Apoyo del entorno es clave para frenar la violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar, también conocida como VIF, es un fenómeno que no distingue clases sociales y que perturba tanto la libertad de las víctimas como su dignidad.
Un niño que constantemente recibe un trato ofensivo de sus padres, un adulto mayor abandonado,una mujer o un hombre golpeados por sus parejas son algunas de las conductas que se enmarcan en la VIF.
En nuestro país existe una ley especial para prevenirla y combatirla, la ley 20.066, que establece que la violencia intrafamiliar es todo tipo de maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de una persona, cuando es causada por alguien de su grupo familiar.
Esta ley establece que los actos de VIF serán conocidos por los Juzgados de Familia cuando no constituyan delito -por ejemplo, la violencia verbal que se produce por primera vez-, mientras que serán investigados por la Fiscalía cuando los hechos sí configuren un delito.
Para enfrentar este tipo de delitos, la Fiscalía cuenta con una Unidad Especializada a nivel central y con un equipo de 83 fiscales que indagan causas de VIF, distribuidos en todo el país.
En Valdivia, la fiscal especializada en investigar delitos de violencia intrafamiliar es la abogada Patricia Ibarra Pooley, quien trabaja en conjunto con la abogada asistente de fiscal Andrea Paredes y con el técnico jurídico Cristian Kachele.
La fiscal Ibarra explica que la violencia intrafamiliar suele producirse en el interior del hogar y muchas veces se mantiene en secreto, por lo que es necesario que los hechos de este tipo sean denunciados para que no continúen. En este sentido, indicó que el apoyo del entorno más cercano de una víctima es fundamental para ponerle freno a los malos tratos.
"Muchas veces las víctimas no tienen herramientas emocionales o económicas para hacer frente a la situación que están viviendo y por ello es importante el apoyo de sus familiares cercanos, de sus amigos o vecinos, para que la ayuden a hacer la denuncia y así eviten que las agresiones continúen", afirma.
Añade que existen muchos casos que no se denuncian porque las víctimas no quieren comprometer su imagen debido a la publicidad de las audiencias, sienten vergüenza o tienen dependencia afectiva o económica con el agresor. "Por eso es que cobra mucha relevancia el apoyo familiar o del entorno más cercano. He visto muchos casos en Valdivia en que quienes pudieron hacer la denuncia no la efectuaron, y luego tuvieron que lamentar las consecuencias", sostuvo.
Las denuncias pueden presentarse en los cuarteles de Carabineros o de la PDI, en las Fiscalías Locales o en los tribunales de Justicia. También se pueden realizar de forma anónima llamando al número 149, correspondiente al fono familia de Carabineros.
En cuanto la Fiscalía recibe una denuncia por violencia intrafamiliar, se activa un Plan de Intervención Inmediata que tiene por objetivo aplicarle una encuesta a la víctima para evaluar el riesgo al que está expuesta y determinar si es necesario entregarle alguna medida de protección que resguarde su seguridad.
Las medidas de protección que puede otorgar la Fiscalía en favor de una víctima son proporcionarle un número de contacto telefónico prioritario con Carabineros, rondas policiales a su domicilio, un celular temporal de emergencia, alarmas personales o reforzar la seguridad de su domicilio. Si la víctima es mujer y está en un alto riesgo de ser agredida nuevamente por su pareja o ex pareja, puede ser ubicada junto con sus hijos en una casa de acogida del Sernam, o ser cambiada temporal o definitivamente de domicilio.
La ley 20.066 además contempla otras herramientas para evitar que los hechos de violencia intrafamiliar se repitan. La fiscal Patricia Ibarra cuenta que esta ley aumenta en un grado las penas de los delitos que se cometen en contexto de VIF y establece penas accesorias a los condenados, como por ejemplo la obligación de que haga abandono del hogar que comparte con la víctima o de efectuarse un tratamiento (de alcoholismo o control de impulsos, por ejemplo), además de la prohibición de acercarse a la víctima y su domicilio y de tener y portar armas de fuego.
"Si el imputado no cumple con estas medidas, puede ser detenido o arrestado por 15 días y además comete el delito de desacato, por el que puede ser nuevamente condenado", puntualiza la fiscal.
Una de las dificultades a las que se enfrenta la Fiscalía para probar un delito de VIF ante un tribunal y lograr la condena del imputado es la retractación, que es cuando la víctima cambia su versión de los hechos o decide no declarar en un juicio, para proteger al agresor.
"Es frecuente que los imputados den señales de arrepentimiento y prometan que no volverán a ser agresivos, logrando reconciliarse con la víctima. Pero hay que tener en cuenta que este cambio de actitud está motivado por el temor a perder a su pareja o a sus hijos o a ser condenado, y no obedece a un cambio verdadero, por lo que luego de un tiempo vuelven a cometer actos de violencia intrafamiliar", relata la fiscal.
Por ello, recomienda que el entorno de la víctima se preocupe de apoyarla y levantar su autoestima, para que sienta que es posible seguir adelante por sus propios medios.
Además, existe una red estatal de atención a víctimas de VIF que se activa cuando se presenta una denuncia y a través de la cual las personas afectadas pueden recibir apoyo psicológico y social.