El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, intervino ayer en la controversia generada entre el Poder Judicial y fiscales, luego que el Gobierno anunciara que impulsará un observatorio judicial para analizar la manera en que los jueces dictan sentencia.

El fiscalizador valoró la información pública que proporciona actualmente la Corte Suprema tanto en su sitio web como en los veredictos que les hace llegar a su entidad.

El contralor recordó además que la página web del Poder Judicial ha sido premiada a nivel continental por el Centro de Justicia de las Américas por la calidad de los antecedentes públicos que ofrece.

Mendoza también habló sobre los cuestionamientos que han hecho jueces y fiscales en los últimos días, que advierten que un sistema de este tipo sería "inconstitucional" y una "intervención" de un poder del Estado sobre otro.

El contralor comentó que "profundizar esa información, sacar una derivada, integrales o consecuencias de esa información (proporcionada por los tribunales) le corresponde esencialmente a los centros de estudio y centros de pensamiento", pero agregó que si el Estado no "tiene una jurisdicción, sino las competencias para hacerlo, yo creo que no tiene problemas".

Mendoza agregó que ellos sólo analizarán el fondo de la propuesta y la ponderarán si se concreta el anuncio del Ejecutivo, que el martes aseguró que contratará a una universidad vía licitación o compra pública para que lo realice de forma piloto.

La iniciativa surgió de una de las propuestas de la candidata oficialista Evelyn Matthei, que ayer acudió al Centro de Justicia a defenderla de las críticas. Esto, porque según su análisis los magistrados son los principales responsables de los problemas de delincuencia que afectan al país, y no el Gobierno.

"Solamente un mal juez podría estar dispuesto a esconderse detrás de la falta de información de la ciudadanía", afirmó.

En el Centro de Justicia la candidata fue confrontada por trabajadores del Ministerio Público, que reclamaron por la carencia de recursos, problemas de dotación, infraestructura y de capacitación.

El Presidente Sebastián Piñera aseguró que la propuesta no es una intervención en el Poder Judicial, pero consideró que la exposición pública ayudará a mejorar su trabajo. "Muchas veces los jueces se olvidan de los derechos de la gente inocente", afirmó.

Desde el comando de la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, sus voceros afirmaron que la anunciada medida es "antojadiza y bastante poco preparada".

"La delincuencia no se acaba con leyes de última hora ni con observatorios (...) El Gobierno no va a avanzar en 120 días con un observatorio en un tema en que ya fracasó", dijo Javiera Blanco, ex directora de la fundación Paz Ciudadana.

Mendoza: no ha habido intervencionismo

El contralor afirmó que en las causas presentadas hasta el momento no han advertido la existencia de intervencionismo electoral en las actuaciones de las autoridades gubernamentales, como reclama permanentemente la oposición. Ramiro Mendoza dijo que el intervencionismo tiene "un acotamiento más bien relativo al uso del tiempo y de los recursos públicos" y reconoció que el Presidente de la República tiene derecho a comentar la coyuntura política. "Ahora, si en ese comentario usa recursos públicos estamos en un problema", añadió.

El Senado aprobó ayer por 22 votos a favor y dos abstenciones la ley que pretende regular y transparentar el ejercicio del lobby en las decisiones públicas, aunque determinó que cinco de sus materias sean revisadas por una comisión mixta para llegar a un consenso.

En particular, se acordó revisar los artículos referentes al registro de lobbystas formal y habilitantes; que sea el Consejo de la Transparencia y no la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) quien fiscalice y sistematice la información de los registros de audiencias; regular los reglamentos de la ley con mayor precisión y revisar las sanciones. Además, se dejó abierta la posibilidad de discutir la prohibición de que lobbystas financien campañas políticas.

Pese a la revisión pendiente, el jefe de la Segpres, Christian Larroulet, calificó la aprobación como "histórica", dados los diez años de tramitación.

El proyecto establece que ciertas autoridades o funcionarios deberán registrar en sus sitios web de transparencia activa la información de las audiencias y reuniones sostenidas con quienes realicen lobby y gestionen intereses particulares.

Además, deben publicar los viajes realizados, con el destino, objetivo, costo y la persona jurídica o natural que lo financió; y la información completa sobre los donativos oficiales y protocolares que reciban.

La iniciativa establece sanciones para autoridades o funcionarios que no registren la información o falseen datos; y multa con 10 a 50 UTM a quienes soliciten reunión o audiencia y omitan información o mientan.

Ruiz-Esquide y Larraín se abstuvieron

Dos senadores se abstuvieron de aprobar la ley: el DC Mariano Ruiz-Esquide y el RN Carlos Larraín. El primero dijo que es contrario a cualquier forma de lobby, pero está seguro que éste ni otros proyectos han sido los suficientemente fuertes para enfrentarlo. Larraín Peña afirmó que la norma no se condice con la realidad e impedirá a las autoridades ejercer sus cargos. Avizoró que el proyecto no terminará con el tráfico de influencias y defendió las conversaciones con sus representados.

El candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, presentó ayer una propuesta para reducir la deuda que mantienen más de 400 mil jóvenes que estudian con crédito, que según él deben US$ 2.900 millones.

El ex diputado propuso un Crédito con Aval del Estado (CAE) "a tasa cero, para todos los alumnos, para todas las universidades acreditadas", labor que él le endosaría al Banco Estado.

Enríquez-Ominami dijo que "la educación pública y gratuita debe ser la urgencia de Chile", pero aclaró que su planteamiento apunta a los que ya están endeudados, por lo que "queremos condonar un tercio de la deuda actual de los estudiantes, usando el 5% del Fondo de Estabilización Económica y Social -que alcanza los US$ 20.000 millones- y de los US$ 5.000 millones acumulados y no utilizados de la Ley Reservada del Cobre". Agregó que a quienes sigan estudiando o estén en proceso de titulación o posgrado, y ya pagaron su deuda vía crédito, éste se recalculará con una tasa de interés cero.

El candidato presidencial independiente Franco Parisi aseguró ayer en una entrevista a radio Cooperativa que tiene encuestas que lo posicionarían en segundo lugar en la carrera a La Moneda, por sobre la carta oficialista Evelyn Matthei.

El economista se negó a entregar la fuente de esos sondeos, pero añadió que supera por dos puntos a la ex ministra y que pasará a segunda vuelta. "Tenemos que dejar atrás a esta derecha que lo único que ha hecho hasta ahora ha sido pelear, pelear, pelear. Nosotros queremos propuestas, propuestas, propuestas", dijo.

Parisi afirmó que Chile "necesita más Estado", con superintendencias más poderosas y efectivas en la defensa de las personas.

El economista afirmó que él también respalda la educación universitaria gratuita para todos, incluyendo a las instituciones privadas que cumplan "con ciertos requisitos", como la elección democrática de rectores y decanos, acorten las carreras, y tengan cursos en línea.