¿Por quién votar?
...el embarazo juvenil es creciente y también causa alta deserción escolar, cuando la madre no cuenta con apoyo para seguir estudiando. Y la locomoción es, sin duda, una ayuda......la transparencia obliga moralmente a los candidatos a exponer, con claridad sus ejes programáticos...
Estamos ya a pocos días de las elecciones presidenciales, parlamentarias (senadores y diputados, en nuestra Región) y, por primera vez también, consejeros regionales.
Será el día 17 de noviembre una fecha histórica, por ello es importante redescubrir la responsabilidad moral que a cada uno cabe en el acto eleccionario al que estamos convocados e iluminar la propia conciencia para lograr un verdadero discernimiento cristiano a favor de una sociedad más justa y solidaria, con atención especial a los más pobres.
El carácter político y jurídico de este proceso entraña un comportamiento moral. Es de justicia que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con una exigible información de sus aptitudes, realizaciones y proyectos. Un deber de transparencia obliga moralmente a los candidatos a exponer, con claridad, los ejes programáticos de su gestión, en el evento de resultar elegidos. Un deber de coherencia les obligará, más tarde, a cumplir lo que prometieron y aseguraron poder hacer. En los programas de los candidatos se contienen temas técnicos, tras los cuales subyacen temas valóricos, como vida, familia, educación, libertad, equidad, seguridad, etc., información que en conciencia el elector debe conocer.
Se debe tener presente que la semejanza en los contenidos no autoriza a pensar que da lo mismo quién resulte elegido: un voto informado será el resultado de una conciencia de responsabilidad ciudadana que sabe ponderar trayectoria, capacidad de liderazgo, compromisos ideológicos, sustentabilidad política, fortaleza ética en las personas y opciones sometidas al escrutinio electoral.
También ha de ser minucioso el examen de las omisiones y de las ambigüedades programáticas, en materias que la conciencia del elector valora como fundamento.
El cometido de las autoridades, constitucionalmente responsables del proceso eleccionario, ha de ser y parecer irreprochable, pues allí está en juego la credibilidad y con ella la legitimidad de un procedimiento decisivo en el ejercicio de la democracia.