Juan Vargas Oñate

Entre 10 y 12 años de cárcel pedirá como condena el fiscal Sergio Fuentes de Río Bueno, para los seis comuneros procesados por el incendio que destruyó una vivienda en el fundo Pisú Pisué, en enero de 2013.

La petición se hará en el juicio oral en contra de Fénix Delgado Ahumada, Cristián García Quintul y Francisco Jones Huala, de nacionalidad argentina, quienes al término de la investigación fueron sindicados como los autores directos del siniestro a la casa del cuidador del fundo, que habitaban seis adultos y cuatro menores, entre ellos un lactante de seis meses.

En contra de los machis Tito Cañulef y Millaray Huichalaf y el comunero Daniel Bahamondes, la demanda de penas será hasta cinco años de cárcel, acusados de encubrir el hecho, y en el caso del argentino Jones Huala, también penas adicionales por los cargos de tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal y municiones, y además, por infringir la Ley de Extranjería, por haber ingresado al país de forma clandestina.

El fiscal Fuentes señaló que su acusación se basa en los antecedentes reunidos en la investigación, a partir del 9 de enero de 2013, a las 23 horas, cuando ocurrieron los hechos.

"Los acusados -sostiene el fiscal- obligaron a la familia a salir de la vivienda, maniataron a los hombres adultos y la rociaron con acelerante, para enseguida prenderle fuego, resultando totalmente destruida. Luego se dieron a la fuga, disparando al aire y llevándose los celulares de los moradores".

Los seis comuneros fueron detenidos posteriormente el 30 de enero, cuando estaban reunidos en la casa de la machi Millaray Huichalaf.

En ese lugar, la policía incautó el arma, balas, una pistola a fogueo, equipos de comunicaciones, ropa de camuflaje y botas tipo militar.

El tribunal de Río Bueno debe fijar ahora fecha para la audiencia de preparación.

El defensor público Luis Soto, quien representa a Fénix Delgado, Francisco Huala y al machi Tito Cañulef , dijo que la única certeza que hay es que el incendio ocurrió en enero de 2013, N o obstante, aseguró, "la investigación fiscal, no cuenta con antecedentes que establezcan la participación de los imputados, porque la indagatoria no ha arrojado ninguna prueba concluyente que acredite su participación".