"No hay ningún país del mundo donde las inversiones de un monopolio regulado como éste tenga un retorno de 15%…"
— Ex ministro Máximo Pacheco — Por medidores inteligentes"Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde…"
— Ministro Gonzalo Blumel — Por dichos de Máximo PachecoEn marzo del próximo año se llamará a la licitación internacional para la construcción de un terminal marítimo mayor en el Puerto de Corral. Así lo adelantó el alcalde Eduardo Schild, tras recibir los informes realizados por la empresa Preinvest. Este análisis fue financiado desde la Presidencia de la República por $40 millones.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de protección presentado por la ONG Terram en contra de la construcción de la planta de celulosa de Mariquina. La acción legal estaba dirigida hacia cuestionar el actuar de la Comisión Regional de Medioambiente frente a este tema. Ahora, no hay oposición.
Fue entregado el informe elaborado por la Universidad Austral de Chile para la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2019. El intendente Iván Flores recibió el documento, el cual ahora deberá ser aprobado por el Consejo Regional de Los Ríos. Se trata de una carta de navegación para orientar las decisiones políticas sobre desarrollo.
Después de un año de marcha blanca, el próximo lunes 1 de abril entrará en plena vigencia en el país la Ley de Inclusión Laboral, que busca incentivar la contratación de personas con discapacidad en empresas de diferente tamaño. Hasta ahora solamente se establecía para aquellas entidades que cuenten con más de 200 trabajadores, pero desde este nuevo plazo, la idea es ampliar hacia otras instituciones. La meta es llegar a que, al menos, un 1% de los equipos sean funcionarios con capacidades diferentes.
De ese modo se busca reducir brechas de inequidades y también ayudar a las situaciones económicas, pues solamente uno que cada cinco adultos que vive esta realidad cuenta con un empleo remunerado, con todas las limitaciones que ello implica.
El tema es importante en Los Ríos, pues un 19,5% de la población mayor de 2 años de edad de la región tiene algún grado de discapacidad. Y entre los adultos (mayores de 18 años), la mayoría son mujeres y un 14,3% registra discapacidad severa (Senadis, 2015).
Sin embargo, pese a la necesidad que existe, no ha sido sencillo cumplir con esta norma a nivel local. Hasta octubre del año pasado, cuando se dieron a conocer las últimas cifras oficiales registradas al respecto, solamente 56 personas en esta condición habían sido contratadas en alguna entidad regional. Ahora (de acuerdo a la proyección gubernamental) se trataría de llegar a cerca de 200, antes de que termine el año.
Es de esperar que así suceda. Pero lograrlo implica que muchas instituciones de la región puedan colaborar y comprender la importancia de la inclusión.
Sobre todo es necesario que disminuyan barreras como la falta de estudios formales que presenta este grupo, la escasa capacitación en oficios, el miedo propio y de sus familias; el desconocimiento de los pares, los espacios poco amigables. Todos esos factores juegan en contra de una incorporación laboral efectiva y para enfrentarlos se requiere de esfuerzos comunitarios.
La legislación está vigente y es un paso poderoso, que desde el lunes se amplía aún más. Sin embargo no basta. Ahora es preciso contribuir para un cambio cultural que realmente abra oportunidades.
No cabe duda que una de las necesidades más recurrentes para las familias chilenas es poder vivir en paz, sin miedo y libres de flagelos como el narcotráfico, robos, terrorismo, y todo tipo de delincuencia. Es por ello que nuestro Gobierno ha dado muestras claras que la Seguridad Pública es uno de los ejes principales en lo que ha basado su gestión el Presidente Sebastián Piñera.
Este viernes nuestro Gobierno ingresó al Congreso el proyecto que amplía las atribuciones policiales en el control de identidad preventivo. Con esto damos un paso más en hacer de Chile un país más seguro, además regulamos de forma clara dichos controles para resguardar el respeto y la seguridad de los funcionarios policiales y de los ciudadanos que sean sometidos a este control.
Cabe señalar que este proyecto modifica tres cuerpos legales, como lo son; el Artículo 85 del Código Procesal Penal, el Artículo 12 de la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, y una modificación a la Ley de Tránsito.
Respecto a los menores de edad, tema que ha sido motivo de polémica en las últimas semanas, es necesario precisar algunos puntos.
Los mayores de 14 años, que ya tienen responsabilidad penal, podrán ser sometidos al control preventivo. No obstante, sólo los mayores de 18 años podrán ser revisados en sus vestimentas de manera superficial y por un funcionario del mismo sexo, siempre explicándole las razones fundadas de dicha acción.
Estamos seguros que este proyecto cumple con el mandato ciudadano que hemos recibido como Gobierno, de otorgar seguridad a todos por igual a lo largo y ancho del país.
En nuestra región de Los Ríos, hemos avanzado mucho en materia de seguridad ciudadana, pero eso no basta, debemos seguir trabajando juntos por erradicar todo tipo de delitos de nuestro territorio.
Los invito a conocer y apoyar este proyecto, el que estoy seguro que será discutido con altura de miras y siempre velando por el bien superior, que es el bienestar de la ciudadanía que no pierde la esperanza de vivir en un país más seguro.
César Asenjo
Intendente de Los Ríos