La plataforma de arriendos Airbnb descartó ayer cualquier responsabilidad de su parte en la muerte por inhalación de monóxido de carbono de seis turistas brasileños que habían arrendado un departamento en el centro de Santiago.

Si bien la firma estadounidense confirmó que el inmueble fue arrendado a través de la aplicación, aclaró que son los anfitriones quienes "deben certificar que siguen las leyes y regulaciones locales" y destacó que en las más de 500 millones de llegadas de viajeros a través de la plataforma "los incidentes negativos son extremadamente raros".

A través de un comunicado, la compañía lamentó el accidente y afirmó que está "siguiendo de cerca la situación y trabajando con urgencia para brindar apoyo a las familias de los huéspedes durante este momento tan difícil".

En cuanto al riesgo de emanación de gases tóxicos, Airbnb aseguró tener un programa que entrega detectores de humo y monóxido de carbono de manera gratuita a los anfitriones que lo soliciten. "Si un huésped reserva un espacio donde el anfitrión aún no reportó tener detectores de humo o monóxido de carbono, la plataforma Airbnb indicará esto al huésped para que estén al tanto y puedan tomar las precauciones necesarias", señaló.

Por su parte, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) también lamentó el incidente e hizo un llamado a las autoridades a regular la oferta informal de alojamiento. En un comunicado, el presidente de Fedetur, Ricardo Margulis, señaló que "la insistencia del sector para que se regule la oferta informal de alojamiento turístico cobra mayor fuerza tras este trágico episodio".

Margulis enfatizó que "aquí no se trata solo de un tema tributario, sino que hay otros asuntos que se deben abordar, como garantizar la seguridad de los turistas. La oferta informal no está sometida a controles y fiscalizaciones (...) existe un alto riesgo de que hechos de esta naturaleza ocurran. Lo ocurrido nos afecta como sector, ya que el objetivo de esta industria es que los turistas vivan experiencias agradables al visitar nuestro país y no que suceda una situación amarga como esta".

Unas vacaciones que pretendían ser de ensueño terminaron en tragedia. Eso fue lo que le ocurrió a la chilena María Inés Contreras Figueroa, de 68 años, quien acabó con una pierna amputada tras sufrir un accidente durante un paseo en Cancún, México. Hoy, su familia pide ayuda para volver a Chile.

La mujer, oriunda de Arica, viajó junto a sus dos hijos y sus respectivas parejas, con el fin de que estos contrajeran matrimonio en el balneario mexicano. Aprovechando los días previos a la ceremonia decidieron realizar un tour a la Isla Mujeres, el sábado 4 de mayo. Allí comenzó el calvario, cuando un golpe provocado por el movimiento de la embarcación le dejó una lesión en un pie a María Inés.

"Volvíamos, el barco se movió y mi madre dio un paso en falso, golpeándose la pierna derecha. Fue un golpe que provocó una pequeña laceración", contó a radio Bío Bío Fabián Valderrama, uno de sus hijos. Como la lesión era aparentemente leve, la mujer y sus familiares no prestaron mayor atención al hecho.

Pero dos días después, durante la celebración del doble matrimonio, la mujer advirtió la gravedad de la situación. "Cuando estábamos en pleno acto de la ceremonia, cuando la gente se paró para darnos el abrazo, mi madre no se levantaba. Luego se levantó, me abrazó y se puso a llorar", agregó Fabián.

La llevaron a un centro médico donde le diagnosticaron "traumatismo por un esguince", la enyesaron y enviaron de vuelta al hotel, pero al día siguiente el dolor había aumentado y el pie se veía peor, por lo que volvieron al centro asistencial. Allí la derivaron a un hospital con mayores recursos.

Sin embargo, los gastos superaban la cobertura del seguro de viaje, por lo que ellos debieron contratar una ambulancia para trasladar a la mujer al Hospital Galenia de Cancún. Tras una serie de reclamos ante la aparente ineficiencia del personal del hospital, María Inés fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, la falta de un cirujano obligó a la familia a costear el traslado y consulta de un especialista externo al recinto. "El miércoles 8 vinimos al hospital y nos encontramos con nuestra madre muriéndose, tenía dificultad para respirar y la presión por los suelos", detalló su hijo.

En coma

Debido a que tuvieron problemas con el seguro, debieron pagar 12,5 millones de pesos chilenos correspondientes a los días de hospitalización y exámenes que le practicaron a su madre, pero la mujer empeoró y tuvieron que llevarla a un tercer recinto asistencial, el Hospital General de la ciudad.

Allí, el médico diagnosticó una septicemia y un shock séptico. La única solución era amputarle la pierna o la infección avanzaría y pondría en riesgo su vida. Los hijos autorizaron el procedimiento.

La mujer se encuentra internada allí desde entonces, en coma y con una falla multisistémica. La familia ruega por un milagro para que se recupere. Los hijos de María Inés prácticamente viven en el hospital, pues al no contar con más recursos económicos estarían durmiendo en el suelo del recinto.

Sin cobertura del seguro, ni cupo en sus tarjetas de crédito, y sin la posibilidad de continuar el tratamiento allá, la familia de María Inés decidió hacer pública su historia para solicitar cualquier tipo de ayuda, ya sea del Gobierno chileno o de particulares.

"Mis hijos están allá abandonados, porque les pasó una desgracia. Lo único que le pido al Gobierno y a las autoridades de Chile es que quiero a mi señora en Chile", dijo en Arica Manuel Valderrama, esposo de María Inés.