El futuro ministro de Defensa, Jorge Burgos, salió ayer al paso a las críticas en contra de Carolina Echeverría, quien será la subsecretaria de las Fuerzas Armadas del Gobierno de Michelle Bachelet, asegurando que ella está comprometida con los derechos humanos.

El respaldo de Burgos llegó luego de que víctimas de violaciones a los derechos humanos pidieran a la nueva autoridad de Gobierno pronunciarse sobre las acusaciones que pesan contra su padre, el coronel (R) del Ejército Víctor Echeverría. Aunque éste nunca ha sido procesado, se le ha relacionado con casos de tortura. Si bien reconoció que "la denuncia es fuerte", el designado ministro consideró complejo pedirle "a una persona que tiene una ligazón tan importante como ser hija de una persona acusada por derechos humanos, que tenga que hacer una declaración que establezca un reproche a su padre".

El diputado DC dijo a radio Cooperativa que "ella, en virtud de la relación que tienen, conoce la historia de su padre y yo presumo que tiene una creencia en la inocencia de su padre. Quienes la conocemos (a Carolina Echeverría) nos consta su compromiso con el reproche más absoluto a la violación de los derechos humanos", enfatizó. Burgos comentó que ha estado en contacto con la subsecretaria.

"Como todo ser humano tiene la afectación de tener una situación en que se involucra al padre en una cosa de esta naturaleza, tan grave (...) eso le pasaría a cualquier persona normal", señaló el futuro ministro.

Mabel González

Con la declaración de cinco testigos de contexto, que describieron ante el tribunal las diferentes perspectivas del temor provocado en la comunidad por lo atentados incendiarios, la Fiscalía concluyó ayer la presentación de pruebas contra el comunero mapuche Celestino Córdova por los dos ataques perpetrados en Vilcún, en uno de los cuales falleció el matrimonio Luchsinger-Mackay.

Entre los testigos estuvieron tres dirigentes gremiales, Gastón Caminondo, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo); José Villagrán, dirigente del gremio de camioneros; y Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial de La Araucanía.

Los tres dirigentes coincidieron, desde sus diferentes puntos de vista, en el temor profundo que enfrenta la comunidad ante eventuales ataques a sus casas.

El primero en pasar al estrado fue José Villagrán, quien declaró que desde 2006 a la fecha, 94 camiones han sido destruidos en ataques incendiarios. "El problema no son los mapuches; son los terroristas", expresó el empresario consignado por SoyTemuco.cl, y añadió que "aquí los tres poderes del Estado han fallado", aludiendo a que los ataques se mantienen sin culpables ni detenidos.

Gastón Caminondo, en tanto, expresó que "el temor antes era que quemaran nuestras propiedades. Después del ataque a la familia Luchsinger, el temor es que acaben con nuestras vidas". Emilio Taladriz, vocero de la Multigremial de La Araucanía y quien también sufrió un atentado a su predio -el fundo Palermo, el 19 de julio de 2012-, también hizo hincapié en que hasta antes del ataque de Vilcún temían sólo por sus bienes. Ahora temen ser expuestos a asesinatos, dijo.

En la jornada declaró, además, Alice Menzel, vecina de la familia Luchsinger. La mujer aseguró que tras el ataque al fundo Granja Lumahue en enero de 2013, sus hijas, presas del pánico, se mudaron a Temuco.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, destacó que se espera que estas declaraciones, como elementos de convicción, sean ponderadas y valoradas por el tribunal con el fin de arribar a un veredicto condenatorio.

Al concluir la presentación de las evidencias de la Fiscalía (con las declaraciones de 26 testigos y 16 peritos), ahora la parte querellante -los abogados del matrimonio Luchsinger-Mackay y de los dueños del fundo Santa Isabel- deberá completar el mismo trámite. Lo mismo hará la defensa de Celestino Córdova. El Ministerio Público pide presidio perpetuo para el imputado por el delito de ataque incendiario terrorista.