El próximo 28 de marzo se cumplirán tres años del grave accidente de tránsito que afectó al gendarme de 27 años, Víctor Rosas Delgado. En aquella ocasión estaba estacionado al interior de un vehículo en la Ruta T-70, cuando de improviso colisionó con su móvil un enorme camión que lo envió varios metros a un costado de la ruta. Ello le provocó lesiones de tal gravedad que obligaron a llamar a sus padres para que se despidieran del joven, cuya vida aparentemente terminaría en el centro asistencial de Osorno.

En aquella oportunidad Jessica Delgado y Víctor Rosas, progenitores del joven gendarme, decidieron arriesgarse y lo trasladaron a Santiago con el respaldo de amigos y sus propios recursos. En la capital pasaron casi 90 días, antes de ver apenas un movimiento que abrió la esperanza de una recuperación que ha sido lenta, pero constante.

En la actualidad, ya abandonó el "burrito" en el que se apoyaba para movilizarse y lo reemplazó por bastones. Por entusiasmo y ganas no se queda, al contrario, tiene una caminadora eléctrica y otras máquinas para ejercicio diario.

"No ha sido fácil y nos gustaría que la recuperación fuera mucho más rápida, pero si vuelvo atrás, de la forma cómo vimos a nuestro hijo y cuando nos dijeron que nos despidiéramos de él, a cómo lo veo ahora, ha avanzado mucho", señala su entusiasta madre.

Sin pensión

Hace algunos días tocaron a la puerta de su casa dos funcionarios uniformados de Gendarmería, que le hicieron entrega de la notificación que señala que a contar de la fecha, y de acuerdo al informe de una comisión médica, no está en condiciones futuras de volver a trabajar. Ello, independientemente del informe del traumatólogo Mauricio Pérez de Osorno, que indica que efectivamente sufrió un politraumatismo que lo dejó incapacitado, pero que hoy es una secuela de aquel accidente, por lo que el informe no se ajusta a su actual estado.

"Tenemos al frente un enorme drama, esta casa se está pagando, pero sin ingresos no podrá cancelarse. Nacho debe continuar con su terapia, pero si no hay recursos, ¿cómo lo hacemos? Pensábamos que podría seguir en Gendarmería, donde existen sistemas computacionales que maneja con normalidad", afirma la madre.

La familia espera con ilusión una reconsideración de la medida adoptada por Dipreca y Gendarmería, de alejar al joven gendarme del servicio.

Oscar Gallardo Ríos

Luego de casi tres años de realizada la denuncia y sin tener aún una solución, la microempresaria Luisa Jacqueline Pérez Cano pidió acelerar la investigación de la causa penal en que acusa a ejecutivos del Banco Santander, en Valdivia, de tramitar al menos tres millonarios créditos a su nombre, que ella jamás solicitó y que habrían sido cobrados por los mismos funcionarios, sin que ella se enterara.

La afectada señaló que la querella criminal fue interpuesta en agosto de 2016 en la Fiscalía Regional y que pese a existir elementos concluyentes de la investigación, aún no se procede a la formalización de ninguno de los involucrados.

El vínculo entre la demandante y la entidad bancaria tiene su origen en 2006, cuando solicitó un crédito hipotecario. Los problemas comenzaron seis años después, en agosto de 2012, cuando se percató de que se le estaban descontando las cuotas de otros dos créditos hipotecarios desde su cuenta corriente, que ella nunca había solicitado. Los créditos sumaban 3.076 UF (entonces correspondientes a cerca de 70 millones de pesos).

"En febrero de ese año me llamó la atención la insistencia del banco en pedirme documentos, con la excusa de renovar mis antecedentes. Luego de eso me sometí a una intervención quirúrgica en que tuve algunas complicaciones y me desconecté de mis asuntos financieros, por unos tres meses. En agosto de 2012 me di cuenta de estos descuentos y reclamé, pero la ejecutiva me dijo que si había un error, el banco me iba a devolver los dineros. Pero finalmente pasé de ejecutiva en ejecutiva sin tener ninguna respuesta ni explicación y no me dejaron de cobrar", recordó.

Jacqueline Pérez agrega que "venía tratando de que mi negocio crezca y todo esto me limitaba. Entonces vendí una parcela, mi auto y otras propiedades. Pagué al banco más de $50 millones para saldar la deuda, pero no pasó nada".

A comienzos de 2015 se percató de que se había girado un nuevo crédito a su nombre, esta vez de consumo por 31 millones de pesos, el cual nunca solicitó ni aprobó. Tampoco recibió respuestas.

Información preliminar

La afectada recordó que "solicité en el banco mi carpeta operativa y en principio me la negaron, pero finalmente accedieron. Contraté una secretaria contable para analizar los documentos, muchos de los cuales yo no había visto nunca. Por ejemplo, descubrimos que uno de los vale vista fue cobrado (en 2014) por una ejecutiva que yo no conozco. Pasó por caja y no tiene mi firma".

En 2016 y tras presentar la primera querella criminal, dejó de pagar los créditos, a la espera de recibir una respuesta de la entidad bancaria. "Hasta ese minuto pagué $206 millones al banco", aseguró.

Dentro de los antecedentes arrojados por la investigación, un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI concluye que "a la luz de las evidencias y documentación, se manifiesta un claro abuso, aprovechamiento de un sobreendeudamiento, acciones jurídicas, cuasi delictuales, inconsistencias y ambivalencias por parte de la institución bancaria" y que "se ignora el destino de las 3.076 UF".

Otro informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Valdivia, revela que una ex ejecutiva del banco (J.A.A.Q.) tiene antecedentes "en varias causas por delitos de robo en lugar habitado, estafa, usurpación de nombre, falsificación o uso malicioso de documento público".

Al respecto, Jacqueline Pérez expresó que "el banco contrató a una delincuente como ejecutiva y fue una de las que me atendió. Además, inentendiblemente, el banco le ha otorgado créditos a esa persona por un monto de $470 millones".

Y agregó: "La semana pasada, el banco me notificó que quiere rematar mis propiedades por estos mismos documentos falsificados. Algo está muy mal. La investigación ha sido súper larga, pero espero que al finalizar el proceso el banco me deje tranquila y que me restituyan todo lo que he perdido. Siento mucha impotencia, frente a una empresa tan grande".

Desde la Fiscalía Regional se informó que la causa continúa vigente, con órdenes de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y también a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.

Pese a los intentos, al cierre de esta edición no fue posible conseguir una versión de parte del Banco Santander.