Su respaldo a la apertura de sendas investigaciones penales y administrativas por las presuntas irregularidades en que incurrieron dos notarios en la validación de las firmas que permitieron a los independientes Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt convertirse en candidatos presidenciales, entregó ayer el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Armando Arancibia.

El abogado comentó que la comisión de ética de la entidad inició también una revisión del caso, que involucraría a los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera, quienes legalizaron miles de firmas de los abanderados en condiciones presuntamente anómalas, según reveló una investigación de El Mercurio.

"Hay que considerar un cúmulo de factores. Si hay gente involucrada de nuestro sector deben ser juzgados", dijo Arancibia a radio Agricultura.

Las sospechas surgieron luego que el reportaje estableciera que era difícilmente Acharán y Mosquera podrían haber cumplido la exigencia de supervisar en sus notarías las firmas de 17.500 personas que habría ingresado Jocelyn-Holt en un día a la notaría de Acharán; o las más de mil que recibió Mosquera de Parisi, que involucraba a adherentes de ciudades del norte y del sur, en circunstancias que su oficina está en Santiago.

Acharán dijo el lunes que ella envió a sus funcionarios a los sitios de recolección de firmas para certificar la legalidad del proceso, aunque personas que trabajaron en esto han desmentido que alguna vez fueran fiscalizados.

Arancibia reconoció que él ha participado en la legalización de firmas de candidatos en terreno, añadiendo que lo hizo en ferias libres con Marco Enríquez-Ominami en su oportunidad.

El abogado aseguró que se "amerita todas las medidas que se están adaptando". "La idea es que no ocurran más estos hechos y aprender la lección", añadió.

DELITO A INVESTIGAR

Ayer el Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación por oficio, que estará a cargo del fiscal especializado en delitos de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte , Marcelo Carrasco.

El fiscal regional Andrés Montes explicó que el delito que indagarán es si los notarios se delegaron sus funciones, lo que estaría prohibido.

Según el artículo 129 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, "el notario que autorizare la firma o impresión dactiloscópica de un elector, sin exigir su comparecencia personal en el acto de suscripción del patrocinio a una candidatura, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio".

Montes adelantó que posiblemente citen a declarar a la notaria Acharán, quien dijo el lunes a los medios que ella envió a subalternos a verificar el procedimiento de recolección de las firmas.

El Fiscal Nacional Sabas Chahuán defendió la decisión de investigar la denuncia periodística, a pesar de que Jocelyn-Holt dijo en la víspera que era una "sobrerreacción".

"Es la opinión del señor Jocelyn Holt. Nosotros estamos obligados ante cualquier hecho que revista aparentemente caracteres de delito y tenga cierta gravedad, iniciar una investigación criminal, puede ser denuncia o querella o de oficio", aclaró el persecutor.

"La fiscalía estimó que había que dar una señal fuerte en el sentido de que es un delito, que si bien no tiene una penalidad tan alta puede ser grave en términos de connotación. O sea, hay que perseguir todo tipo de delitos que tengan gravedad, como la corrupción, lavado de dinero, y este delito especial de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, también", agregó Chahuán.

El actual presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Milton Juica, respaldó la indagatoria administrativa ordenada por el poder Judicial para pesquisar el trabajo que efectuaron ambos notarios.

El ex presidente del máximo tribunal del país aseguró que hechos de esta naturaleza afectan "la fidelidad y la fe pública". "Y eso en un Estado de Derecho es grave y por lo tanto hay que buscar mecanismos que aseguren que eso no vuelva a ocurrir", añadió.

Juica y el presidente de la DC, Ignacio Walker, coincidieron por separado en la necesidad de impulsar una reforma que le quite esta atribución a las notarías y le arrogue poderes fiscalizadores al Servicio Electoral (Servel).

hitos del procedimiento de inscripción de las candidaturas

Fines de agosto A poco de cumplirse el plazo legal, Parisi y Jocelyn-Holt presentaron ante el Servel las 35.000 firmas exigidas.

Votación del 17 Los 12.636 votos de Jocelyn-Holt llamaron la atención, ya que eran menos de la mitad de las firmas presentadas.

Denuncia Una indagatoria de El Mercurio reveló supuestas anomalías en las firmas que debían certificar las notarías.

Investigación La Corte dispuso que Amanda Valdovinos indague a Gloria Acharán y Carlos Gajardo a Roberto Mosquera.

El Gobierno afirmó ayer que analizará los antecedentes sobre las presuntas irregularidades que permitieron la inscripción de las candidaturas presidenciales de los independientes Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, para decidir si se requiere alguna modificación al sistema, que hoy certifican las notarías.

"Nos parece y vamos a estudiar también si es necesario alguna norma que pueda permitir una mejor fiscalización de lo que sucedió con estas firmas que no fueron debidamente regularizadas. Creemos que ahí podemos dar un paso para que la fiscalización la tengamos previamente y no posteriormente a los actos electorales", dijo ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"En el Gobierno pensamos que tenemos que tener mejores controles previos tratándose de un proceso electoral y eso dice relación más bien con las atribuciones del Servel", añadió. La inscripción de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el país se efectúa ante el Servicio Electoral. Para quienes son independientes, la ley les exige la presentación de cierto número adherentes cuyas firmas tienen que certificadas ante notario.

Debido a las presuntas irregularidades descubiertas por una investigación periodística en las firmas de Jocelyn-Holt y Parisi, que puso en duda la certificación, el Servel respondió que carecía de facultades fiscalizadoras y que su rol se limitaba a pesquisar que los adherentes consignados cumplieran con la exigencia notarial.

Desde el retorno a la democracia, dos candidatura presidenciales han sido bajadas por problemas con las firmas: Fernando Monckeberg, en 1989; y Aucán Huilcamán, el 2005, pero en ambos ascos fue por razones distintas a las notariales.

Chadwick destacó que en el caso actual estén actuando el poder Judicial y el Ministerio Público, que ordenaron el inicio de investigaciones administrativas y penales, respectivamente, por las actuaciones que tuvieron los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera en la revisión de los antecedentes.

Dos reformas

en trámite

El secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, recordó que el Ejecutivo tramita dos proyectos que mejorarían la fiscalización al trabajo notarial. Uno designa funcionarios dedicados a la revisión de su labor, y el otro permite al usuario reclamar ante el Sernac por sus servicios.