy día", agregó el congresista de la DC.
La acusación que presentó la oposición podría sumar el apoyo de algunos parlamentarios del oficialismo. En ese caso está el diputado Ignacio Urrutia (UDI), quien aseguró ayer que podría votar a favor, aunque por motivaciones distintas a la que originaron el documento.
"Los tres acusados por la izquierda durante muchos años han venido condenando injustamente a muchos uniformados en retiro y, por lo tanto, es una buena oportunidad para que se retiren de la Corte Suprema. No voy a desaprovechar la oportunidad", aseguró.
El también subjefe de bancada del gremialismo aseguró que los diputados de su partido están evaluando la posibilidad y que podrían tomar una decisión la primera semana de septiembre.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que la acusación "afecta gravemente al Estado de Derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática". El jefe de gabinete agregó que el hecho de que "una simple mayoría de la Cámara de Diputados, de carácter ocasional, pueda censurar e incluso expulsar a magistrados por el contenido de sus resoluciones judiciales es una conducta que afecta el normal funcionamiento".
"Los fallos de la Corte Suprema se respetan y se acatan en todo su contenido", agregó el titular de Interior.
El Presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aseguró ayer que la Constitución no permite al Congreso "revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones" del alto tribunal, al intervenir en la tradicional ceremonia de toma juramento a un grupo de nuevos abogados, que se realiza a primera hora de los miércoles y los viernes de cada semana.
En una alocución de casi 30 minutos, el juez Muñoz se refirió al trayecto y evolución de la ley en Chile y cómo en las tres principales constituciones del país, la de 1833, 1925 y 1980, se entregó la facultad de la jurisdicción judicial a los magistrados. De esta manera, Muñoz salió al paso del anuncio de un grupo de diputados de oposición que presentó ayer una acusación constitucional en contra de tres integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema. El presidente subrogante de la institución aclaró en su exposición académica que "la evolución de ley demuestra que es una impugnación inexistente" porque la Carta Magna respalda el trabajo de los jueces. "El Constituyente cierra toda discusión señalando que el ejercicio de la jurisdicción es confiado exclusiva y excluyentemente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el Presidente o el Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, dice la Constitución, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones", comentó Muñoz.
El juez agregó que "la claridad de esta norma, como la de las definiciones anteriores, me evitan hacer referencias a aspectos concretos del acontecer nacional", al apuntar de manera tácita a la presentación del grupo parlamentario.
En el texto del libelo, los parlamentarios afirman que se trata del ejercicio "de una facultad constitucional entregada al Congreso, que permite controlar la sujeción de autoridades y otros poderes del Estado a la Constitución y las leyes, evitando el ejercicio arbitrario del poder".
Una decena de familiares de ex agentes del gobierno militar condenados entregaron ayer en los tribunales una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que solicitan que "no se dejen amedrentar".
Convencionalidad El primero de los fundamentos de la acusación presentada ayer apunta a una supuesta "falta de control de la convencionalidad" que tienen que tener los jueces.
Beneficios La iniciativa apunta a que los tres jueces de la Sala Penal habrían entregado la libertad "sin los requisitos que establecen organismos internacionales".