Lanquino acusado injustamente de violar a sus hijas exige justicia
Simón Díaz Calderón
La historia del lanquino Gabriel Bernardo Zapata Gallardo, de 31 años, tiene un antes y un después de su permanencia en la cárcel por ocho meses: en la primera parte está la acusación por parte de la Fiscalía de San José de la Mariquina por el supuesto abuso sexual de sus hijas de 5 y 7 años y, posteriormente, los peritajes que concluyeron que era inocente de los cargos que se le imputaban y por lo mismo absuelto, liberado de prisión y ahora pidiendo justicia.
El hecho se produjo en mayo de 2010 cuando la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI concretó una orden del Ministerio Público que exigía que Zapata Gallardo fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San José para ser formalizado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de su hija menor de 5 años.
Según el afectado "en ese entonces el tribunal dispuso mi prisión preventiva y otorgó un plazo de 120 días para que el fiscal Alejandro Ríos ordene las investigaciones pertinentes."
"Producto de aquello tuve que pasar ocho meses en la cárcel, tiempo en que hasta pensé en quitarme la vida, debido a que el daño a mi imagen, a mi familia y a todos mis seres queridos había sido demasiado grande por un crimen que yo en ningún momento cometí".
Al respecto la esposa del acusado injustamente, Soledad Norambuena, precisó que la acusación se produjo cuando ella junto a su marido querían interponer una demanda contra una parvularia del jardín de la menor, quien realizaba tocaciones a la niña".
"Mi hija nos contó que en el jardín una tía se la llevaba al baño para besarla y tocarle todas las partes íntimas de su cuerpo, a raíz de eso fuimos al hospital a hacer la denuncia y que le hicieran un examen ginecológico", señaló la mujer.
Luego de eso el personal del centro asistencial derivó los resultados a la fiscalía, quienes días más tarde interrogaron a todas las partes involucradas.
Según Norambuena "durante las entrevistas el fiscal de la San José de la Mariquina entendió mal la demanda y mantuvo una conversación a solas con la niña y sin ningún especialista como lo dispone la ley, tras lo cual consideró que el principal implicado en este caso no era la profesora sino el padre de la niña".
Este hecho originó una orden de allanamiento a la casa de familia, donde la policía constató supuestas violaciones, no sólo a la menor de las hermanas sino también a la otra hija de siete años.
A partir de todos estos antecedentes, Soledad Norambuena sostiene que "los estudios de la policía eran totalmente falsos y así quedó de manifiesto en enero de este año ya quela misma fiscalía recibió el resultado de los estudios correspondientes y se constató que ambas niñas no tenían signos de abuso sexual y que faltaban antecedentes para poder culpar a mi marido por lo cual se dejó en condena absolutoria".
Con esto y a pesar de la tranquilidad de tener a su esposo en casa, la misma mujer señala que "esta situación no se puede volver a repetir, puesto que demuestra las enormes negligencias que existen en el sistema jurídico nacional y en la labor de la fiscalía, las que podrían afectar a otras familias".