Alcalde presentó denuncia por la expulsión de mujeres de una playa
EN LAGO RANCO. Luego de una fiscalización, el ministro de Bienes Nacionales dará a conocer hoy en Santiago los resultados.
La Municipalidad de Lago Ranco presentó ayer una denuncia en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales por el caso que afectó a tres mujeres: Claudia Figueroa, religiosa de la Congregación de Hermanas Carmelitas Teresas de San José, su madre Teresa y su prima Patricia Obando, quienes fueron expulsadas de la playa Trauquén, ubicada en el sector Quillaico.
Los hechos que motivaron la acción son la inexistencia de un acceso público y libre para ese balneario y el desalojo de las veraneantes y vecinas por parte del presidente del directorio de Empresa Gasco, Matías Pérez Cruz, dado que dentro de las facultades del Ministerio está garantizar que las personas puedan gozar libremente de la playa.
Así lo informó el alcalde Miguel Meza, quien precisó que a través de esta denuncia se persigue que el Ministerio establezca las medidas pertinentes. "Desde que asumí, como municipio hemos dado una señal potente en cuanto al resguardo del derecho que tenemos todos de acceder a las playas. En este caso, estamos brindando apoyo a las vecinas que fueron vulneradas", afirmó.
"A raíz de este acontecimiento, se abrió un debate con mucha más fuerza en cuanto a este derecho, pero también evidenció que no hay instrumentos claros que nos permitan fiscalizar y sancionar a aquellos que atropellan la libertad de poder acceder a espacios públicos como lo son las playas", planteó.
Eventuales acciones
Pese a que el alcalde asegura que las afectadas se encontraban en la playa y no en un terreno privado -como lo afirma Pérez Cruz- está a la espera del informe que emita el Ministerio de Bienes Nacionales con el que se busca esclarecer cuáles son los deslindes para presentar otras acciones.
Lily Valenzuela, asesora jurídica de la Municipalidad, explicó que la institución está estudiando la posibilidad de interponer un recurso de protección por las personas afectadas. "Una de ellas es vecina de la comuna y nos solicitó apoyo directo para poder representarla por la privación de su derecho de propiedad a gozar libremente de la playa", detalló.
En esa línea, precisó que mediante este recurso se busca solicitar que no se prive ni a las afectadas directamente ni a otras personas de poder ingresar a la playa.
Además, explicó que están recabando los antecedentes para determinar si existe una ocupación ilegal de playa. Ello, porque "cuando nos constituimos en el lugar se observó una construcción de una rampla que llega hasta el lago. Y hasta el momento desconocemos si el propietario del sitio colindante que es protagonista de esta agresión tiene concesión o no para hacer esa construcción. Presumiblemente es una ocupación ilegal de la playa y estamos solicitando los antecedentes. En el caso de ser ocupación ilegal la Autoridad Marítima tiene que fiscalizar y disponer si establece alguna sanción administrativa contra el propietario".
Acerca de eventuales sanciones pecuniarias para el propietario del sitio colindante, la abogada indicó que la ley que establece multas para las personas que priven del acceso a las playas aún no se publica, "entonces no tenemos las herramientas legales para, en este caso, sancionar, pero sí existe el recurso de protección que puede interponer cualquier persona que vea vulnerado un derecho fundamental", explicó.
Afectada
A la espera del informe de Bienes Nacionales también se encuentra Patricia Obando, una de las tres expulsadas de la playa. De éste -señaló- dependerá las acciones que emprendan las afectadas.
Ayer, "más tranquila", según indicó, pero aún con "un poco de rabia e impotencia al recordar ese momento", la mujer expresó que "uno ha vivido toda su vida acá, llega el verano y aparte de ser invadidos por ellos, nos sacan del lugar, eso me duele. Siento que hubo falta de respeto hacia nosotras, qué daño íbamos a hacer ahí, estaríamos sólo media hora".
Patricia Obando reiteró que tras los hechos espera una disculpa pública de parte de Matías Pérez Cruz. "Nos sentimos humilladas, fue un trato indigno, él nos faltó el respeto, nos quitó el teléfono y unas sandalias de las manos, eso es violencia", sostuvo. Mientras que frente a la defensa de Pérez Cruz que se filtró a través de WhatsApp, indicó que "no la he leído, sólo he escuchado que dijo algo de poner la otra mejilla y que se sintió agredido. Él deja claro en el video que se sintió atropellado y eso fue porque le pedimos el documento o el título donde decía que el sitio donde nosotras estábamos era privado y esa fue según él la agresión que le provocamos. Para mí esa no es una agresión", detalló.
INFORME
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales señalaron que el informe será dado a conocer por el ministro Felipe Ward hoy, a las 11 horas. Descartaron que visite la región e indicaron que el resultado de la inspección será comunicado en Santiago.
El secretario de Estado explicó en la edición de ayer de Las Últimas Noticias dónde empieza la propiedad privada en una playa. Precisó que si bien existe la propiedad privada, las playas son de libre acceso. "La playa llega hasta la cota máxima alcanzada por el agua en el año, muy probablemente en invierno" (ver imagen página 2).
Según consignó ayer La Tercera, desde el inicio -el 6 de diciembre de 2018- de la campaña que es impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, "Que no te falte playa", se ha recibido 365 denuncias sobre eventuales prohibiciones arbitrarias de acceso a playas de mar, ríos y lagos. Acerca de los lagos, el Huilipilún en la Araucanía lidera con ocho denuncias, seguido por el lago Ranco, con cuatro por situaciones ocurridas en los sectores Ilihue, playa Calcurrupe, playa El Arenal y Caunahue.