La vocera del comando de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, ingresó ayer en la Contraloría General de la República una denuncia por supuesto intervencionismo electoral, entregando un total de 108 casos de parlamentarios y candidatos de la Alianza que habrían sido detectados participando en la entrega de diversos beneficios públicos.

Debido a la ausencia del contralor, Ramiro Mendoza, los antecedentes fueron puestos en manos de su jefa de gabinete, Alicia de la Cruz, y en ellos se detalla que en las ceremonias de entrega de Fondos Sociales Presidente de la República, subsidios habitacionales y fondos como Sence y Sercotec no se contó con la presencia de ninguna autoridad del pacto opositor Nueva Mayoría.

"Los 108 casos que hemos encontrado de intervencionismo de distinta naturaleza, la verdad es que un intervencionismo grave, manifiesto, de distintas autoridades. Estamos hablando de fondos Fosis, de fondos sociales Presidente de la República, de entrega de subsidios habitacionales, de entrega de fondos Cense, Sercotec, Prodemu, distintas entregas que se han hecho en un marco de falta a la probidad", enfatizó la vocera del comando presidencial de la Nueva Mayoría.

Blanco dijo que "se han entregado en actividades públicas con presencia de autoridades de Gobierno, ya sea ministros subsecretarios, seremis, intendentes o gobernadores y con prescindencia absoluta de cualquier autoridad de la Nueva Mayoría o Concertación".

La vocera reafirmó que "en estos casos ha habido una falta abierta a la probidad administrativa que ha señalado la Contraloría en sus distintos instructivos, que justamente cuando una autoridad en el ejercicio de sus funciones entrega fondos o realiza estas actividades lo debe hacer de manera transversal, invitando a todos los parlamentarios y candidatos".

Matthei acusa "victimización"

La candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, se refirió a las acusaciones de supuesto intervencionismo electoral contra el Gobierno desde la oposición, y afirmó que Bachelet "se ha victimizado". "Una persona que aspira a la Presidencia no puede victimizarse, tiene que ser líder, tener la fuerza y el coraje para solucionar los problemas de las personas", enfatizó.

Con el 84,5% de los votos, los funcionarios municipales decidieron rechazar ayer la propuesta del Gobierno que buscaba deponer el paro nacional que se extiende por más de tres semanas y con el que los trabajadores buscan, entre otras demandas, homologar sus asignaciones con las de los empleados fiscales.

Así lo anunció el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), Oscar Yáñez, quien subrayó que "la fuerza que le ha colocado el Gobierno no es suficiente para los trabajadores y trabajadoras municipales, por lo que continuamos con este paro indefinido", y recalcó que esta vez será sin turnos éticos.

El dirigente detalló que la propuesta fue rechazada por un 84,5% de los trabajadores y y aprobada por un 15,5%.

El documento, de cinco puntos, fue elaborado la noche del jueves entre los dirigentes de la Asemuch y el Ejecutivo, y ayer fue sometido a votación de las bases a nivel nacional.

Yáñez indicó, sin embargo, que están disponibles para reunirse con los alcaldes y el Gobierno y que no han acotado el diálogo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, lamentó la decisión tomada por los funcionarios, aseverando que "el Gobierno ha mantenido una permanente actitud de diálogo, buscando con la mejor voluntad alcanzar los acuerdos y en forma responsable nos permitan terminar con esta paralización que ha causado un grave daño la ciudadanía".

Añadió que "ha sido este Gobierno el que cumplió con un anhelo histórico de los trabajadores municipales, como fue realizar la equivalencia entre los sueldos base de los trabajadores fiscales y los trabajadores municipales".

También rechazó los "procedimientos" con los que se ha llevado adelante este paro y las consecuencias que ésta ha traído, como la acumulación de basura en algunas comunas (que resultó en el decreto de alerta sanitaria en Valparaíso) y la falta de distribución de agua.

A primera hora de ayer, el Presidente Sebastián Piñera convocó a un comité político extraordinario para tratar la movilización de los funcionarios municipales, que comenzó el 21 de octubre pasado.

Si bien estas citas se realizan regularmente los lunes en la mañana y los jueves en la tarde, el Mandatario decidió suspender su gira por el norte para acelerar un acuerdo con el sector y evitar que afecte a las elecciones del próximo 17 de noviembre.

En la cita participaron los ministros Andrés Chadwick, Cristián Larroulet (Segpres) y Cecilia Pérez (Segegob), además del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores.

Más tarde, el ministro Chadwick se reunió con los líderes de las dos asociaciones de municipalidades del país, con el objetivo de avanzar en la solución del conflicto.

Los primeros en pasar al despacho del jefe de gabinete fueron los ediles de la Asociación Chilena de Municipalidades, que agrupa a los alcaldes opositores, quienes le plantearon al secretario de Estado la necesidad de que la homologación de las asignaciones que piden los empleados con las que reciben los del fisco sea financiada con recursos permanentes a través del Presupuesto.

Tras la cita, el presidente de dicha agrupación, el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo (PPD), aseguró que las mejoras salariales planteadas por los funcionarios son "legítimas y justas", e informó que junto a Chadwick acordaron que tres de las cuatro demandas de los trabajadores van a ser materia de una mesa de trabajo que iniciará su trabajo en los próximos diez días, debido a su carácter legislativo.

El paro municipal, que se extiende por más de tres semanas, tiene como fin exigir homologar, en un plazo de dos años, las asignaciones del sector con las de los funcionarios del Gobierno Central.

Sector público depone movilización

La mesa del sector público anunció ayer que se depone el paro que comenzó el jueves en demanda de una negociación con el Gobierno antes de las elecciones, por el reajuste a los trabajadores. La decisión fue tomada luego de que dirigentes se reunieran con asesores del Ministerio de Hacienda, donde el Gobierno se comprometió a restablecer una agenda de trabajo con la intención de que antes del 17 de noviembre ya haya un monto definido de reajuste.