Uno de los principales problemas de seguridad que afecta al mundo rural en la región de Los Ríos es el abigeato, un delito que daña severamente el patrimonio de los pequeños productores y que aumenta especialmente en estos meses, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año.

Una forma de enfrentar el problema es regularizar el registro de animales y sus movimientos, tal como lo estipula el Servicio Agrícola y Ganadero a través de su programa de trazabilidad o rastreabilidad, el cual permite mantener identificado al ganado y detectar rápidamente las posibles irregularidades de comercialización y traslado.

El procedimiento consiste básicamente en identificar a los animales (cifras, ubicación geográfica, propietario), determinar su origen e historia, para conocer con exactitud su procedencia y así poder protegerlos de mejor manera, en caso de robo.

Esta es una utilidad práctica de la norma, pero su objetivo primordial es también ser una garantía sanitaria de este rubro, para mantener ubicados a los animales a lo largo de toda la cadena de producción, comercialización, transformación y llegada a los mercados. De ese modo se puede rastrear posibles problemas o enfermedades de los animales y corregirlos a tiempo.

En otras palabras, la trazabilidad permite a un consumidor saber exactamente la procedencia de aquello que está comprando. Esta seguridad es básica para la exportación, pues es medios exigentes, se valora la inocuidad y la producción limpia.

Para el mercado interno también resulta importante y, por lo mismo, es que el Sag regional aplica las normas de trazabilidad desde 2005, logrando que hoy esté disponible información sobre la mayoría del ganado local desde su nacimiento hasta su faenación, a través del Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO). Para reforzarlas, el Servicio se encuentra en campaña para mantener y aumentar el registro obligatorio de predios por medio del Rol Único Pecuario (RUP). En una región con alta actividad agrícola como la nuestra, estos temas deben ser difundidos y apoyados por la comunidad.

Los conflictos laborales se han tomado una parte importante de la agenda nacional de 2013. Esto no es nuevo. Es más, para algunos, Chile pareciera estar condenado a sostener (y padecer) relaciones laborales marcadas por desconfianza mutua entre sus dos actores más relevantes. La inestabilidad que genera la desconfianza, ciertamente afecta la sustentabilidad. Paradojalmente, en nuestro país la sindicalización sigue siendo minoritaria, alcanzando menos de un 15% de la fuerza de trabajo "con potencial de sindicalización". En este escenario, cabe hacerse la pregunta: ¿Es beneficioso para las empresas que la afiliación sindical siga en niveles tan bajos? ¿Podemos esperar que en este modelo de relaciones laborales, en que la sindicalización se concentra en unos pocos sectores, la conflictividad se atenúe? Por más intuitiva que aparezca dicha conclusión, los hechos no parecen respaldarla. Si observamos las cifras que maneja la Dirección del Trabajo en su Compendio de Series Estadísticas, desde el año 2000 al 2012, vemos que el número de trabajadores involucrados en huelgas se ha más que duplicado (de 13.000 en el año 2000 a 30.000 en 2012), que la duración promedio de los paros se ha extendido (de 9 a 12 días) y que el costo para la empresa (días/personas) ha aumentado en un 120%.

Uno podría plantear como hipótesis que la sindicalización "selectiva" imperante hoy es más propicia para la conflictividad, dado que deja fuera a los sectores más moderados. Y que por el contrario, expandir las bases sindicales fortalece los mecanismos de competencia por asumir cargos directivos. Esa debiera ser una clave para mejorar los niveles de profesionalización de la actividad sindical.

En este sentido, cabe destacar la visión de Lorenzo Constans, cuando ejercía la presidencia de la CPC, que lo llevó a firmar un "acuerdo de voluntades" con la CUT, el año 2012. En ese acuerdo se reconocía la negociación colectiva como "la principal herramienta a través de la cual se canaliza el diálogo social entre trabajadores y empleadores". Dicho texto ha sido ratificado posteriormente por las actuales directivas, confirmando la relevancia de estos criterios para asegurar una mayor estabilidad y armonía en las relaciones laborales.

Por lo tanto, no es impensable - e incluso es deseable - que avancemos hacia un escenario en el que el propio empresariado asuma un rol activo en la promoción de una mayor participación de los trabajadores para estimular relaciones laborales basadas en el diálogo y la cooperación.